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M. G. DALGALARRANDO Y R. CHÁVEZ
Que todos los alumnos de los tres quintiles socioeconómicos más pobres del país puedan estudiar una carrera universitaria o técnica, sin importar si tienen o no los recursos para hacerlo.
La idea es garantizar el acceso a la educación superior a los alumnos más desfavorecidos. Si eso implica que el Estado deberá poner de su bolsillo y hacer gratuita la enseñanza, la posibilidad está abierta.
Esta es una de las propuestas más importantes elaboradas por el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior que ayer, tras un año de trabajo desde su conformación, entregó su informe final a la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda.
Luego de reunirse con 14 de los 27 miembros del comité y recibir de manos del presidente de la comisión, Carlos Peña, el informe de más de 500 páginas, la Mandataria destacó como una de las prioridades del Estado la necesidad de que los sectores más desfavorecidos accedan a esta enseñanza.
"El planteamiento es que ojalá que en este país los tres primeros quintiles pudieran tener acceso a la educación superior de manera asegurada. Se plantean distintos mecanismos para lograrlo", explicó Bachelet.
En el documento se proponen dos opciones. Una solución es crear un sistema de acceso garantizado y gratuito a la educación superior para los estudiantes de los tres primeros quintiles de ingreso socioeconómico bajo.
La otra fórmula es que el actual Fondo Solidario -crédito que beneficia a más de 130 mil estudiantes- se transforme en beca y que el crédito con aval del Estado, que obtienen 41 mil alumnos, se generalice como el único sistema de créditos universitarios.
Actualmente, el primero tiene una tasa de interés anual más baja (2%) y sólo lo obtienen los estudiantes de universidades tradicionales, a diferencia del con aval del Estado, que tiene una tasa más alta (6,1%) y pueden optar a él alumnos de universidades privadas y tradicionales, centros de formación técnica e institutos profesionales.
"El Estado debiera igualar los costos de los créditos, porque no es razonable que estudiantes igualmente pobres, a la hora de acceder a la universidad, tengan un tratamiento distinto", explicó Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales.
Hoy estudian en la educación superior -compuesta por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica- más de 690 mil jóvenes.
En 2007, el total de alumnos con becas y créditos del Estado alcanzó los 233 mil.
En tanto, los estudiantes provenientes de los tres quintiles más pobres beneficiados por el Ministerio de Educación al ingresar a sus carreras apenas superaron los 51 mil.
Las reacciones del Consejo Asesor
CARLOS PEÑA
Pdte. Consejo Asesor
"Es imposible tener un sistema de educación en que la ley establezca que las universidades son sin fines de lucro, pero todos toleramos que manifiesten este interés. Algunos creen que el Estado debe fiscalizar más y no tolerar las simulaciones que existen. Otros quieren reconocerlo, hacerlo transparente y fiscalizar".
JUAN ZOLEZZI
Presidente Consorcio de Universidades Estatales
"Lo importante es que se favorece a la educación superior y a los sectores que tienen talento y no cuentan con los recursos. A lo mejor no va a ser una solución de golpe, sino que irá creciendo paso a paso para lograr una situación más aceptable que la que tenemos hoy".
VÍCTOR PÉREZ
Vicepresidente Consejo de Rectores
"La atención preferente a las universidades estatales significa que ellas deben cumplir con una labor académica y de equidad. Esto se traduce en que el Estado entregue financiamiento adecuado con la debida cuenta pública del uso de los recursos y muestre los resultados públicamente".
MARCELA ESPINOZA
Representante estudiantil
"Nos sorprendió pero agradecemos que todas nuestras propuestas estuvieran involucradas en el informe final. Más allá de las divergencias, hubo un diálogo muy interesante. La participación estudiantil y el financiamiento son puntos muy importantes y pensamos que iban a tener mayores disputas".
Los temas clave del documento
Las posiciones de cada uno de los integrantes en los puntos más conflictivos, como el lucro, quedaron consignadas en el informe.
Lucro: El permitir o no los fines de lucro en las universidades -los institutos profesionales y centros de formación técnica están facultados para tenerlos- fue uno de los temas más complicados para el Consejo. En la última votación realizada en Santa Cruz, quienes están a favor del lucro fueron mayoría. Eso sí, exigieron una mayor legalización de los procesos y que las instituciones sean fieles a la naturaleza que declaran.
Eliminación del Cruch: Aunque en un principio se propuso eliminar el Consejo de Rectores (Cruch) -que reúne a las 25 universidades tradicionales-, la idea no tuvo aceptación. Finalmente, se recomendó que además del Cruch exista una entidad que agrupe a todas las casas de estudio. "La idea es coordinar a través de instituciones, pero no se habló de terminar con las instituciones actuales", comenta Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile y vicepresidente del Consejo de Rectores.
PSU: El documento menciona que se deben revisar los procesos de selección de tal manera de contribuir a acortar la brecha entre quienes tienen mejores condiciones de acceso y los que son perjudicados por pertenecer a un estrato socioeconómico más bajo.
Universidades Estatales: El trato preferente del Estado a sus universidades fue la única propuesta acogida de inmediato por la Presidenta. No sólo se trata de otorgar mayores recursos a las instituciones, sino, como dice el rector de la Usach, Juan Zolezzi, "colocarlas en el lugar que les corresponde, y no dejarlas a la suerte del mercado".
Proyectos de ley pendientes
Aún no hay plazo para que el Mineduc elabore iniciativas legales.
Cuatro copias impresas del informe final del Consejo Asesor se entregaron ayer en el Salón Rojo de La Moneda.
Dos para la Presidenta Michelle Bachelet y otras dos para el Ministerio de Educación.
El documento no se hizo público porque la Mandataria se lo llevó para leerlo este fin de semana. El mismo cometido se le encargó a la ministra de Educación, Yasna Provoste. "Tiene tarea para la casa", le dijo la Presidenta a Provoste al finalizar la ceremonia, bromeando con el volumen del documento (más de 500 páginas) que incluso debió ser dividido en dos tomos.
El informe está compuesto por tres partes: la primera, contiene las recomendaciones adoptadas unánimemente por la comisión; la segunda presenta un relato pormenorizado de los debates que hubo en las subcomisiones; y la tercera corresponde a estadísticas e información anexa.
Ahora lo que queda es que el equipo jurídico del Mineduc elabore los proyectos de ley que canalicen las recomendaciones elaboradas por los miembros del comité.
Luego del Consejo Asesor que finalizó en 2006 -a raíz de la "revolución pingüina"-, el ministerio tuvo un plazo de cuatro meses para realizar los proyectos de reforma a la LOCE.
Éstos se tradujeron en dos iniciativas legales: la Ley General de Educación (LGE) y la creación de una superintendencia que fiscalice el uso de los recursos en el área.
AUSENCIAS
LOS RECTORES Pedro Pablo Rosso y Mónica Jiménez, además de expertos y universitarios, faltaron al acto. Algunos reclamaron la poca antelación (dos días) con la que conocieron la fecha de entrega.
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