Análisis urgente: las elecciones del 15 de Octubre
en un país rebelde y los juegos del Poder.
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ECUADOR: CRONICA DE UNA
DEMOCRACIA SECUESTRADA
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Altercom*
Napoleón Saltos Galarza*
26 de septiembre de 2006
“No elige bien,
no elige efectivamente más que aquel que es efectivamente elegido”. GILLES
DELUEZE
En la democracia liberal, las elecciones son la
continuación de la política por otros medios: por el discurso, la imagen y
el marketing, por la representación.
Cuatro procesos caracterizan el actual juego
electoral:
el realineamiento del imperio ante la
democracia;
el alto porcentaje de ciudadanos/as que
desconfían del sistema político, en particular del Congreso Nacional;
el fortalecimiento del control de la
partidocracia sobre las reglas y la institucionalidad electoral; y
la incapacidad de las fuerzas alternativas para
unificarse orgánica y programáticamente.
EL GIRO IMPERIAL
La democracia liberal fue uno de los emblemas
del ’fin de la historia’ proclamado por Occidente, después
de la caída del Muro.
El mapa mundial estaba marcado por la expansión
triunfal de la democracia representativa; incluso las nuevas guerras
preventivas podían justificarse por la necesidad de instaurar la democracia.
Sin embargo, la astucia de la historia la ha convertido, en manos de los
pueblos, en un boomerang contra el poder constituido; dentro de los cánones
de la democracia representativa el mapa político de nuestra América se ha
transformado: los dispositivos democráticos han permitido el triunfo de
gobiernos insumisos sobre todo en la ribera atlántica, y la emergencia de un
nuevo poder constituyente.
La expansión de esta ola, alarmó al imperio,
sobre todo después del triunfo de Evo Morales en Bolivia.
El discurso imperial ante la democracia empezó a
girar. Robert Zoellick, Secretario de Estado Adjunto de
Estados Unidos para Latinoamérica, proclamó que "la brecha que hoy encaramos no es entre izquierda
y derecha, sino entre regímenes democráticos y autoritarios, sean estos
electos o no" [1];
el problema ya no está en si los gobierno son democráticos o no, sino en la
nueva amenaza de los gobiernos “neopopulistas”.
El discurso de Washington se aleja de la
legitimidad de la democracia y gira hacia salidas autoritarias y el refuerzo
del control de los procesos electorales: la vuelta de
tuerca de la segurización de la política.
El fantasma principal es Chávez, ante el cual se
creó la doctrina de la certificación democrática desde la OEA. Ahora el
nuevo punto de inflexión se presentó ante las elecciones de Perú: la amenaza
del triunfo de Ollanta Humala, obligó a las fuerzas del orden, locales y
transnacionales, a cerrar filas en torno a Allan García; aunque el ’triunfo’ marcó un empate de fuerzas. Este empate tiene su
signo principal en las elecciones de México y las denuncias de un fraude
controlado desde arriba para detener el triunfo de López Obrador: a pesar de
la proclamación ’oficial’ de Felipe Calderón como
Presidente, persiste un poder paralelo. En Nicaragua la imagen del FSLN,
aunque recortada, amenaza la frontera del poder imperial.
El Ecuador se presenta como
el eslabón necesario para cerrar la cadena en torno al eje Uribe-García,
asegurar del control del área andina y cerrar el paso a la expansión del ’neopopulismo’, liderado por Chávez. Las elecciones en
Ecuador están bajo la vigilancia del poder norteamericano, sobre todo cuando
es necesario asegurar «la continuación de la política» imperial sobre temas
que siguen pendientes, en particular el TLC, el Plan Colombia y la Base de
Manta, ligados al control de la Amazonía, los contratos
petroleros.
VIGENCIA DEL RECHAZO
El 98% de los ecuatorianos/as manifiesta que
desconfía del Congreso. A un mes del sufragio, según Informe Confidencial,
el 54% de electores no tienen candidato presidencial y el 36% expresa que va
a votar nulo; la tendencia se refuerza en el voto para diputados. A esto hay
que sumar un 13% que expresa su simpatía por un candidato presidencial, pero
no su decisión de voto. Las ubicación de los candidatos en las encuestas se
construye con un tercio del pronunciamiento ciudadano. Aunque los
porcentajes de indecisión tenderán a reducirse conforme se acerque la hora
de la votación, hay signos de que el resultado final mostrará un crecimiento
sustancial del voto nulo, sobre todo para diputados.
La crisis y el rechazo se proyectan también a
los otros ’Poderes’ del Estado: los ’borbuvideos’ [2]
han atizado nuevamente la polémica sobre la corrupción y la ilegitimidad de
la Corte Suprema de Justicia. La conexión Álvarez con el narcotraficante
Prada y con cuatro cúpulas presidenciales, evidencia que el poder, arriba,
está atravesado por intereses obscuros.
La energía social purificadora que ha emergido
desde los/las actores sociales a lo largo de esta década de inestabilidad y
crisis política se mantiene vigente, pero ahora tiene un cauce para
expresarse dentro del terreno institucional. Esta potencialidad ha sido
condensada en la propuesta, levantada por Eduardo Delgado del Movimiento
Gente Común, de ilegitimar al Congreso con el voto nulo para diputados, y de
legitimar la Asamblea Nacional Constituyente Soberana como la única fuente
con poder de legislar para los cambios que requiere el país.
Ante la imposibilidad de
elegir no queda otro camino que ilegitimar el propio acto de elegir.
Elige quien previamente ha sido elegido: elegir
es no sólo un acto de futuro, es la confirmación de las posibilidades
presentes y, aún más, es la confirmación de una visión del país que
queremos, es la confirmación de que hemos sido elegidos para realizar ese
país que queremos.
Las cartas marcadas cierran la posibilidad de
elegir un país diferente: la posibilidad de elegir viene desde fuera de las
reglas.
Pero entonces viene la pregunta: y por qué no
anular el voto para todas las dignidades, incluida sobre todo la elección
presidencial. Allí se presenta el cálculo de un paso forzado, aceptado como
condicionado y transitorio, para viabilizar el sentido final de la elección,
la Asamblea Constituyente, entendida como la apertura de la posibilidad de
elegir. Para ello no hay una explicación ontológica, sino apenas una
explicación de decisión y cálculo político: toda decisión, sobre todo
política, tiene un exceso que se expresa como arbitrariedad, aunque la
decisión ’justa’ reduce ese exceso por la aceptación de ’lo correcto’.
Ese exceso en la política viene desde lo
irrepresentable, desde la disrupción de la multitud; funciona fuera de la
democracia representativa y se produce ya no en el triunfo del
candidato-representante, sino en su desaparición en la constitución del
sujeto capaz de constituir un nuevo orden.
No se trata en realidad del acto de elegir un
presidente, sino más bien del reconocimiento del límite de las fuerzas para
poder actuar en la ilegitimación del sistema en su conjunto.
De hecho desde esta visión no hay ninguna
recomendación de votar por un binomio determinado, sino más bien se plantea
la medida de una exigencia a los electos desde el nuevo poder constituyente
que queda implícito. Por lo cual más bien lo que se elige es una táctica:
operar desde la ilegitimación del punto más debilitado del poder
constituido, el Congreso, para abrir espacio a la fuerza suficiente para
abordar el cambio del conjunto.
El reconocimiento de esta elección ’forzada’ es lo que puede sustentar la validez y la
aceptación de la propuesta: el objetivo es no quedarnos en un simple
pronunciamiento que luego se disuelve, sino en poder contabilizar el voto
nulo, visualizarlo, para poder proyectar su validez ya no sólo en la
legitimidad, sino también la legalidad..
Esta perspectiva estratégica
tiene que diferenciarse del uso instrumental del voto nulo y del discurso de
la Constituyente para beneficiar una candidatura presidencial. Esta acción
puede ser eficaz, como muestra el crecimiento de Rafael Correa; empero el
objetivo cambia: la Constituyente es el medio para las elecciones
presidenciales.
EL PODER CONSTITUYENTE NO PUEDE NACER DEL PODER
CONSTITUIDO
Empero nos enfrentamos a un círculo vicioso: el
Poder constituyente no puede nacer del Poder constituido; y éste a su vez no
puede aceptar la existencia de un poder constituyente originario, pues
implica su propia negación.
Toda decisión que busca alterar el sistema
implica una violencia: la viabilidad del poder constituyente está en su
propia constitución, desde la energía social de cuestionamiento al poder
constituido.
El círculo vicioso sólo puede
ser roto desde la emergencia de un poder constituyente que se
autoconstituye: el punto de partida es el rechazo, el punto de llegada
táctico es la Constituyente, pero la mediación está en la organización
política de la gente común, en la constitución de diversas formas de poder
paralelo. La propia Constituyente no es sino un medio para el objetivo de la
liberación del país, su sentido está en su tarea: sentar las bases jurídicas
e institucionales del nuevo Ecuador.
OCASO DEL ESTADO LIBERAL Y NACIMIENTO DE UN NUEVO PODER
CONSTITUYENTE
El grito ¡QUE SE VAYAN
TODOS! de la rebelión del 20 de abril no fue sólo para el
Presidente Gutiérrez, sino fundamentalmente para los partidos y el Congreso,
para la «Pichicorte», para los organismos de control maniatados. La tarea
quedó inconclusa y nuevamente regresaron ’los de
siempre’.
El sistema político, en lugar de escuchar la
exigencia de un cambio profundo, buscó recomponerse en dirección contraria,
a partir del reducto del Congreso.
Primero rehizo una mayoría parlamentaria regida
por la alianza PSC-ID: el viejo método de gobernar desde el control del
Parlamento.
Luego, en un juego de espejos con Alfredo
Palacio, disolvieron la convocatoria a la Constituyente. Y después
rehicieron la institucionalidad a imagen y semejanza del poder: el proceso
’ejemplar’ fue el nombramiento de la nueva Corte, con una
decisión inconstitucional del Congreso, avalada por los organismos
internacionales, los medios de comunicación y una red de ONGs
vinculadas.
Las fuerzas parlamentarias de «izquierda», no
lograron enfrentar este proceso y terminaron atrapadas en los repartos.
Éste no es un asunto coyuntural, la
inestabilidad política dura ya una década. El problema viene desde atrás: no
se trata de una crisis de régimen, sino del ocaso del Estado liberal fundado
a raíz de la revolución alfarista truncada a comienzos del siglo XX y que
adopta su forma más alta en la democracia liberal a fines del siglo
pasado.
Y el rechazo tampoco es coyuntural, también se
reproduce a lo largo de esta década en cada estallido de la crisis. Aunque
tampoco es un problema local, sino que se trata más bien de una tendencia
que atraviesa nuestra América.
Cruzamos un período de transición: el ocaso del
Estado liberal se combina con la emergencia de un nuevo poder
constituyente.
Vivimos la confusión y el caos de toda
transición.
Aunque la salida no es lineal, sino que estamos
ante una disyuntiva histórica: o una salida autoritaria desde el viejo poder
constituido, desde las fuerzas del orden, o la ampliación y transformación
de la democracia desde el nuevo poder constituyente, desde las fuerzas del
cambio.
LA ESTRATEGIA DEL ORDEN
La estrategia de las fuerzas del orden se centró
en debilitar los cauces de la insubordinación y reforzar los cauces
institucionales. Al mismo tiempo que buscaba disolver la presión por la
constituyente, buscó acelerar el escenario electoral y reforzar las reglas
de control.
En lugar de las reformas de democratización del
sistema electoral, se reforzó el control del mismo por la alianza PSC-ID: el símbolo está en la «fórmula D’Hont
ponderado» y en la cómoda mayoría de la alianza en los tribunales
electorales. El objetivo es evitar cualquier sorpresa de un nuevo outsider, como sucedió en ocasiones anteriores; garantizar
una final anunciada entre binomios vinculados al poder financiero; y
mantener el control de la mayoría parlamentaria en torno al eje PSC-ID.
El interés del orden apuntó,
en una primera fase, a una final anunciada entre Roldós y Cinthya, dos
variantes del mismo programa: un neoliberalismo con rostro humano y discurso
socialdemócrata; y un neoliberalismo con proyecciones
autoritarias.
El modelo del Banco Mundial versus el modelo del
FMI, el discurso de la pobreza y la ciudadanía versus el discurso del
mercado y la seguridad. El binomio de Roldós asegura la alianza con los
grupos financieros de la Sierra; el de Cinthya establece lazos con el Banco
del Pichincha.
Aunque los cálculos del orden han sido alterados
una y otra vez por las irrupciones inesperadas, desde el inicio de este
período democrático. Hoy la alteración puede venir desde
la fuerza del voto de rechazo y su proyección positiva hacia la
Constituyente.
La alianza PSC-ID se mantiene en los temas
fundamentales: el signo es el proyecto de Ley Nebot-Paco
Moncayo para el reordenamiento geopolítico del país en torno a las
’Autonomías’.
Aunque pueden presentarse algunos impases: el
signo es el proyecto de Ley Febres Cordero que busca controlar el adelanto
financiero de los grupos de Quito; aunque ese adelanto contrasta con el de
los grupos de la Costa en el control de los medios de comunicación masivos y
en el control de los negocios petroleros.
El acuerdo opera en torno a la
preocupación por el funcionamiento del modelo económico: a pesar de las
grandes ganancias de los bancos, que en este año han duplicado sus
beneficios; a pesar de las ganancias extraordinarias por el precio
internacional del petróleo que en este año ha llegado a niveles record, el
proceso económico es endeble, sobre todo en su base productiva.
El crecimiento se agota en el rentismo y la
especulación. El viejo camino de la salvación en las privatizaciones y las
fugas de capital continúa: en el campo eléctrico la nueva Ley confirma la
entrega del servicio público a los grupos de poder privados, empezando por
los de Guayaquil.
Los bancos han sacado alrededor de 3.500
millones de dólares en nombre del aseguramiento ante nuevas crisis; los
grupos financieros tienen 16 mil millones de dólares en el exterior; la
deuda externa privada supera los 6 mil millones de dólares.
La preocupación central es prepararse a un nuevo
salvataje financiero, anunciado por las recomendaciones de la Comisión del
FMI en marzo de este año.
El programa electoral del
Partido Social Cristiano se mueve en tres ejes: la seguridad, la estabilidad
y las autonomías. La síntesis de la segurización de la política y
del tránsito a formas autoritarias de gobierno.
El juego político del sistema se desarrolló en
dos planos: el control de las disidencias arriba, la presión para evitar la
constitución de un polo populista en torno a la alianza PRIAN-PRE-PSP.
Y el control de las
disidencias abajo: la desconstitución de un polo alternativo desde la
izquierda y los movimientos sociales.
La relación del PSC con el
partido Sociedad Patriótica pasó desde el trueque de la libertad de
Gutiérrez por los votos de los diputados del PSP para el control del
Tribunal Constitucional en manos del Partido Social Cristiano, hasta la
resolución de la descalificación del Coronel y luego la recalificación del
hermano por el Tribunal Constitucional: el juego del comodín. Un
manejo similar se dio en el tratamiento de otras candidaturas menores, como
las de Marcelo Larrea o Lenin Torres. La relación con el PRIAN se desarrolló
sobre todo en el plano del chantaje, hasta lograr el retiro y la vuelta
debilitada de Álvaro Noboa.
Arriba la red de poder político se recicla: más
de la mitad de los diputados va a la reelección o corre por otras
representaciones locales.
LA INCAPACIDAD DE LA IZQUIERDA
El ataque a un polo
alternativo, con posibilidades de transformarse en un poder constituyente,
es más complejo, y se combina con la incapacidad de la dirección política de
la izquierda y los movimientos sociales para desarrollar un camino
autónomo.
El problema afecta sobre todo a la principal
fuerza del campo popular, el movimiento indígena:
asediado por intereses externos, y atrapado en las redes de Pachakutik,
convertido en un movimiento electoralista, sufre un fuerte proceso de
fragmentación.
La presencia de Luis
Macas empezó a reordenar el campo y abrir posibilidades de
recomponer un eje de alianza indígena-social, pero finalmente no logró
rebasar los controles del aparato, los intereses electorales locales, ni las
posiciones etnicistas de algunos sectores. El peligro es que un
debilitamiento electoral afecte a la legitimidad de la movilización y la
resistencia contra el modelo neoliberal, en donde el movimiento indígena
juega un papel fundamental.
La presencia de Rafael
Correa, asentado en la operación mediática de importantes órganos
de opinión, en el respaldo de algunos grupos y organizaciones políticas de
izquierda, en el apoyo de redes de ONGs, en el vínculo con sectores no
hegemónicos de poder, termina por agudizar esta tendencia. Chocan dos
tácticas: desde Alianza País se reedita la estrategia del outsider, colocando en el centro la figura del candidato y el
juego de la representación. Y desde los movimientos sociales se intenta una
salida orgánica y programática. Esta situación produce un vacío de
conducción política.
El crecimiento electoral de
Rafael Correa parte de su realineamiento con la tesis del voto nulo y la
Constituyente, con la decisión de no presentar candidatos a
diputados.
Las fronteras del movimiento
indígena se muestran en la incapacidad de encabezar esta lucha,
como la continuación ’natural’ de sus propias acciones:
el cerco está en la gremialización étnica de
Pachakutik.
La construcción de una hegemonía alternativa
implica tres procesos combinados, “orgánicos” como dice Gramsci:
(i) un programa
económico transformador que parta de los intereses, sueños y cosmovisión de
los explotados y oprimidos;
(ii) una propuesta
ético-política que desmonte el poder tradicional, que trace el nuevo país y
mundo que queremos, y que tenga la capacidad de ganar el corazón y la mente
de las mayorías;
(iii) un bloque
histórico, basado en la organización política y en la alianza estratégica de
los explotados y oprimidos, capaz de llevar a término la transformación
económica y ético-política; no hay programa alternativo sin sujeto
alternativo.
La decisión de Correa de
recoger instrumentalmente el rechazo a los diputados y la propuesta de la
Constituyente, le permite una imagen diferenciada y contar con un apoyo
electoral inorgánico.
La incapacidad de los movimientos sociales y, en
particular del movimiento indígena para representar una propuesta
económico-política que venían construyendo a lo largo de las dos últimas
décadas de lucha, desemboca en un peligroso debilitamiento de representación
electoral del estos sectores, que puede significar el cierre de una
fase.
Este distanciamiento del movimiento indígena y
de los movimientos sociales ya se presentó en las jornadas de abril, en
donde la movilización de masas siguió un cauce urbano, de sectores
medios.
La confluencia en la
resistencia de diversos procesos sociales y de izquierda, sobre todo en las
luchas contra el TLC y la OXY permitieron un triunfo parcial, pero no hubo
capacidad para una unidad en positivo. Con lo cual esos triunfos
parciales corren el riesgo de diluirse, mientras se renuevan los afanes de
las cámaras empresariales por restablecer las negociaciones del TLC,
colocando como prenda de trueque el contrato con la OXY y la neutralización
de la reformas a la Ley de Hidrocarburos para recuperar parte de los
ingresos extraordinarios del petróleo.
El resultado es la dispersión del bloque
popular, la condensación política electoral del rechazo social a la
partidocracia en el discurso político de Correa, el debilitamiento y
aislamiento del movimiento indígena y de los movimientos sociales; aunque
también la emergencia de propuestas de reorganización desde una perspectiva
estratégica.
El desenlace electoral apunta
a una polarización entre las fuerzas del orden, que tenderán a alinearse en
torno a Roldós-ID; y los anhelos de cambio que se mueven a partir del voto
nulo y la Constituyente. Sin embargo la viabilidad del cambio no cuenta con
la construcción de una fuerza con capacidad estratégica y
programática.
Si triunfan las fuerzas del orden, el escenario
será la consolidación de un modelo neoliberal ’con rostro
humano’ y tecnocrático.
Un triunfo electoral de
Correa puede abrir una confrontación entre el Ejecutivo y un Congreso
controlado por la partidocracia.
La viabilidad de la Constituyente retorna al
poder constituyente del pueblo.
LA ELECCIÓN
El eslabón perdido para transformar la energía
de resistencia en poder alternativo está en las luchas por la soberanía.
Ya no se trata sólo de la
soberanía vinculada al Estado nacional, sino de la soberanía asentada en un
nuevo poder constituyente.
Esta vez la elección está o en ratificar un
congreso capturado, o recoger el poder purificador del rechazo en el voto
nulo para los diputados, a fin de ilegitimar al Congreso actual y crear las
condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente,
Soberana y Originaria.
Quizás nos sentimos angustiados por la endeblez
de nuestra elección: apenas un acto de rechazo y condena. Pero precisamente
allí está la brecha que puede abrir el paso a las anchas alamedas de la
historia.
Tal vez sería más fácil optar por un pragmatismo
triunfalista tras la fórmula de Correa o hasta la de Roldós, tanto más que
el ocaso del poder indígena bloquea la viabilidad de una alianza estratégica
de los movimientos sociales.
Sobre todo en el caso de Correa habría una
justificación: ha asumido la tesis del voto nulo y de la Constituyente. Hay
que tomar en cuenta este proceso, pero desde la perspectiva del poder.
La hegemonía es posible cuando se constituye un
nuevo bloque histórico: el discurso político radical se corresponde con una
propuesta económica radical y con una visión y una práctica ético-política
radicales; pero aún más, encuentra su realización en un sujeto colectivo
radical, «el que no tiene nada que perder más que sus
cadenas»; pues mientras mantenga compromisos que lo aten al cálculo de
los límites y las conveniencias, puede terminar atrapado en el extremo de
las reglas de juego.
Esa correspondencia orgánica es construida, no
sólo en el discurso, sino en la visión de las masas, en
la organización del pueblo, como vemos en el proceso venezolano: el paso
desde una primera fase de resolución de las cuestiones del poder político, a
través de la Asamblea Constituyente; a una fase de control de la industria
petrolera y atención a los problemas sociales, sobre todo educación y salud;
una fase de radicalización después de la derrota del golpe y una primera
proclamación del socialismo, con acento en la organización del poder popular
y algunos cambios en el agro; la propuesta de la campaña electoral
actual como inicio de un nuevo período centrado en el socialismo a la
venezolana.
La tarea en nuestro país es impedir que
nuevamente se dilapide una energía social que presiona por un cambio
profundo: el intento de liberación de la capacidad de decisión de la gente
común, redime los intentos de liberación que se frustraron en el pasado y
puede constituirse en el punto de partida de una nueva fase estratégica de
la liberación, con actores renovados.
El problema central de la
revolución es el sujeto: la cuestión es construir el sujeto antagónico al
sistema, construir un nuevo bloque histórico, una alianza política
estratégica de los sujetos sociales-políticos que requieren el cambio para
poder vivir.
LA RUTA
El camino pasa por cortar el nudo gordiano en el
que han fracasado los intentos anteriores de una Asamblea Constituyente
originaria y con plenos poderes. En 1997, el
sistema funcionó ágilmente para disolver la demanda de la Constituyente en
una Asamblea Nacional clonada de la composición del Congreso y reducida a
formular una Constitución que absorba las demandas de derechos de los
movimientos sociales y legalice el modelo neoliberal. El mecanismo fue una
Consulta Popular controlada.
Después de la rebelión de abril y la caída de
Gutiérrez, la posibilidad de la Asamblea Constituyente fue disuelta en un
juego de espejos entre el Ejecutivo y el Congreso: el poder constituido puso
bajo siete llaves la reforma a la Constitución. No hay camino
«constitucional» para la Constituyente, pues se trata de un poder fundante.
La posibilidad de la Constituyente está en un paso que al
mismo tiempo que la viabilice, la constituya; y esto es posible sólo desde
el poder insurgente de las masas.
La clave es el cambio de
reglas, en la aprobación de un nuevo Estatuto para elegir-designar a los
asambleístas.
La puerta está en acudir a la soberanía popular
en la Consulta sobre un Estatuto explícito que permita optar entre el orden
actual en torno a un Congreso capturado por las mafias partidarias o la
instauración de una Asamblea que recoja la representación de todos los
actores sociales y políticos que hacemos el país.
El camino es ejercer a plenitud la
democracia:
(i) impedimento de
la participación de quienes han ejercido el poder en estos 26 años de
democracia excluyente;
(ii) acercamiento de
la elección al control social, desplazando la elección desde la provincia al
Cantón y a jurisdicciones electorales por territorio y población;
(iii) apertura a la
participación equitativa de los ciudadanos/as mediante la exigencia general
del respaldo del 0,2% de las firmas del padrón electoral
correspondiente;
(iv) representación
política orgánica de los diversos actores sociales, sin concesiones
corporativistas y en base a elecciones generales.
No podemos copiar las rutas
seguidas por otros países.
El camino de Venezuela hacia la Constituyente se basó en el liderazgo
de Chávez, en la participación de las Fuerzas Armadas, en el proceso de
organización y movilización de las masas y desde allí se construyó la
mayoría parlamentaria, por la vía de sucesivas acciones de democracia
directa a través de las consultas populares.
El camino de Bolivia
contó con una alta movilización social, con el apoyo del Ejecutivo y con una
mayoría en el parlamento, desde allí se pudo convocar a una consulta que
confirmó la Constituyente; aunque actualmente se encuentra en una nueva
batalla por la definición de la mayoría.
La originalidad de nuestro
camino parte del desajuste de la presión social y los límites de la
dirección y la organización política. Por ello la clave está en
convertir esa presión social en energía orgánica.
La ola se ha vuelto incontenible y preocupa al
poder local y transnacional.
Ahora está a prueba nuevamente la capacidad de
conducción y organización política de esta fuerza liberadora.
El reto pasa por juntar programáticamente la
representación electoral que tiende hacia Correa con el proceso orgánico de
los movimientos sociales.
EL MANDATO DE LA CONSTITUYENTE
La Constituyente es un medio
para la liberación y la construcción del Ecuador y el mundo que
queremos.
Por ello, el centro de la lucha debe estar
orientado a la integración de una Asamblea Nacional
Constituyente Originaria, con plenos poderes para elaborar una
nueva Constitución y las leyes orgánicas correspondientes y para sentar las
bases de una nueva institucionalidad democrática de acuerdo a los siguientes lineamientos:
(1) Recuperación plena de la soberanía nacional,
económica, política, energética, alimentaria y comunicacional.
(2) Recuperación de la soberanía nacional:
reconocimiento del territorio como inembargable, subordinación de los
tratados internacionales a la supremacía de la Constitución
(3) Aseguramiento de la paz: proclamación del
Ecuador como territorio de paz y, por tanto, no puede albergar ningún tipo
de base militar extranjera.
(4) Reforma del Estado que lo habilite para
cumplir eficazmente sus cometidos como Estado responsable, de bien común,
especialmente en la provisión de salud y educación para todos y todas.
(5) Democracia participativa que elimine el
monopolio político de la partidocracia y base las decisiones en la
participación equitativa e igualitaria de todos los actores sociales,
económicos y políticos, sin exclusiones de clase, género, raza, procedencia,
cultura, edad. Transformación del sistema de elecciones y de partidos para
constituir un sistema de democracia participativa que integre de manera real
las bases sociales a la toma de decisiones políticas y la selección de
representantes.
(6) Cambio del modelo económico neoliberal
vigente hacia una nueva economía basada en la participación de la propiedad
social-estatal sobre los bienes y recursos estratégicos, la propiedad
social-comunitaria, y la propiedad privada con responsabilidad social y
ecológica; y orientada prioritariamente a la producción de los bienes de
consumo masivo para alimentación, salud, educación y vivienda.
Replanteamiento del sistema económico en función de la sustentabilidad
productiva, la producción de artículos de consumo básico para las mayorías y
del apoyo al emprendimiento pequeño y mediano. Recuperación del respeto a la
Madre Tierra (Pacha Mama), como fundamento del desarrollo económico y
humano.
(7) Recuperación de la soberanía petrolera, que
coloque bajo control total, absoluto y exclusivo de la República los
sectores hoy comprometidos con concesiones, contratos de servicios o
empresas mixtas; y que oriente el sector hacia la construcción de una
industria petroquímica integral.
(8) Renacionalización de nuestras industrias
básicas subastadas por el neoliberalismo, tales como las de electricidad,
teléfonos, transporte aéreo, puertos y otras empresas estratégicas.
(9) Transformación del sistema financiero y
tributario que lo libere de la tiranía del Consenso de Washington, elimine
los tributos recesivos como el IVA, cobre impuestos al capital extranjero
hoy exonerado por los tratados contra la doble tributación, y cancele de una
vez y por siempre el desangramiento de la Deuda Externa Pública.
(10) Proceso ordenado de recuperación de la
soberanía monetaria, a partir del control del capital financiero y del
fortalecimiento de la producción.
(11) Revolución ética. Declaración de la
corrupción política y pública como delito de Estado. Creación del cuarto
poder, moral, de la nación.
(12) Reconquista de la seguridad, prestaciones y
derechos sociales para trabajadores/as del campo y la ciudad y sus familias.
Ratificación, ampliación y ejecutabilidad de los derechos individuales y
colectivos contemplados en la Constitución actual a favor de los sectores
vulnerables: niños, mujeres, pueblos indígenas y negros, tercera edad,
migrantes.
(13) Democratización de la comunicación y la
información. Reasignación de las concesiones del espectro radioeléctrico que
lo destine en forma efectiva a sus funciones democráticas de información
veraz, educación y entretenimiento.
(xiv) Reforma Agraria, soberanía alimentaria y
control de la biodiversidad, los recursos hídricos y biológicos
integrales.
(14) Diálogo de saberes: fortalecimiento de la
capacidad científico-técnica y respaldo al desarrollo del pensamiento y las
prácticas originarias.
(15) Nueva institucionalidad del Estado de
derecho, liberado del secuestro de los intereses privados y particulares,
empezando por los organismos de control y la justicia, y orientada al
servicio de la gente.
(16) Nueva división administrativo-política del
país, que garantice la unidad en la diversidad, cierre el paso a los
proyectos segregacionistas, fortalezca los poderes y gobiernos seccionales y
locales y la participación de las comunidades, e integre a las regiones y
provincias marginales.
(17) Integración y unidad latinoamericanas, como
fundamento de la participación en la construcción de un nuevo orden mundial
de paz y justicia.
El punto de partida es construir un ACUERDO NACIONAL con la participación de todos los
sectores y fuerzas sociales y políticas empeñadas en el objetivo del rechazo
al Congreso y la construcción de condiciones para la instauración de una
Asamblea Nacional Constituyente Originaria.
Altercom
Agencia de Prensa de Ecuador.
Comunicación para la Libertad.
Napoleón Saltos Galarza
Ecuatoriano.
Director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador.
Dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Ex legislador.
[1] Robert
Zoellick: Discurso del número dos de la cancillería de Washington ante la
Trigésimosexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA)
[2] Videos
realizados con cámara oculta por el cuñado de Lucio Gutiérrez, el ex Mayor
del Ejército y ex escolta de León Febres Cordero, Renán Borbúa, en los que
aparece el hijo del magistrado Alfonso Pasquel (ex abogado del mismo Febres
Cordero) solicitando dinero a Borbúa a cambio de una sentencia a su
favor.
www.altercom.org/article143597.html