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EL
’CIERRE’ DE RCTV
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Rodrigo Santillán
Peralbo*
10 de junio de 2007
Un inmenso coro ha deplorado, insultado, vejado,
criticado, la decisión soberana del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y ha desatado una inmensa ola de improperios en contra del
Presidente Chávez que decidió no renovar la concesión para el uso del
espectro radioeléctrico de propiedad inalienable del Estado por parte de
RCTV que, en palabras de los opinantes, es un ataque directo a la “libertad
de expresión del pensamiento” que, a pesar de ser un derecho tan abstracto,
es valioso e irrenunciable derecho que implica profunda responsabilidad
social, clara conciencia ética y compromiso con la sociedad a la que
pretende servir y con la cual conviven el medio de comunicación social y el
periodista.
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Todo derecho implica el cumplimiento de deberes
y éstos son los que imponen restricciones, limitaciones o prohibiciones,
porque la práctica y uso legítimo de un derecho termina justamente cuando
comienza el derecho de los demás. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU en el artículo 29 determina: “…toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley con el único fin
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás…” La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: “Las
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y
ejercicio de estos derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden
ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de
interés general” El interés general y mayoritario del pueblo venezolan o es
la Revolución Socialista o Socialismo del Siglo XXI propuestos por el
Presidente Chávez y su gobierno.
Ciertamente que RCTV o cualesquiera otros medios
de comunicación social tienen derecho a criticar y oponerse a esas
propuestas, pero no tienen derecho a convertirse en voceros de la oposición
y del imperio, la CIA y las transnacionales antipatria, ni deben -por
mandato de la ética- promover la violencia social e instigar a marchas de
protestas aderezadas con cacerolazos, ruidos de sirenas, pitos y uso de
armas de fuego o por propia decisión, por si y ante si, convertirse en
furibunda oposición al gobierno. Ese no es el papel de los medios de
comunicación social, pues sus objetivos son informar y orientar, educar y
contribuir a la consolidación de la paz social, profundización de la
democracia, progreso y bienestar de las mayorías a través de la práctica y
vigencia de los derechos humanos, de la solidaridad, libertad y justicia
social.
Nadie puede desconocer que las Cartas Políticas
actuales, los tratados, instrumentos y convenios internacionales garantizan
el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y el derecho de los
pueblos a la información, misma que no debe ser tergiversada, manipulada y
menos responder a prácticas de propaganda negra y de guerra sicológica, a
propagar medias verdades para mentir y engañar o difundir mensajes
subliminales o ensalzar las formas del delito, la pornografía,
discriminación, la violencia, la guerra. Ningún medio o periodista deberían
propagar rumores falsos, incitar a golpes de Estado, servir a intereses del
imperio, confundir a la ciudadanía, incitar a la violencia social y alterar
el orden público, desconocer el derecho a la autodeterminación o ser voceros
de grupos elitarios en contra de intereses populares. Esas prácticas
desleales son propias de la SIP , de la CIA y del imperio.
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El Gobierno de Venezuela ha actuado
legítimamente al no extender la concesión a RCTV que, de manera intencional,
ha infringido las leyes y ha promocionado la violación de derechos humanos,
instrumentado graves atentados a la democracia, glorificado el golpe de
Estado, predicado la necesidad de una guerra civil para estructurar un
“gobierno de transición”, divulgado llamamientos a la sublevación militar,
interferido y cortado información oficial, firmado el acta constitutiva del
gobierno de facto de Carmona formado después del golpe de Estado, pactado la
entrega de las telecomunicaciones al dueño de RCTV de apellido Granier,
participado en un apagón mediático de 72 horas para ocultar la resistencia
popular, y violado elementales normas del Código de Ética del periodista y
de la FELAP.
Es una lástima que, premeditadamente y a pesar
de conocer la verdad de los hechos, aquí se quiera confundir a la opinión
pública al propalar una mentira inmensa al decir que Chávez ha atentado en
contra de la libertad de expresión del pensamiento que, parafraseando, se
podría expresar: ¡Oh, libertad de expresión del pensamiento, cuántos
crímenes se han cometido y se cometen en tu nombre!
Rodrigo
Santillán Peralbo
Periodista ecuatoriano, miembro del Consejo
Editorial de Altercom, presidió de la Unión Nacional de Periodistas y fue
directivo de la FELAP y la OIP, Profesor de la Universidad Central del
Ecuador, autor de varios estudios publicados, fue director de la Revista
Siempre, ahora integra el Tribunal Dignidad Soberanía y Paz contra la
Guerra.
www.altercom.org/article148964.html