Afirma Mari Brás9 mayo 07

[Pedro Martínez Pírez <pmpirez@rhc.cu>]

Title: Afirma Mari Brás

Afirma Mari Brás

 

“SOY CIUDADANO DE PUERTO RICO Y NADIE HA PODIDO

NI PODRA CAMBIAR MI IDENTIDAD NACIONAL UNICA.”

 

            Al comentar para los medios informativos nacionales e internacionales notas periodísticas enviadas desde Washington a El Nuevo Día y The San Juan Star y publicadas por dichos rotativos en sus ediciones  del miércoles 9 de mayo de 2007 (pág. 47 y pág. 5 respectivamente), Juan Mari Brás afirma que, contrario a lo que informó equivocadamente el Lic. Fernando Martín, “soy ciudadano de Puerto Rico y nadie ha podido ni podrá cambiar mi identidad nacional única.”

           

A continuación las declaraciones del ciudadano Juan Mari Brás:

            “En la edición de El Nuevo Día de hoy miércoles, 9 de mayo de 2007 (pág. 47 ) aparece una nota del periodista José A. Delgado, enviada desde Washington, con el siguiente titular y sub-título: “LA CIUDADANÍA DEL ELA- El certificado que emitirá Estado incluirá a boricuas que vivan fuera y recibe críticas por su invalidez jurídica”.  En The San Juan Star de esta misma fecha aparece (pág. 5) una nota del periodista Robert Friedman sobre el mismo tema.

           

La nota contiene varias equivocaciones que deben corregirse en aras de mantener bien informada a la opinión pública sobre el tema tratado.

           

            Los abogados Luís Fortuño y Fernando Martín coinciden en afirmar que la certificación por el Departamento de Estado del ELA de mi condición de ciudadano de Puerto Rico ‘no tiene consecuencias jurídicas para nadie.’

 

            Los dos compañeros abogados citados, en sus respectivas capacidades como políticos, tienen derecho a expresar opiniones diversas.  Lo que no deben hacer, por respeto a la profesión que ejercen ambos como abogados, es tergiversar el significado y alcance legal de la certificación expedida en mí caso por Fernando Bonilla, Secretario de Estado del ELA.  Esa certificación sí tiene implicación legal y, en mi caso, ya empezó a tener consecuencias jurídicas.  Por eso la solicité, y como en cada episodio en mi extenso experimento jurídico, he podido lograr el propósito.

 

Tampoco es cierto, en términos legales, lo afirmado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, en declaraciones publicadas por varios periódicos en días recientes de que la certificación que se me expidió por el Secretario de Estado tiene únicamente “alcance local” y no podrá usarse internacionalmente.  No le

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corresponde al gobernador determinar qué uso voy a darle yo al certificado que se me ha expedido.  Al Secretario de Estado solo le corresponde expedir la certificación como un deber ministerial suyo.  Si a mí me reciben en unos países con ese certificado como prueba documental de mi identidad nacional es asunto que concierne únicamente al país que me recibe y no al gobierno de Puerto Rico ni al de Estados Unidos.  Ese aspecto también lo puse a prueba ya exitosamente.

 

Otro concepto legal equivocado del compañero Martín expresado en la nota aludida es el que “se necesita el poder de la independencia o la soberanía nacional para tener acceso a la ciudadanía puertorriqueña de validez internacional.”  Ahí llegamos al meollo del diferendo que hemos tenido los que dirigen la política independentista del PIP actual y el suscribí ente.  Yo sigo la interpretación de Hostos y de De Diego quienes, al comentar la aprobación de la Ley Foraker en que se reconoció la ciudadanía de Puerto Rico por el gobierno de Estados Unidos, indicaron para la posteridad que con ese acto, se estaba reconociendo que somos una nación diferente, y que como tal, tenemos pleno derecho a nuestra propia ciudadanía.

 

            Tanto los líderes del PIP de hoy como yo creemos, por igual, que Puerto Rico sigue siendo un territorio colonial de Estados Unidos.  También lo creyeron Hostos y De Diego en su tiempo.  Lo que pasa es que Martín y sus seguidores en la posición de negarle todo aspecto autonómico o semi-autonómico al ELA, por razones partidistas, pasan por alto lo que ni Hostos ni De Diego dejaron escapar en sus interpretaciones.  Esto es, que cualquier concesión autonómica o semi-autonómica que el poder dominador extranjero haya tenido que reconocer al pueblo puertorriqueño, deberá defenderse como un paso de avance hacia la plenitud de la soberanía e independencia por la que luchamos.  Plantear que Puerto Rico debe volver al régimen de la Ley Jones, que nos gobernó hasta 1952, y pedir a las Naciones Unidas que nos vuelva a clasificar como territorio no autónomo, es una equivocación jurídica y un grave error político.  De ahí es que surgen las discrepancias con la mayoría de los independentistas que han llevado al PIP a perder la mitad de su electorado en el 2004.  No estamos negando, sin embargo, los méritos del auspicio reciente de una conferencia pro independencia de Puerto Rico celebrada en Panamá por iniciativa del PIP, por lo cual hemos aplaudido a ese partido y a su presidente Rubén Berríos.

 

Martín sostiene que ‘la determinación del Departamento de Estado Federal de en última instancia echar atrás el reconocimiento de la renuncia de Mari Brás a la ciudadanía estadounidense convirtió en académica la opinión del Tribunal

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Supremo boricua; ahora no le aplica a nadie.’ terminó diciendo el asesor legislativo de la minoría del PIP en el Senado.  Martín, como asesor legal de una fracción legislativa, debe tener mayor cuidado al expresar opiniones de alcance jurídico-político.  Lo que ha dicho no es cierto.  El Departamento de Estado de Washington no me ha devuelto la ciudadanía de Estados Unidos, porque yo no acepté dicha oferta de devolución y cuando me escribieron anunciando que se proponían tomar acción para devolvérmela les contesté que: 1) no les reconocía jurisdicción para tomar tal acción sobre mi persona, habiendo transcurrido tres años desde que se me había reconocido el que dejé de ser ciudadano de ese país, 2) la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, reconociendo mi condición única de ciudadano de Puerto Rico, es una final y firme y 3) lo esencial de cualquier ciudadanía es la lealtad y yo les hice saber, una vez más, que no tengo ni tendré ninguna otra lealtad nacional que la que guardo por mi única nación, que es Puerto Rico.  La carta en que contesté su oferta-de la cual envié copia al entonces Presidente Clinton- nunca fue contestada ni por él ni por ningún funcionario de su Departamento de Estado  ni por nadie en Casa Blanca.  De manera que soy ciudadano de Puerto Rico y nadie ha podido ni podrá cambiar mi identidad nacional única.”

 

            Mayagüez, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2007.

 

Juan Mari Brás