ABOGADA NORTEAMERICANA OPINA SOBRE LOS MEDIOS GRINGOS..APLICABLE A LA MAYORIA DE LOS MEDIOS CHILENOS

[Víctor Delgado <victordelgado17@hotmail.com>]

Defendiendo el indefendible
Por: Eva Golinger
Fecha de publicación: 15/01/07

  imprímelo     mándaselo a
tus panas

Durante estos días, todos los grandes periódicos de los Estados Unidos han 
publicado editoriales criticando a las últimas decisiones y declaraciones 
del Presidente Hugo Chávez y su gabinete. Han distorsionado y manipulado los 
anuncios sobre la re-nacionalización de la CANTV, indicando que en Venezuela 
se están nacionalizando toda la industria de telecomunicaciones ? incluyendo 
a los medios de comunicación - en un acto totalitario y de censura. No 
mencionan que la CANTV apenas fue nacionalizada en el año 1991 bajo el 
corrupto mandato de Carlos Andrés Pérez, y que hoy en día mantiene un 
monopolio sobre el sector de telecomunicaciones no-celular. No hablan de los 
riesgos de tener el único sistema de telecomunicaciones no-celular en el 
país en manos de una sola empresa privada que además forma parte de una 
corporación extranjera basada en un país que ha promovido varios intentos de 
desestabilizar el gobierno actual. También estos medios han acusado a Chávez 
de ser un gobernante autoritario que esta asumiendo control sobre todos los 
poderes del estado, incluyendo a los medios privados y los partidos 
políticos. Estos periódicos estadounidenses, como el New York Times, 
Washington Post, Los Angeles Times y el Wall Street Journal, no han tomado 
el tiempo para investigar los hechos, verificar sus fuentes ni sus datos, y 
no han medido el peligroso impacto de sus escritos en la opinión pública 
mundial (o lo han medido y desean provocar una agresión más fuerte hacia 
Venezuela). Y estos medios, juntos con casi todos los grupos internacionales 
que supuestamente luchan por la libertad de expresión, la protección de 
periodistas y los derechos humanos, como el Comité para Proteger a los 
Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Reporteros sin 
Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han lanzado 
sus voces en defensa de RCTV y su dueño Marcel Granier, alegando que el 
gobierno venezolano esta reprimiendo a la libertad de prensa y censurando a 
los medios porque no renovarán la concesión que se vence en mayo de este 
año.

Las declaraciones del IPYS, RSF y la SIP no son nuevos, ni sorprendentes. 
Estas organizaciones, todas financiados por el National Endowment for 
Democracy y/o el Departamento de Estado a través de la USAID, repiten estas 
criticas no fundamentadas año tras año como parte de su campaña continua en 
defensa de los intereses económicos de los grandes medios transnacionales. 
Realmente no les interesa la libertad de expresión, porque no defienden a 
los derechos de los venezolanos y las venezolanas y los ciudadanos del mundo 
de tener información veraz y oportuna sobre lo que sucede en el país. No 
reclaman a la falta de diversidad de voces y opiniones y la clara exclusión 
de la mayoría del pueblo venezolano de la pantalla de canales como RCTV. No 
acusaron a estos medios corporativos de censura cuando entregaron su espacio 
radioeléctrico a los golpistas y saboteadores durante el golpe de estado en 
abril 2002 y el subsecuente sabotaje económico a finales de ese mismo año. 
Pero más aún, defienden a un medio multi-millonario sin aplaudir los 
esfuerzos del gobierno venezolano de abrir espacios ? antes no-existentes ? 
a los medios comunitarios y los medios alternativos. No reconocen que cuando 
Marcel Granier y sus compinches tuvieron el poder político en el país, no 
había medios comunitarios y alternativos porque ellos no los permitían. Y 
más grave aún es ver a una organización respetable como el Comité para 
Proteger a los Periodistas asociarse con estos grupos financiados por 
Washington para defender a un empresario multi-millonario, cuando debería 
estar aplaudiendo el hecho de que ahora, una concesión nacional será 
democratizada y estará en manos del pueblo y al servicio de los medios 
comunitarios y alternativos, en lugar de estar a la orden de los 
multinacionales.

Pero lo más imperdonable de todo es que hablan de censura, cuando en 
realidad el tema se trata de una concesión prestada del estado que lleva 
condiciones y requisitos, y cuando esas normas no se cumplen, pues 
lógicamente no renovarán la concesión. El gobierno venezolano nunca ha dicho 
que va a cerrar ese canal, solo han dicho que no renovarán la concesión de 
operar en el espacio público. Incluso, RCTV podría continuar operando en el 
espectro privado, en cable o satélite, como hace el canal de opinión FOX 
NEWS.

Ninguno de estos grupos ni medios estadounidenses les interesa reportar la 
verdad. Sus declaraciones y escritos sirven para promover la agenda de su 
jefe, el gobierno estadounidense, que seguirá con los intentos de 
desestabilizar al gobierno venezolano con el fin de la destrucción de la 
revolución bolivariana.

Hipócritamente, es el gobierno de los Estados Unidos que emplea a la censura 
y la intimidación para silenciar a las voces críticas y ahora también a los 
abogados que están cumpliendo con sus deberes de proveer asistencia legal a 
todo ciudadano que se lo necesite. El Segundo Sub Secretario de Defensa 
Charles D. Stimson, declaró esta semana que los abogados y bufetes que están 
representando a los detenidos en la base de Guantánamo están comprometiendo 
a los intereses estadounidenses y los intereses de las corporaciones 
estadounidenses. Stimson, quien ayudó publicar una lista de todos los 
bufetes y abogados que están representando a los detenidos en Guantánamo, 
dijo que los otros clientes corporativos de estos bufetes, que son los 
despachos de derecho más grandes del país, deberían forzar sus abogados 
escoger entre "trabajar con las corporaciones multi-millonarias o los 
terroristas."

Ya el Departamento de Justicia de Washington juzgó a una abogada, Lynn 
Stewart, por haber representado a uno de los acusados del atentado contra 
las Torres Gemelas en Nueva York en el año 1993, acusándola de haber ayudado 
a su cliente pasar información a otros terroristas. Ella recibió una 
sentencia de 30 años, la cual esta actualmente siendo apelada. Y ahora están 
amenazando a los abogados y bufetes que cumplen con sus principios y ética 
legal de asegurar la representación a cada persona que se lo necesite. Y se 
pregunta, ¿donde están los reclamos de los defensores de los derechos 
humanos?

evagolinger@hotmail.com





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*Por: Eva Golinger
Fecha de publicación: 15/01/07 *
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'500', '550');>     Durante estos días, todos los grandes periódicos de los
Estados Unidos han publicado editoriales criticando a las últimas decisiones
y declaraciones del Presidente Hugo Chávez y su gabinete. Han distorsionado
y manipulado los anuncios sobre la re-nacionalización de la CANTV, indicando
que en Venezuela se están nacionalizando toda la industria de
telecomunicaciones ? incluyendo a los medios de comunicación - en un acto
totalitario y de censura. No mencionan que la CANTV apenas fue nacionalizada
en el año 1991 bajo el corrupto mandato de Carlos Andrés Pérez, y que hoy en
día mantiene un monopolio sobre el sector de telecomunicaciones no-celular.
No hablan de los riesgos de tener el único sistema de telecomunicaciones
no-celular en el país en manos de una sola empresa privada que además forma
parte de una corporación extranjera basada en un país que ha promovido
varios intentos de desestabilizar el gobierno actual. También estos medios
han acusado a Chávez de ser un gobernante autoritario que esta asumiendo
control sobre todos los poderes del estado, incluyendo a los medios privados
y los partidos políticos. Estos periódicos estadounidenses, como el New York
Times, Washington Post, Los Angeles Times y el Wall Street Journal, no han
tomado el tiempo para investigar los hechos, verificar sus fuentes ni sus
datos, y no han medido el peligroso impacto de sus escritos en la opinión
pública mundial (o lo han medido y desean provocar una agresión más fuerte
hacia Venezuela). Y estos medios, juntos con casi todos los grupos
internacionales que supuestamente luchan por la libertad de expresión, la
protección de periodistas y los derechos humanos, como el Comité para
Proteger a los Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS),
Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
han lanzado sus voces en defensa de RCTV y su dueño Marcel Granier, alegando
que el gobierno venezolano esta reprimiendo a la libertad de prensa y
censurando a los medios porque no renovarán la concesión que se vence en
mayo de este año.

Las declaraciones del IPYS, RSF y la SIP no son nuevos, ni sorprendentes.
Estas organizaciones, todas financiados por el National Endowment for
Democracy y/o el Departamento de Estado a través de la USAID, repiten estas
criticas no fundamentadas año tras año como parte de su campaña continua en
defensa de los intereses económicos de los grandes medios transnacionales.
Realmente no les interesa la libertad de expresión, porque no defienden a
los derechos de los venezolanos y las venezolanas y los ciudadanos del mundo
de tener información veraz y oportuna sobre lo que sucede en el país. No
reclaman a la falta de diversidad de voces y opiniones y la clara exclusión
de la mayoría del pueblo venezolano de la pantalla de canales como RCTV. No
acusaron a estos medios corporativos de censura cuando entregaron su espacio
radioeléctrico a los golpistas y saboteadores durante el golpe de estado en
abril 2002 y el subsecuente sabotaje económico a finales de ese mismo año.
Pero más aún, defienden a un medio multi-millonario sin aplaudir los
esfuerzos del gobierno venezolano de abrir espacios ? antes no-existentes ?
a los medios comunitarios y los medios alternativos. No reconocen que cuando
Marcel Granier y sus compinches tuvieron el poder político en el país, no
había medios comunitarios y alternativos porque ellos no los permitían. Y
más grave aún es ver a una organización respetable como el Comité para
Proteger a los Periodistas asociarse con estos grupos financiados por
Washington para defender a un empresario multi-millonario, cuando debería
estar aplaudiendo el hecho de que ahora, una concesión nacional será
democratizada y estará en manos del pueblo y al servicio de los medios
comunitarios y alternativos, en lugar de estar a la orden de los
multinacionales.

Pero lo más imperdonable de todo es que hablan de censura, cuando en
realidad el tema se trata de una concesión prestada del estado que lleva
condiciones y requisitos, y cuando esas normas no se cumplen, pues
lógicamente no renovarán la concesión. El gobierno venezolano nunca ha dicho
que va a cerrar ese canal, solo han dicho que no renovarán la concesión de
operar en el espacio público. Incluso, RCTV podría continuar operando en el
espectro privado, en cable o satélite, como hace el canal de opinión FOX
NEWS.

Ninguno de estos grupos ni medios estadounidenses les interesa reportar la
verdad. Sus declaraciones y escritos sirven para promover la agenda de su
jefe, el gobierno estadounidense, que seguirá con los intentos de
desestabilizar al gobierno venezolano con el fin de la destrucción de la
revolución bolivariana.

Hipócritamente, es el gobierno de los Estados Unidos que emplea a la censura
y la intimidación para silenciar a las voces críticas y ahora también a los
abogados que están cumpliendo con sus deberes de proveer asistencia legal a
todo ciudadano que se lo necesite. El Segundo Sub Secretario de Defensa
Charles D. Stimson, declaró esta semana que los abogados y bufetes que están
representando a los detenidos en la base de Guantánamo están comprometiendo
a los intereses estadounidenses y los intereses de las corporaciones
estadounidenses. Stimson, quien ayudó publicar una lista de todos los
bufetes y abogados que están representando a los detenidos en Guantánamo,
dijo que los otros clientes corporativos de estos bufetes, que son los
despachos de derecho más grandes del país, deberían forzar sus abogados
escoger entre "trabajar con las corporaciones multi-millonarias o los
terroristas."

Ya el Departamento de Justicia de Washington juzgó a una abogada, Lynn
Stewart, por haber representado a uno de los acusados del atentado contra
las Torres Gemelas en Nueva York en el año 1993, acusándola de haber ayudado
a su cliente pasar información a otros terroristas. Ella recibió una
sentencia de 30 años, la cual esta actualmente siendo apelada. Y ahora están
amenazando a los abogados y bufetes que cumplen con sus principios y ética
legal de asegurar la representación a cada persona que se lo necesite. Y se
pregunta, ¿donde están los reclamos de los defensores de los derechos
humanos?

evagolinger@hotmail.com
Articulo leido aproximadamente 720 veces

Eva Golinger
 Medios de Comunicación <http://www.aporrea.org/medios/>
Tela para cortar. Más comentarios sobre cierre de
RCTV<http://www.aporrea.org/medios/a29452.html>
Arnaldo Cogorno M.

Declaraciones de Carlos Ball, entérese de como eran las relaciones de
Granier con el gobierno de 
Lusinchi<http://www.aporrea.org/medios/a29450.html>
Iván Oliver Rugeles

A pesar del espantoso prontuario, se creen dueño y señor de un
país<http://www.aporrea.org/medios/a29447.html>
José Antonio Velásquez Montaño

No sólo doblan las campanas por RCTV, sino por todos los canales golpistas
del continente <http://www.aporrea.org/medios/a29446.html>
José Sant Roz

El último show de RCTV <http://www.aporrea.org/medios/a29440.html>
Ramón Jaramillo

Libertad de expresión ¿Cuál? <http://www.aporrea.org/medios/a29438.html>
Jouseff Kan

Manos fuera de Venezuela: Declaración Internacional en materia de Medios de
Comunicación
Repudio al intervencionismo de la OEA: Corriente Internacional de la
Comunicación hacia el Socialismo <http://www.aporrea.org/medios/a29431.html>
Fernando Buen Abad Domínguez (REBELION - FUNDACION FEDERICO ENGELS)

Tela para cortar
Más comentarios sobre cierre de 
RCTV<http://www.aporrea.org/medios/a29429.html>
Arnaldo Cogorno M.

 Copyleft 2002, Aporrea.org


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