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En 1985,
Deng Xiaoping, el reconocido padre del cambio chino y tantas veces tildado
de liberal en lo económico y conservador en lo político, en una alocución
poco recordada, advertía que si como consecuencia de la reforma surgía una
nueva clase burguesa, aquella habría fracasado. A diez años de su muerte,
cuando el PCCh se dispone a impulsar un nuevo y más completo
reconocimiento de la propiedad privada (está previsto que la APN apruebe
en marzo el código de derechos reales), cabe preguntarse si ello no
supondrá contrariar aquella advertencia de Deng y, por ende, enterrar el
proyecto reformista iniciado a finales de la década de los setenta del
siglo pasado, llevándolo por otro camino.
Se dirá que ha llovido
mucho desde entonces y que las circunstancias ya no son las mismas. Pero
la esencia de la gaige y la kaifang era esa y no otra: cambiar para que
nada cambie. Por eso, a las cuatro modernizaciones se oponían los cuatro
principios irrenunciables, que deberían garantizar la inalterabilidad del
sistema político, es decir, la posición predominante del PCCh.
Hoy, la economía privada en China, en pleno auge, presenta muchas
dimensiones. Naturalmente económica, ya que su contribución al PIB ha
aumentado de forma exponencial (65% dice la Federación Nacional
de Industria y Comercio de China). Pero también, social, por el volumen de
empleo que genera, por ejemplo, y su delicada configuración; o cultural,
dada la diferente percepción de lo privado en las sociedades asiáticas, un
rasgo que, en teoría, debería facilitar la asunción de una cierta
responsabilidad social; y, por supuesto, política.
Según Chen
Xiqing, director adjunto del Departamento del Frente Unido del PCCh, la
“nueva capa social” integrada por empresarios privados, propietarios de
pequeñas empresas, gerentes de sociedades privadas o con financiación
exterior, suma un total aproximado de 50 millones de personas, con un
capital acumulado equivalente a un billón de euros.
El
reconocimiento institucional y legal de la economía privada, su irrupción
con fuerza en el conjunto de la economía del país, plantea al PCCh el
problema del surgimiento de una clase empresarial que, en buena lógica,
debería abrigar intereses divergentes a los suyos e incluso podría, en un
plazo determinado, entrar en clara colisión. ¿Que hacer para evitarlo? La
primera reacción del PCCh ha consistido en crear su propia clase
empresarial. Entre ellos cabe señalar no solo a los dirigentes, más o
menos coyunturales, de las empresas estatales dependientes del poder
central o de las diversas autoridades territoriales, sino también a los
nuevos dueños de las empresas de cantón y poblado, los antiguos gerentes
de la llamada propiedad social que en los años ochenta y noventa sirvió de
base al notable crecimiento chino. En aquel entonces se negaba cualquier
propósito privatizador, pero la realidad actual desmiente al PCCh. El 33
por ciento de los nuevos empresarios privados censados por el Partido
militan en sus filas y tienen su origen mayoritario en este sector,
adueñado, a través de métodos casi nunca elogiables, de una propiedad
social que ahora podrá acelerar su liquidación, abriendo paso al
“blanqueo” de las privatizaciones, disimuladas o no. Por eso Bao Yujun,
director de la Asociación de Estudios de Negocios Privados de China,
asegura que la composición de los propietarios de negocios privados está
deviniendo una 'élite orientada'.
Lo segundo, en lo teórico, la
triple representatividad, concepto promovido por Jiang Zemin como barniz
que justifica la cooptación de las nuevas elites empresariales que han
emergido desde otros ámbitos. Esta teoría, no obstante, puede acentuar el
perfil interclasista del PCCh y afectar a su condición “proletaria”, pero
es preferible a consentir cierto dinamismo social ajeno a las propias
estructuras del PCCh.
A mayores, el Partido dispone de otras
palancas de control. En primer lugar, la negativa a privatizar la tierra,
propuesta claramente descartada por el momento (¿pero con igual rechazo, a
la larga, que la privatización de las empresas en los años ochenta?). En
segundo lugar, los resortes administrativos en manos de unas autoridades
que pueden hacer la vida imposible a cualquier emprendedor que se salga
del guión. En tercer lugar, el convencimiento general de que nada se puede
hacer a la contra del PCCh o sin su asentimiento. En cuarto lugar,
controlando las estructuras representativas del sector y siendo
implacables contra cualquier intento de conformar grupos de poder al
margen de las estructuras oficiales. En quinto lugar, reforzando el papel
del movimiento sindical, claramente amaestrado, fomentando su implantación
en la economía privada, influyendo, a través de él, tanto en la producción
como en el comportamiento empresarial
Los intereses de la clase
empresarial y del Partido coinciden en el auge del crecimiento económico y
en la exigencia de estabilidad. Pero hay tensiones. El sector privado
expresa poca preocupación en temas como las condiciones de trabajo; la
seguridad en las minas o en sectores que emplean mucha mano de obra, como
el calzado, la seguridad y la salud de los trabajadores no figura en
la agenda.
La mayor parte de los 100.000 trabajadores que mueren
cada año en China en accidentes laborales, se registran en el sector
privado. Además, en otros aspectos como el retraso en el pago de salarios,
la ausencia de contratos, el respeto de los horarios de trabajo, etc., el
sector privado observa muy poco la legalidad. Está por ver
también como asume las exigencias ambientales planteadas por el gobierno y
que incidirán en la reducción de los márgenes de beneficio empresarial. O
como digiere el código de conducta auspiciado por Hu Jintao en las
inversiones desarrolladas en el exterior, hoy no siempre caracterizadas
por buenas prácticas, ensombreciendo la benefactora diplomacia china. Una
prueba de estas tensiones lo constituye el rechazo a la nueva ley de
contratación laboral, que deberá aprobar también la APN en la sesión a
iniciar el 5 de marzo, aunque quienes más han protestado han sido los
inversores extranjeros, muchos de ellos occidentales, ciudadanos de países
cuyos gobiernos acostumbran a exigir a China un mayor respeto de todos los
derechos humanos. Pero más derechos significa menos beneficios…
Las
tensiones pueden ir a más porque ya no se puede hacer la vista gorda sin
que afecte a la propia estabilidad social. ¿Por quién tomará partido el
Partido? Quizás poniéndose el parche antes de la herida, apuesta por la
armonía, es decir, por la paz social. Está por ver que sea posible y que
ese intento de armonizar intereses no se traduzca no solo en
insatisfacción empresarial sino también laboral, lo que pudiera conducir a
expresiones de autoorganización obrera, al margen de los canales
oficiales.
La política de paños calientes que promueve el PCCh para
proseguir la reforma, puede moderar y evitar el agravamiento de las
tensiones, pero no resolver el problema de fondo. La economía determina la
ideología. ¿Cuánto cambiará la ideología la nueva economía china? En
muchos ámbitos locales, los poderes emergentes ya tercian muy activamente
en la configuración partidaria moviendo sus peones de forma que pueda
situar el Partido en nómina y a su servicio. El poder central parece
consciente de este problema y ha reaccionado multiplicando la lucha contra
la corrupción (97.000 militantes sancionados en 2006) como uno de sus
objetivos esenciales, pero parece una lucha contra el tiempo.
Todo
ello apunta a que el PCCh intenta aún desarrollar una política atenta a la
advertencia de Deng, no solo conservando una influencia directa sobre
segmentos importantes de la economía china sino también controlando a los
sectores empresariales emergentes al margen del sector público. Pero sus
dificultades no serán menores y en el venidero XVII Congreso, a celebrar
este otoño, pudieran manifestarse los primeros signos de una pugna que en
el próximo lustro puede llevar a repensar la identidad del PCCh y, a la
postre, poner en entredicho la naturaleza mismo del propio sistema
político chino en su formato
actual. |
