LEGITIMA DEFENSA, por Jorge Gómez Barata

[Pedro Martínez Pírez <pmpirez@rhc.cu>]

Title: El tráfico de drogas no es un negocio, es un crimen, más exactamente un conjunto de actos delictivos que comienzan por el cult

NARCOTRAFICO: EN LEGÍTIMA DEFENSA

 

                                                                 Jorge Gómez Barata 

 

El tráfico de drogas no es un negocio, sino un crimen que se comete contra las personas, la familia, las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Las drogas no sólo envician, corrompen, desmoralizan y matan a las personas que las consumen, sino que ejercen un efecto global al degradar las fuerzas del orden y la administración de justicia. El narcotráfico consigue sus resultados más terribles al penetrar el sistema político y mezclarse con el poder que le provee impunidad.

Por su carácter transnacional, el tráfico de drogas desde los centros productores de Sudamérica y Asia hacía los circuitos consumidores en Estados Unidos y Europa, opera mediante redes internacionales, conectadas con los carteles locales y regionales que manejan la producción, el beneficio y procesamiento, las conexiones para el tráfico y la distribución minorista.

Se trata de organizaciones criminales que trasiegan gigantescas cifras de dinero con las que financian el empleo de sofisticados recursos tecnológicos para el ocultamiento, el transporte, adquisición de armas, documentación e identidades falsas y una actividad clandestina tan vasta como diversa. Con dinero los traficantes adquieren impunidad.

Las redes de narcotraficantes sobreviven porque cuentan con la complicidad de autoridades de los países donde operan, la tolerancia de los servicios policíacos y de administración de justicia y sobre todo, con el miedo. En esencia, los carteles del narcotráfico son esencialmente organizaciones terroristas.

El consumo de drogas alucinógenas, en sus orígenes una actividad marginal, practicada por individuos de baja catadura y pésimos antecedentes evolucionó hasta alcanzar las elites, acceder a las clases medias, la juventud ilustrada y los estratos altos, sobre todo de Europa y los Estados Unidos desde donde, por medio de la cultura de masas se exportan a todo el mundo patrones de conducta y estilos de vida que estimulan e idealizan la drogadicción.

El consumo de drogas no sólo modifica circunstancialmente el comportamiento sino que causan daños catastróficos e irreversibles a la salud; atentan contra la autoestima, deforman la personalidad y tuercen el carácter, inhiben el apetito, perjudican la memoria y merman el rendimiento laboral y académico. La droga degrada el organismo y la personalidad.

El uso continuado de drogas influye en indescifrables procesos genéticos originando taras hereditarias, conducentes a la decadencia, no sólo social y moral, sino intelectual. El drogadicto, además de un trasgresor y potencialmente un delincuente, es de hecho un enfermo que puede convertirse en un idiota.

No hay excusa para la tolerancia frente al cultivo y la fabricación, el trafico y el expendió de drogas, una batalla que por sus dimensiones no  pueden librar sólo las autoridades, gobernantes y jueces interesados en salvar a la juventud y la sociedad de semejante flagelo.

Entre las fuerzas que combaten a los narcotraficantes y a las bandas de distribuidores minoristas, las más expuestas y vulnerables son aquellos que desde la prensa, el púlpito, las cátedras y aulas y organizaciones comunitarias, se enfrentan con palabras y argumentos al poderío, la soberbia y la crueldad de poderosas organizaciones criminales armadas.

Al atacar con bombas y granadas a periódicos y periodistas, los carteles de la droga no sólo pretende atemorizarlos, sino intimidar a toda la sociedad que perpleja contempla la impunidad de las autoridades que miran para otro lado, unas veces por cómplices y otras por cobardes.

No honesto ni moral aceptar que el riesgo es un precio que han de pagar los periodistas honestos que con sentido de su compromiso con la sociedad y la comunidad, se enfrentan a malignas fuerzas. Respaldarlos, apoyarlos, es deber de la sociedad, los políticos honestos, las autoridades limpias y los gobernantes consecuentes con el mandato que el pueblo les ha entregado.

Los narcotraficantes que en busca de lucro y dinero, envilecen a la juventud y la asesinan silenciosamente, además de perseguidos, deben sentirse repudiados, denunciados y aislados del mismo modo que los periodistas, maestros, sacerdotes, jueces y agentes del orden que los combaten, deben ser protegidos por el escudo que representa el respaldo del pueblo.