Venezuela y RCTV ¿Quien
miente?
“El número de quienes
tienen derecho a escuchar y ver no cesa de acrecentarse, en tanto se reduce
vertiginosamente el número de quienes tienen el privilegio de informar, de
expresarse, de crear.”
-Eduardo
Galeano-
Mucha polémica ha causado en los medios de
comunicación la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de
la licencia del espectro radioeléctrico a la televisora privada Radio Caracas
Televisión (RCTV), parte del grupo 1 Broadcasting Caracas de propiedad
de Marcel Granier.
Se habla de que esta decisión significaría
un “atropello a la libertad de expresión” y de un “pisoteo a la libertad de
prensa”.
En primer lugar debemos entender que el
espectro radioeléctrico es un bien de dominio publico del Estado (al igual que
en nuestro país según el articulo 30 de la Constitución Nacional) como también
los recursos hídricos e hidrocarburos. Siendo así, la decisión de la
renovación o no de la licencia para la explotación del espacio radioeléctrico
responde a una decisión soberana del Estado venezolano. Como bien de dominio
público el espectro radioeléctrico no le pertenece a ningún particular y debe
ser utilizado en beneficio de todos los ciudadanos.
Una concesión es un derecho que
corresponde al Estado, el cual confiere a un particular o a una empresa
privada por tiempo definido. Una concesión no es una propiedad que se tiene
indefinidamente o que se puede heredar.
Con un medio escrito no sucede lo mismo.
Mientras una revista o diario sale a la calle y no quita espacio a otro medio
semejante, las emisoras que salen al aire impiden que otro medio igual ocupe
su mismo espacio dentro de un espectro limitado. Surge de ahí la necesidad de
la organización del espectro radioeléctrico para garantizar el libre ejercicio
de todos los ciudadanos a su derecho de “libertad de
expresión”.
El fundamento del ordenamiento jurídico de la
sociedad se basa en el respeto de los derechos y las libertades de los
ciudadanos. Mal podríamos hablar del respeto a los derechos si funcionamos
simplemente a través de la ley del más poderoso. Mal podríamos hablar de
justicia si el derecho de una mayoría se ve pisoteado por la “libertad’ de una
elite. El ordenamiento jurídico surge ante la necesidad de que la libertad de
un individuo no avasalle la libertad de otro individuo.
En Venezuela mas del 80% del
espectro televisivo esta en manos de un oligopolio mediático. En esencia el
espectro radioeléctrico se mantiene en poder de cuatro familias y es casi un
negocio de herencia familiar.
¿Solo los grandes emporios mediáticos
tienen derecho a ocupar el espectro radioeléctrico, donde en una sociedad
democrática, deberíamos poder elegir entre opciones políticas
diferentes?
¿Puede una oligarquía apropiarse
monopólicamente de los espacios radioeléctricos? ¿Es democrático
esto?
La radio y la televisión no pueden estar
única y exclusivamente al servicio de las ganancias de un sector monopólico
dedicado exclusivamente a crear hábitos de consumo.
Lamentablemente, en la realidad, el interés
público tiene mucho menos atención en los medios que las ganancias económicas
generadas por la libertad de empresa y las leyes del mercado que no siempre
están vinculadas al interés del conjunto de la población.
La concentración de la propiedad de los
medios de comunicación conduce indefectiblemente a la reducción progresiva de
la pluralidad informativa y la variedad de líneas de
opinión.
De
acuerdo con la UNESCO en un reporte preparado en 1980, asumiendo que
“Los medios de comunicación ejercen una influencia capital sobre las ideas
y las opiniones, sobre la evolución, para bien o para mal, de todas las
sociedades”, “la concentración de las fuentes de información bajo el
control de grupos dominantes desemboca, cualquiera que sea el sistema
político, en un remedo de la libertad”.
En el editorial del diario Ultima Hora
publicado el 2 de febrero pasado que llevaba como titulo: “La libertad de
prensa es un valor que necesita ser defendido sin concesiones” se decía
que la prensa ejercía la “tarea de contralor del poder para que los
gobernantes no se extralimiten en sus funciones”. El dilema surge cuando
nos planteamos ¿que sucede cuando es el llamado “cuarto poder”
el que se “extralimita en sus funciones”?
El medio de comunicación es un actor
social. En el ordenamiento jurídico todos los actores sociales tienen derechos
y obligaciones. No se puede pretender que este sea un ente supra-social que
escape a todo tipo de regulación por parte del Estado o la sociedad
civil.
¿Es posible que se reclame una especie de
poder divino por encima de sociedades, naciones, instituciones,
derechos sociales, por el simple hecho de contar con los recursos financieros
para tener la propiedad de los grandes medios?
Hoy día buena parte de la propiedad de los
medios informativos se encuentra en manos de empresas ajenas por completo al
mundo de la comunicación. Existen así cadenas de televisión y de radio, o
periódicos, que son propiedad de compañías dedicadas en lo fundamental a la
telefonía, a la construcción, o a la explotación de los
derivados del petróleo, o a las finanzas. El mismo Marcel
Granier director y propietario de la RCTV fungía
junto a su socio corporativo, de representante comercial en Venezuela de la
corporación norteamericana General Dynamics fabricante de los
aviones de combate F-16.
Según Horacio Verbitsky, periodista
argentino y columnista del diario Página 12, “los medios bajo una
estructura monopolística son usados por sus propietarios como 'guardaespaldas'
para favorecer otros negocios”. Agrega además que “Lo sabe todo el
mundo, pero nadie lo ha dicho porque los favorece a todos. Son cómplices de
una medida que beneficia a todos pero que afecta a la
sociedad”.
El lingüista esloveno, Lenar J. Kucic compara a
los medios con un parque público que debe ser defendido de
invasiones privadas. Irónicamente en nuestro país lo de “invasión a un
parque público” podría ser tomado no solo como una metáfora. Recuérdese el
caso de un parque del barrio Sajonia.
Me pregunto que críticas hacían los sectores que
hoy se escandalizan por la no renovación de la licencia de RCTV cuando
durante el golpe de estado contra el Pte. Chávez, el gobernador opositor del
estado de Miranda, Enrique Mendoza se refería al canal estatal venezolano
diciendo “a esa basura de canal, llamado Venezolana de Televisión la vamos
a sacar del aire” ante el aplauso de Marcel Granier y todos los demás
directivos de plantas y emisoras privadas. Vale la pena subrayar que
cumplieron con lo dicho tumbando la señal del canal estatal.
Maurice Lemoine subdirector del periódico
francés Le Monde Diplomatique que se encontraba en Caracas durante el
golpe de estado contra el Pte. Chávez explicaba en una entrevista: “Lo que
me impresionó, en primer lugar, fue la campaña mediática. La observé como
periodista. Y me pareció increíble semejante grado de violencia, deshonestidad
y desinformación”. “La clase media ha sido totalmente descerebrada por los
grandes medios de comunicación”.
La “Federal Communications
Comisión”, organismo ESTADOUNIDENSE encargado de regular
el funcionamiento de los medios de comunicación de ese país, ha declarado
públicamente que "manipular fraudulentamente o presentar las noticias con
parcialidad es el acto más infame en contra del interés público”. La FCC
publica además que “toma cartas en el asunto para proteger el interés
público cuando ha recibido evidencia documentada de dicha manipulación
fraudulenta o parcialidad”.
El canal RCTV tuvo un papel
protagónico en el quebrantamiento del orden constitucional del 2002 y a través
de su virulenta campaña se transgredieron las normas mínimas del tratamiento
honesto de la información. A tal punto que el entonces director de
programación del canal Andrés Izarra renuncio a su puesto para no
convertirse en cómplice y en una entrevista a la producción irlandesa
Radio Telefís Éireann, relata como el
día del golpe y los siguientes había recibido la orden formal de Marcel
Granier de “no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores,
sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con
él”.
Bárbara Vecci del Comité de Usuarios de
Medios de Comunicación (Cumeco), expresa que para ella son los medios privados
“quienes estaban amordazando la libertad de expresión”
y que la señal del canal 2, hoy utilizada por RCTV
“debe abrirse a cooperativas de periodistas y de productores nacionales
independientes”.
En salvaguarda del derecho a la tan mentada
“libertad de expresión”, los Estados deben promover políticas publicas que
apoyen las iniciativas de medios comunitarios que garanticen la pluralidad de
opinión y la democratización de la información como se estipula en el celebre
informe McBride aprobado por la UNESCO que dice que es necesario
“formular una política cultural nacional encaminada a fomentar la identidad
y la creatividad cultural, recurriendo a los medios de comunicación social
como instrumentos de apoyo” .
-Diego Veron De Astrada-
dveron@gmail.com