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La
crisis de México en el contexto del desafío de América Latina al
imperialismo
Por James Cockcroft
Presentación en el Encuentro Mundial de Intelectuales y
Artistas en Defensa de la Humanidad celebrado en Roma, Italia, del 11 al
13 de octubre de 2006
En el contexto del creciente desafío que
América Latina y el Caribe, así como otras regiones del mundo, presentan
al imperialismo usamericano, México ha experimentado un golpe de estado
electoral diseñado o apoyado por fuerzas de la derecha favorables a las
grandes corporaciones, al narcotráfico y al clero, y por sus aliados en
los medios de comunicación, la embajada de Usamérica y Washington. Esta es
una nueva fase crítica en lo que he denominado “la introducción de
dictaduras por etapas” tanto en México como en Usamérica. La crisis
resultante se relaciona más con los 25 años del reinado del neoliberalismo
económico y las respuestas de los movimientos sociales mexicanos, que con
la política electoral como tal.
En América Latina, el
neoliberalismo económico ha socavado la industria local, el pequeño
campesinado y las oportunidades de trabajo, así como toda la credibilidad
o legitimidad de las limitadas “democracias burguesas” logradas por las
luchas populares contra las brutales dictaduras militares de los años
1964-1982. El gradual genocidio económico del neoliberalismo en contra del
pueblo ha ocasionado incontables muertes prematuras y ha generado una
pobreza humillante para más de las tres cuartas partes de la población de
la región, una disminución de la capacidad de ascenso de las clases
medias, desesperados esfuerzos de defensa de las menguadas filas de los
trabajadores organizados y oleadas de migración interna y externa. También
ha producido la multiplicación de los movimientos sociales y giros
electorales hacia la izquierda que, en el caso mexicano, incluyen las
elecciones presidenciales robadas en 1988 y 2006.
El imperialismo
usamericano ha respondido de manera violenta, con métodos que tienden cada
vez más hacia lo militar y paramilitar: construcción de nuevas bases
militares; amenazas y actos terroristas contra los pueblos de Venezuela,
Cuba, Bolivia y los llamados “estados fallidos” en toda la región;
intervención militar para derrocar gobiernos elegidos democráticamente,
como en Haití; desestabilización de gobiernos de centro/izquierda o
populistas/nacionalistas; fomento de gobiernos paralelos del crimen
organizado; más represión de estado y terrorismo paramilitar;
conspiraciones al estilo de la CIA y movilizaciones contrarrevolucionarias
estimuladas por los medios de comunicación; reaparición de escuadrones de
la muerte; criminalización de actos de protesta; aumento de la violencia
contra las mujeres, los homosexuales, los transexuales, las minorías
étnicas, la juventud inconformista, los periodistas y las organizaciones
progresistas; y, por supuesto, amenazas e intervenciones en campañas
electorales nacionales en 2006, como en los casos de Perú, Colombia,
Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela –y México-.
El golpe
electoral mexicano fue preparado y puesto en marcha antes y después de la
fraudulenta votación presidencial del 2 de julio de 2006. La participación
ilegal y delictiva de la oficina del presidente Vicente Fox en contra de
la futura campaña del candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López
Obrador, incluye a los “videoescándalos” en 2003, a través de los cuales
se intentó involucrar a López Obrador en casos de corrupción, así como el
caso del desafuero en 2004, en el que se intento despojarlo de su
inmunidad como funcionario elegido, plan que fracasó cuando 1,3 millones
de personas recorrieron el Paseo de la Reforma de Ciudad de México en la
histórica “Marcha del Silencio”.
Luego, durante la campaña, la
oficina de la presidencia usó fondos públicos y a los medios de
comunicación privados y monopolizados para demonizar a López Obrador,
repitiendo una y otra vez la acusación del director nacional de
inteligencia de Usamérica, John Negroponte, de que López Obrador
representaba un “peligro” para México. Esto formaba parte de un plan más
amplio de “guerra sucia” en la campaña electoral dirigida por el candidato
del partido de Fox, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN),
Felipe Calderón Hinojosa.
Las pruebas disponibles sugieren que
López Obrador obtuvo entre medio millón y dos millones de votos más que
Calderón, el ganador “oficial” por un margen de apenas 0,58%, y que la
burguesía mexicana y el imperialismo usamericano seguirán tratando de
impedir un México gobernado por López Obrador o por quienes piensen como
él. ¡Ahora hay planes de quemar todas las boletas electorales, como se
hizo en 1988, en lugar de recontarlas!
Como consecuencia de ello,
han surgido formas incipientes de “poder dual”. Un movimiento de
resistencia cívica, pacífico y disciplinado, ha tratado de evitar que se
repita el infame robo de las elecciones presidenciales ocurrido en 1988,
defendiendo la legitimidad de la nueva presidencia de López Obrador, a
quien el movimiento pretende juramentar el 20 de noviembre, “Día de la
Revolución”, la fecha en la que comenzó la Revolución Mexicana de 1910.
Este nuevo movimiento, calumniado o ignorado por los engañosos medios de
comunicación, también promete protestar y bloquear la juramentación
“oficial” de Calderón el 1 de diciembre y otras apariciones públicas del
“presidente” ilegítimo de México. Como en la Revolución Mexicana de 1910,
cuando la consigna de Francisco I. Madero fue “sufragio efectivo, no
reelección”, la consigna de este movimiento es “sufragio efectivo, no
imposición”. Citando el artículo 39 de la Constitución de 1917, que otorga
al pueblo la soberanía nacional y el derecho inalienable de modificar la
forma de su gobierno, este movimiento convoca a fundar una nueva república
con plena soberanía nacional.
El movimiento mexicano por una nueva
república es producto de más de dos décadas de protestas sociales contra
el neoliberalismo y la entrega de gran parte de la economía nacional a
bancos y corporaciones extranjeros, especialmente después de la entrada en
vigencia del TLC y el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994.
Desde el 2 de julio de 2006, han ocurrido tres megamarchas, en la última
de las cuales, el 30 de julio, participaron al menos 2,5 millones de
personas, o uno de cada 40 mexicanos. También se celebró una “asamblea y
vigilia popular” durante siete semanas, las 24 horas del día, en 47
campamentos instalados en los 11 kilómetros de las calles del centro de la
ciudad más grande del mundo, Ciudad de México, a la cual se unió López
Obrador, cuyo partido político, el PRD (Partido de la Revolución
Democrática), gobierna la ciudad. Muchos otros campamentos y protestas
pacíficas han ocurrido en todo el país, incluso en el norte “conservador”
donde el PRD aumentó su porcentaje de votación, aunque, como era
predecible, perdió ante el PAN. El corrupto Tribunal Electoral y la
Suprema Corte rechazaron la principal solicitud de los manifestantes: el
recuento de todos los votos.
El 1 de septiembre, miembros del PRD,
el segundo partido del Congreso recién elegido, junto con varios nuevos
legisladores izquierdistas, impidieron que el presidente Vicente Fox
presentase su informe de Gobierno al Congreso. El 16 de septiembre, la
Convención Nacional Democrática (CND), con más de un millón de delegados,
aprobó propuestas para realizar cambios revolucionarios a través del
Frente Amplio Progresista, la coalición electoral de López Obrador “Por el
Bien de Todos”, ampliada para incluir a varios sindicatos, movimientos
sociales, grupos e individuos. La CND decidió apoyar la futura presidencia
de López Obrador y programar otra convención en 2007, así como asambleas
ordinarias de la comisión política nacional, la comisión de resistencia
civil y la comisión de reforma constitucional, todas recientemente
nombradas. Por último, la CND decidió realizar un plebiscito en 2007 para
convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución (o
modifique la vigente de 1917), a fin de incorporar las demandas de “los de
abajo” –la mayoría de los mexicanos-, incluyendo a los indígenas, que
viven y trabajan en condiciones de pobreza extrema. En palabras de López
Obrador:
“Queremos vivir en una patria diferente, ya no queremos
que haya mexicanos de primera y de segunda, no queremos que haya 50
millones de pobres que carecen hasta de lo más indispensable cuando México
ocupa el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, ya no queremos
vivir en un mar, en un océano de desigualdades. ¡Arriba los de abajo!”
No es ninguna sorpresa que innumerables mexicanos estén
participando en este movimiento nacional encabezado por López Obrador y la
CND para defender su incipiente pero violada democracia y sus movimiento
sociales formados por gente de todas las edades. Están desafiando el
Estado “oficial” del presidente Fox, un cachorro del imperialismo
usamericano, y a su sucesor Calderón, cuya campaña se basó en un programa
de “reforma económica” populista, que prometió seguir adelante con las
privatizaciones que se están realizando en los sectores de energía,
educación y salud y aprobar una nueva ley del trabajo que tendría el
efecto de debilitar los sindicatos independientes y fortalecer aún más los
dirigidos por “los charros” (sindicalistas corruptos). Pocos mexicanos
confían en las instituciones del Estado, que durante el reinado del
neoliberalismo se han vuelto más corruptas que nunca antes y, por lo
tanto, no tienen legitimidad a ojos del público en general.
Igualmente importante, en el estado mayoritariamente indígena de
Oaxaca, donde el PRD ganó las elecciones del 2 julio, un asombroso
movimiento pacífico, que ya dura cuatro meses, de maestros, estudiantes,
campesinos, obreros, pequeños comerciantes e, incluso, algunos policías,
ha creado la “comuna de Oaxaca” y una forma de poder dual bajo los
auspicios de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El
pueblo, unido en la APPO y sin partidos políticos, está manejando el
estado mediante la acción directa. Han exigido la destitución del corrupto
gobernador del estado, Ulises Ruiz, miembro del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el cual llegó en tercer lugar en las elecciones de
presidente y Congreso. Este movimiento ha crecido a pesar del aumento de
la represión por parte de los matones contratados por Ulises Ruiz y de la
Policía Federal Preventiva (PFP), conocida por sus actos de violencia y
violaciones contra la comunidad de San Salvador de Atenco en mayo de 2006.
Ulises Ruiz cuenta con el apoyo del presidente Fox, del PAN y de la
mayoría del PRI. En Oaxaca y en otros estados del sur se han perpetrado
innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos,
secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, disparos y
destrucción violenta de emisoras de radio alternativas.
En este
momento, cuando termino de escribir este artículo (2 de octubre de 2006),
más unidades de la PFP y de las Fuerzas Armadas mexicanas están tomando
posiciones en Oaxaca. Al mismo tiempo, la “Marcha-Caravana de la Dignidad
de la APPO” está llegando al Senado nacional en Ciudad de México para
exigirle que destituya a Ulises Ruiz de su cargo de gobernador. El Senado
tiene facultades constitucionales para hacerlo y, de hecho, hace algunos
años destituyó a otro gobernador impopular de Oaxaca. Ahora, sin embargo,
el Senado está controlado por el “PRIAN” (el PAN y el PRI). El presidente
Fox ha advertido que si no se llega a un acuerdo negociado a más tardar el
4 de octubre, “la transgresión de la ley debe ser indebida y debe ser
castigada”. ¡Palabras amenazadoras del mismísimo gran violador de la ley!
Movimientos organizados unitarios iniciados por pueblos indígenas,
mujeres y jóvenes, en su mayoría campesinos, maestros, estudiantes,
dependientes, vendedores ambulantes, desempleados y sindicalistas, están
creando “comunas” en otros estados como Guerrero. Mientras tanto, los
municipios autónomos de los Zapatistas en Chiapas siguen gobernándose y
defendiéndose de las fuerzas paramilitares del gobierno y los escuadrones
de la muerte.
Las élites políticas y empresariales mexicanas temen
que estos ejemplos bien organizados y altamente disciplinados de acción
directa del “poder del pueblo” sigan creciendo. Aún más, en la izquierda
mexicana, tanto en la nueva coalición anticapitalista forjada durante la
“Otra Campaña” no electoral que los zapatistas desarrollaron durante un
año, como en los diversos movimientos multiclasistas que apoyan a López
Obrador, a los que ahora se han unido muchos de los grupos y personas que
apoyaron la Otra Campaña, se habla cada vez más de la necesidad de
celebrar una “Asamblea Constituyente” nacional para crear una nueva
constitución en la que se inscriba una genuina democracia política y
económica “desde abajo”.
López Obrador, quien realizó una campaña
basada en un programa moderado con visos de ser una modificación
socialdemócrata del neoliberalismo, ha mostrado un agudo entendimiento de
las masas y de la historia de México al moverse resueltamente hacia la
izquierda a partir del 2 de julio. Al abogar por cambios revolucionarios
sin violencia en beneficio de “los de abajo”, ha denunciado el
neoliberalismo, promovido la seguridad social de “la cuna a la tumba” para
todos, y advertido de los peligros de la cooptación. Los cinco puntos
principales de su programa son proteger a los pobres, defender la
soberanía y el patrimonio de la nación, incluyendo los recursos económicos
básicos y la diversidad cultural, combatir la impunidad de los violadores
de derechos humanos y los funcionarios corruptos, hacer realidad el
derecho a la información y reformar las instituciones políticas.
Otras demandas de los movimientos de masas incluyen la aprobación
de los Acuerdos de San Andrés de Larráinzar que garantizan el derecho de
los indígenas a la autonomía y que recibieron el respaldo de la CND y de
López Obrador el 16 de septiembre, que se acabe con el charrismo, que se
libere a los presos políticos, que se ponga fin a la militarización de
México y a la criminalización de los movimientos sociales, una verdadera
igualdad de derechos para las mujeres y fin a la violencia de género,
genuina participación democrática en lugar de la toma de decisiones por
arriba característica del PRD, a pesar de la promesa de López Obrador de
que su gobierno “insistiría constantemente en la transformación
democrática de las instituciones”, defensa de los derechos humanos y
laborales de la casi tercera parte de la fuerza laboral mexicana que está
desempleada o que trabaja en Usamérica, donde la mayoría no pudo ejercer
su recién adquirido derecho a votar el 2 de julio; rechazo al TLC y al
ALCA; y programas económicos específicos que pongan en jaque no sólo al
neoliberalismo sino al propio sistema capitalista.
El futuro de
México es tan impredecible e incierto como el movimiento de López Obrador
hacia la izquierda. El papel del ejército sigue siendo objeto de
acalorados debates. Algunos piensan que su mano estuvo detrás de la
aprobación de las medidas para evitar una rumoreada pero falsa amenaza de
asaltar el Congreso por parte de los manifestantes en septiembre. Cuarenta
vehículos blindados y alrededor de 8.000 policías antimotines, incluyendo
miembros de la impopular PFP, rodearon el edificio del Congreso. Pero
algunos analistas señalan que es posible que el ejército no se atreva a
reprimir directamente a un movimiento de resistencia cívica tan grande,
disciplinado y pacífico. Internamente, en las Fuerzas Armadas existen
diferencias de opinión e, incluso, elementos favorables al PRD. Muchos
policías de Ciudad de México están comenzando a simpatizar con el
movimiento. Además, López Obrador ha declarado que “una agresión de la
Policía Federal Preventiva al pueblo la tomamos como una agresión del
Ejército”. También ha dicho que no tiene problemas con el ejército, pues
los mal pagados soldados son familiares de gente “que está en este
movimiento” y el ejército “es una institución garante de la soberanía
nacional”. No obstante, el aumento de la presencia militar en Oaxaca y las
amenazas del presidente Fox no son una buena señal.
Otra
interrogante es qué papel jugarán en el futuro los Zapatistas, cuyas
cuatro últimas proclamas evidencian una completa desconfianza en López
Obrador, el PRD y en todos los políticos de “arriba”, pero respetan el
nuevo movimiento de masas que está detrás de la CND porque incluye a
muchos de “abajo” y a personas sinceras y honradas. Los Zapatistas siguen
en el camino que se han trazado con la Otra Campaña, es decir:
...organizando e inventando otra forma de hacer política... Porque algun@s
de abajo... ya identificamos nuestro dolor y al enemigo que lo causa: el
capitalismo... no buscamos quién nos dirija, ni a quién dirigir. Y no
buscamos conseguir desde arriba lo que se construye desde abajo.
En su quinto comunicado del último día de septiembre, sin embargo,
el alto mando de los Zapatistas emitió una ligera autocrítica que concluyó
con un plan detallado de debate interno entre todos los grupos e
individuos que firmaron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005)
que dio inició a la Otra Campaña, incluyendo a aquellos que después del 2
de julio de 2006 comenzaron a participar en el inmenso movimiento social a
favor de López Obrador y la CND. Las discusiones zapatistas se realizarán
en octubre y noviembre a través de Internet y de asambleas locales y la
consulta acerca de las propuestas presentadas se realizará entre el 4 y el
10 de diciembre. El objetivo es que la Otra Campaña defina “claramente sus
características, su estructura organizativa, su política de alianzas, los
lugares de cada quien, quiénes están y quiénes no, así como las tareas
comunes.” Entonces, a partir de febrero de 2007 la Otra Campaña pretende
iniciar una nueva etapa de viajes y consultas para definir un “Programa
Nacional de Lucha”.
A medida que las fuerzas de la derecha tratan
de imponer un presidente ilegítimo y de consolidar una dictadura y a
medida que la situación llega a niveles explosivos en todo México, se hace
cada vez más urgente que durante la consulta zapatista a los adherentes de
la Sexta que participan en el Frente Amplio Progresista que apoya a la
CND, se inste tanto a los Zapatistas como a López Obrador a tomar medidas
serias para lograr la unidad nacional y no meras declaraciones de respeto.
Sin esa unidad, las posibilidades de progreso en México se reducirán,
mientras que las posibilidades de que se ejerza una violenta represión
generalizada aumentarán.
Es muy importante señalar que los dos
movimientos sociales más grandes que han surgido en los últimos nueve
meses en América están dominados por mexicanos: el movimiento a favor de
los derechos de los inmigrantes en Usamérica y el movimiento a favor de la
democracia y contra el neoliberalismo en México. El movimiento de los
inmigrantes ha comenzado a relacionarse con el movimiento en contra de la
guerra y con el resto de los trabajadores organizados en Usamérica, así
como con los movimientos indígenas y otros movimientos sociales en Canadá,
Usamérica, México, el resto de América Latina, y con los movimientos por
los derechos de los inmigrantes en Europa. Todos los economistas están de
acuerdo en que sin el trabajo de los aproximadamente 12 millones de
inmigrantes mexicanos indocumentados, la economía de Usamérica entraría en
crisis. No obstante, a finales de septiembre el Congreso de Usamérica
aprobó la construcción de un muro de 1.125 kilómetros en la frontera con
México, a donde ya el gobierno de Bush ha enviado 6.000 soldados, en lo
que representa una amenaza tácita no sólo contra los inmigrantes, sino
contra México. El Congreso también aprobó la Ley de Comisiones Militares
de 2006, que representa una importante escalada en la “guantanamización”
de Usamérica y en los ataques a los inmigrantes. Esta ley autoriza al
presidente a designar a cualquier persona (ciudadana o no de ese país)
como un “combatiente enemigo ilegal” y a detenerla indefinidamente sin
acusación ni juicio, con lo que se anula el derecho democrático básico al
habeas corpus. La ley, además, impide que los funcionarios gubernamentales
sean juzgados por crímenes de guerra o tortura.
Cuanto más se unan
estos dos enormes movimientos a ambos lados de la frontera
México-Usamérica y cuanto más unan fuerzas los movimientos sociales de
toda América, de Europa y del resto del mundo, mayor será el desafío al
imperialismo usamericano y las esperanzas de la humanidad. Como afirmé en
el libro que publiqué antes de las elecciones, “México: Momento histórico.
Decisiones 2006” [México: Jorale Editores & Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, junio de 2006, www.jamescockcroft.com], México es un
factor fundamental en los planes del imperialismo usamericano para dominar
América Latina y el resto del mundo.
Es posible que la celeridad
con la que ocurran las transiciones distanciándose del neoliberalismo
capitalista y la frecuencia de las rupturas con el capitalismo y el
imperialismo, sean decisivas para el futuro de México, que se encuentra
actualmente en un estado de semiinsurgencia, y para el futuro de todo el
planeta. En última instancia, la humanidad no podrá salvarse si no crece,
y pronto, la práctica del internacionalismo, ya vigorizado por los
recientes sucesos en América Latina, el movimiento altermundialista y los
encuentros internacionales como éste.
El internacionalismo es un
proceso de solidaridad humana e intercambio de experiencias, de aprender
del “otro”. Las personas reunidas aquí y en encuentros internacionales
similares en todo el mundo, tienen la oportunidad de producir un cambio
decisivo.
Permítanme ahora concentrarme en lo que este encuentro
mundial de intelectuales y artistas puede hacer por México. En mi opinión,
debemos proclamar aquí y en el creciente número de capítulos de nuestra
Red de redes en Defensa de la Humanidad, nuestra solidaridad con el pueblo
de México que está resistiendo un golpe de estado electoral que ha roto su
orden constitucional, al mismo tiempo que resiste el imperialismo y un
sistema económico internacional que sufren no sólo en México, sino también
en Usamérica, Canadá y Europa. Debemos pedir que no se reconozca el
gobierno de Calderón por haber sido elegido de manera fraudulenta, que se
reconozca la presidencia legítima de López Obrador y que se apoye el
incipiente proceso democrático de la CND, así como la lucha de los
Zapatistas. Debemos apoyar la comuna de la APPO de Oaxaca. También debemos
apoyar a los comuneros de San Salvador Atenco, tan brutalmente atacados el
pasado mes de mayo, y la liberación de todos los presos políticos de
México, y que se responda por los cientos de “desaparecidos”.
Por
último, debemos defender el derecho de habeas corpus y exigir que las
autoridades usamericanas suspendan de inmediato todas las detenciones sin
acusación o con falsas acusaciones, como en el caso de los “Cinco de
Cuba”, a quienes considero verdaderos “héroes de la humanidad”, y de
innumerables inmigrantes árabes, mexicanos y latinoamericanos. Debemos
exigir que cese la impunidad de los torturadores del mundo y de los
criminales de guerra de las últimas seis décadas y declarar nuestro apoyo
a los inmigrantes del mundo. Al condenar una vez más al imperialismo
usamericano y al gobierno de Bush, debemos estar seguros de expresar
nuestro apoyo por el pueblo de Usamérica que enfrenta la llegada de la
tortura y el fascismo.
Todo dependerá de la unidad e
internacionalismo que puedan construirse alrededor de los movimientos
sociales y de los gobiernos progresistas, dadas las crecientes presiones
del imperialismo. Una unidad e internacionalismo que no sólo son posibles
sino que son absolutamente necesarios. Los debates acerca de los
socialismos de América Latina generalmente se basan en el principio de la
creación de estados ecológicamente responsables de “poder popular”, donde
el pueblo (o, en el lenguaje de los Zapatistas y cada vez más en el de
López Obrador, los de abajo) sea, en palabras de la Constitución de
Venezuela, “el protagonista”. Todos estamos de acuerdo en el objetivo
fundamental: liberar a la humanidad, celebrar la vida, honrar la muerte y
salvar al planeta.
El Dr. James D.
Cockcroft (Ph.D., Universidad de Stanford), autor premiado y activista por
los derechos humanos, es profesor de Internet en la Universidad Estatal de
Nueva York y vicepresidente del Tribunal Benito Juárez. Es autor de 40
libros sobre América Latina, México, derechos humanos, migración,
multiculturalismo, Oriente Próximo y políticas públicas, y también es
poeta. Ha obtenido la beca Fulbright en tres oportunidades y es editor
honorario de la revista “Latin American Perspectives”.y miembro de la
Junta Editorial del periódico sueco “Tidsignal”. Entre sus libros más
recientes están América Latina, La Esperanza de México, Visiones
Latinas, México: Momento Histórico. Decisiones 2006, y
Trabajadores de Michoacán. Historia de un Pueblo Migrante.
Inmigrante canadiense, es miembro de la Coalición Venezuela Estamos
Contigo, de la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec-Cuba, del Comité
Fabio Di Celmo por los 5, del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de
Solidaridad Mundial y del Comité Coordinador Internacional en Defensa de
la Humanidad. Su blog bilingüe es www.jamescockcroft.com.
FUENTE: http://www.defensahumanidad.cult.cu/artic.php?item=1090 |
