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Un nuevo y
hondo malestar se masca en Santiago. En las paradas de autobus y de metro,
en barrios populares como La Victoria, trinchera en la resistencia a la
dictadura, en los pasillos de hospitales públicos y en las puertas de los
colegios, se expresa a viva voz una nueva conciencia sobre los problemas
de Chile y acerca de los responsables de que el “modelo” –del que todavía
se ufanan los políticos de derecha y de izquierda- esté dando claras
señales de agotamiento.
En quince meses el gobierno de Michelle
Bachelet ha acumulado problemas y se le han abierto varios frentes.
Primero fue la masiva y maciza protesta de los estudiantes secundarios
contra una ley de educación heredada del dictador. La movilización
consiguió poner sobre la mesa el problema del lucro en la enseñanza que
buena parte del oficialismo se niega a poner en cuestión. Cuando aún no se
habían acallado los ecos de las asambleas estudiantiles, llamadas a
convertirse en un parteaguas de una cultura política que gira en torno a
la representación, la puesta en marcha del Transantiago (sistema de
transporte colectivo privado) provocó una crisis política que puede
arruinar a la Concertación
Democrática, la alianza demócrata cristiana y socialista
que administra el sistema electoral chileno desde que en 1990 Pinochet
dejó la
presidencia. El malestar trepó varias grados a principios
de mayo con el asesinato de un obrero forestal por el cuerpo de
Carabineros, en el sur mapuche donde la rabia ancestral se siente a flor
de piel.
Por primera vez en años los políticos se muestran
preocupados por el rumbo que están tomando los acontecimientos. El
“modelo” económico hace agua. Un reciente estudio de dos economistas de la
Universidad de Chile, Orlando Caputo y Graciela Galarce, señala que en
2006 se produjo una salida récord de capitales: 25 mil millones de
dólares, un 17% del PBI. Aseguran que la economía chilena vive un
“agotamiento” y que “sólo el aporte de la minera estatal Codelco permite
que no aflore una crisis”. En el país que ha glorificado como ninguno al
sector privado, es el sector estatal el que está salvando la situación.
La mayor parte de los capitales que fugaron, o retornaron según la
jerga tecnocrática, pertenecen a la minería que se vio beneficiada con la
desnacionalización del cobre. El sindicalista Pedro Marín declaró al
diario Clarín: “Codelco tiene 30% del negocio y las extranjeras el 70%.
Pero en sus aportes al fisco es al revés: Codelco aporta 70% y las
exranjeras 30% pese a sus ganancias”. La impresión es que la situación
económica del “modelo” pende de un hilo, pero de cobre: en 2003 se
cotizaba a 80 centavos de dólar la libra, este año alcanzó los tres
dólares. La situación es muy grave porque la salida de capitales en 2006
equivale al 84% del presupuesto del Estado y de continuar amenaza con
frenar en seco el crecimiento.
La cuestión del Transantiago es más
grave aún, porque desnuda ante la población la perversión del “modelo”. El
gobierno entregó a privados la remodelación del caótico sistema de
transporte colectivo de la capital. El
Transantiago se inspira en el Transmilenio de Bogotá:
grandes unidades circulan por carriles separados con recorridos
principales y secundarios. Se estrenó en febrero y fue un caos. Faltan
unidades porque los privados no quieren arriesgar. En los barrios más
pobres, donde es menos rentable, los autobuses no llegan o lo hacen con
enormes lagunas. La población debe caminar kilómetros para llegar a una
parada donde puede esperar hasta una hora la llegada de un autobus. Miles
han perdido sus empleos por llegar tarde. Y el metro está tan
congestionado que no da abasto.
A la bronca inicial, que generó
algunas manifestaciones espontáneas, le siguió la indignación a medida que
se conocen los niveles de improvisación y de especulación de los
empresarios. Como el servicio da pérdidas (30 millones de dólares sólo en
abril) el gobierno decidió auxiliar a los privados. El eficiente metro
estatal fue forzado a prestar dinero al Transantiago y ahora el gobierno
Bachelet propone al parlamento un préstamo de 290 millones a una empresa
privada que inclumplió contratos. Hasta diputados de la democracia
cristiana cuestionan que el Estado esté apoyando la ineficiencia
empresarial. El ex presidente Eduardo Ruiz, un demócrata
cristiano neoliberal, pidió que se establezca “un sistema de transporte
estatal como en las grandes ciudades del mudo”. Algo impensable unos años
atrás.
Un sector de la gobernante
Concertación difundió hace dos semanas un documento
titulado “Las disyuntivas”, en el que pide “introducir rectificaciones al
actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la
construcción de un sistema integral de protección social”. El oficialismo
siente que se le hunde el suelo. Va más lejos. Critica un modelo para el
que “más importante que la cohesión social de un país es su nivel de
reservas fiscales”; denuncia “graves problemas de calidad de la educación,
la salud, la vivienda, la protección el ambiente” y un largo etcétera;
advierte sobre “la precaria calidad de nuestra democracia” y censura “las
enormes injuticias y desigualdades”. Casi un manifiesto de la oposición de
izquierda.
En realidad, el problema está en otra parte. Ahora la
protesta social tiende a ir más allá de los sectores que siempre
estuvieron a contrapelo del modelo neoliberal chileno como el pueblo
mapuche y la juventud contestataria. La larga huelga en el sur, donde
siete mil obreros forestales doblaron el puño de los poderosos y soberbios
empresarios del Grupo Angelini, uno de los más fuertes de Chile, es todo
un síntoma de los nuevos tiempos. Los obreros usaron maquinaria pesada de
la empresa para resistir a los Carabineros, con un saldo de varios heridos
y un muerto.En algún momento las protestas de obreros, pobladores,
mapuches y estudiantes pueden confluir. Sabemos que cuando a los de abajo
no los frena la represión, los de arriba empiezan a pensar en introducir
cambios para retocar el
maquillaje. |
