Los ejecutivos de la
multinacional norteamericana Chevron-Texaco en Caracas fueron testigos, a
mediados de julio pasado, de una desafiante operación.
Funcionarios del Seniat,
la entidad recaudadora de impuestos de Venezuela, allanaron sus oficinas
principales y se llevaron varias computadoras como parte de una
investigación por una presunta evasión tributaria.
Un mes después los
agentes de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), en la capital
venezolana, presenciaron un espectáculo
similar.
Vieron cómo funcionarios
antinarcóticos del gobierno venezolano asumían el control de un
santuario computadorizado de recaudación de
información de inteligencia que la DEA manejaba casi exclusivamente en el
quinto piso de la sede de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de
las Drogas (CONACUID).
El presidente Hugo
Chávez aseguró que el centro era usado para espiar al gobierno
venezolano.
A los pocos días,
Estados Unidos canceló la visa a tres militares venezolanos bajo sospechas
de que tienen vínculos con el tráfico de drogas.
Por su reiteración,
estos incidentes dejan en claro que, al menos en los últimos meses,
Venezuela y Estados Unidos se han especializado en dos estrategias que han
demostrado el mayor poder de avería en la guerra desarmada entre los
gobiernos: la intimidación petrolera y el
garrote de la lucha antinarcóticos.
Por un lado Estados
Unidos quiere probar en Venezuela, como lo ha hecho durante décadas en
América Latina, que cuando ningún control persuasivo de su política parece
funcionar, el arma más temida es la amenaza
de la apertura de encausamientos por narcotráfico,
combinado con el retiro de visas de altos funcionarios y la descertificación del país desobediente en la prueba
antinarcóticos que practica cada año al mundo
entero.
El gobierno de Chávez, a
sabiendas de que cualquier maniobra que ponga en riesgo los intereses de
la industria petrolera de Estados Unidos en Venezuela se siente en
Washington como un sismo, ha
decidido apretar las tuercas tributarias de las empresas
petroleras y poner en zalmuera algunos contratos
adjudicados por administraciones anteriores.
Cuánto ha funcionado la
estrategia de cada país para dar la pelea, es algo que sólo se puede medir
por las apariencias, pues ninguno de los bandos quiere dar la impresión de
haber cedido.
La visita la semana
pasada al Palacio de Miraflores del republicano Arlen Specter, uno de los
más influyentes senadores de Estados Unidos, arrojó algunas luces,
al menos de la altura que tiene ahora la partida.
Specter es el presidente
de la Comisión Judicial del Senado que deberá confirmar el nombramiento
del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, John
Roberts.
Al momento de sentarse
con Chávez, llevaba un par de caramelos diplomáticos que
garantizaban la comodidad del diálogo y probablemente el eco a sus
peticiones.
Specter llegó con
noticias frescas de Cuba, país que había visitado horas antes. Pero, lo
más importante, su visita la antecedió una noticia que era música
para los oídos del presidente venezolano: la solicitud al
Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el domingo anterior a su visita a
Caracas, de bajar el tono de la retórica contra Chávez.
''Sugiero que sería
muy útil para los esfuerzos de Estados Unidos de asegurar la cooperación
de Venezuela en nuestro mutuo ataque a la interdicción de drogas, si la
retórica se reduce'', escribió Specter a Rumsfeld.
El secretario de
Defensa, quien se encontraba en gira por América Latina, denunció que
existen indicios de que los gobiernos de Venezuela y Cuba han estado
involucrados en formas ''no muy útiles'' en la crisis de
Bolivia.
La reunión en Caracas,
en la cual también participó el embajador de Estados Unidos, William
Brownfield, duró dos horas. Y lo que allí se discutió ha sido motivo de
varias conjeturas, la más atrevida de las cuales ha sido planteada por el
periodista de El Nuevo País, Rafael Poleo, en tres columnas
consecutivas.
Poleo sostiene que la
reunión fue una especie de juego de póquer con cartas abiertas, en el que
los estadounidenses mostraron a Chávez una lista de
funcionarios y militares chavistas que estarían involucrados en el
narcotráfico y el lavado de dinero dentro de las fronteras de
Venezuela, especialmente en la región suroriental.
Con esas cartas en la
mesa, se habrían analizado las soluciones a los problemas que afronta la
industria petrolera norteamericana en Venezuela.
A Poleo le extraña que
Chávez, quien ''por cualquier cosa arma un berrinche [. . .] no ha
dicho esta boca es mía'' después de haber
sido confrontado por el embajador Brownfield con la lista de los
``narcochavistas''.
Al margen de las especulaciones, lo
más cercano al tema que llegó el embajador fue en una entrevista con
Globovisión en la que afirmó que existe una ley en Estados Unidos que
obliga a este gobierno a revocar la visa para personas que se sospecha que
participan en actividades relacionadas con el narcotráfico.
''Si tuviéramos información o
evidencias relacionadas con eso, estaríamos obligados a revocar esas
visas'', explicó Brownfield.
Bajo esa ley, Estados
Unidos canceló la visa al general de la Guardia Nacional Frank
Morgado, jefe del combate contra las drogas en el país, al
general Alexis Maneiro y al mayor Irán Salas.
Al menos oficialmente,
Specter dijo que el objetivo de su visita era recordar al gobierno de
Venezuela que la industria petrolera de Estados Unidos está dispuesta a
invertir ''miles de millones'' de dólares para ayudar
aumentar las reservas de crudo de Venezuela
El senador insistió
además en la necesidad de la cooperación de Venezuela en la guerra contra
las drogas, después de que no sólo retiró a la DEA del centro de
inteligencia, sino que además revocó la inmunidad a los agentes de ese
organismo que operan en el país.
''Ahora los
pueden llevar a la cárcel por pasarse un semáforo en amarillo'',
dijo un ex oficial de inteligencia de Venezuela.
Las cuentas que quedan
pendientes entre ambos países para continuar marcando distancias son
importantes. El gobierno venezolano está revisando 33 contratos
operativos suscritos con empresas petroleras transnacionales en
la década de 1990, bajo la premisa de que son desventajosos para el país.
Los contratos representan una producción de 500 barriles diarios
de petróleo.
Entre las compañías afectadas
se encuentran Chevron-Texaco, BP, Royal Dutch/Shell y Exxon
Mobil. Algunos analistas sostienen que la medida es una presión
para obligar a las empresas a ''emigrar'' del actual contrato hacia un
nuevo modelo de asociación con la estatal de petróleos PDVSA que implica
mayores ingresos para el gobierno.
Al mismo tiempo Venezuela no sólo
tiene bajo la mira del Seniat a Chevron sino a Shell, esta última por un
supuesto atraso en el pago de impuestos de $131 millones.
Aunque los ejecutivos petroleros
siguen muy de cerca los movimientos de Chávez, la actitud general es de
esperar para ver cuáles de todos los frentes de acoso se concreta y causa
un daño real a sus inversiones.
Mientras tanto, las empresa continúan
anunciando nuevas inversiones en sus proyectos de exploración y
explotación.
A pesar de la retórica
antiamericana de Chávez, las exportaciones de petróleo a Estados Unidos
han aumentado. De acuerdo con el Departamento de Energía, Venezuela
exportó 1.28 millones de barriles diarios de crudo a Estados Unidos en el
2004, comparado con 1.18 millones el año anterior. El turno para que Washington muestre los dientes está
señalado para el 15 de septiembre, fecha en la que el Departamento de
Estado presentará la lista de países descertificados por su falta de
cooperación en la guerra contra el
narcotráfico.
En un escueto pronunciamiento de la
embajada por la suspensión de la colaboración con la DEA, se puede leer el
pronóstico de la decisión que le espera a Venezuela si los ataques
continúan por el mismo flanco.
''El estado de
la cooperación entre los cuerpos policiales de Estados Unidos y Venezuela,
ciertamente será un factor en esa decisión'', precisa el
comunicado. ``Como hemos señalado repetidamente en el pasado, los
únicos que ganan en una falta de cooperación entre nuestros gobiernos, en
esta materia, son los traficantes de drogas y sus
aliados''.
Sobre el tema ya Chávez
dio su opinión: ``Ni me va ni me viene que descertifiquen a
Venezuela, porque no tienen moral para
hacerlo''.