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En
la sede del Departamento de Justicia en Washington(izquierda) se
están adelantando las investigaciones sobre las denuncias de
corrupción de la de la DEA en Colombia.. |
"Como
lo comenté en mi memorando del 13 de diciembre, 2004, varias
investigaciones identificaron a agentes corruptos de la
DEA...".
Con
esta frase comienza un memorando secreto redactado por Thomas M. Kent,
un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual
contiene algunas de las más serias acusaciones que se hayan conocido
contra miembros de la agencia antidrogas estadounidense -DEA- que
trabajan en Colombia. En el documento Kent dice que agentes de la DEA están en las nóminas de los
traficantes de drogas, han estado implicados en asesinatos
de informantes, han ayudado a miembros de
las AUC en operaciones de
lavado de dinero y que todas esas
denuncias han sido conocidas pero ignoradas por las agencias de control
del Departamento de Justicia. El documento es una verdadera
bomba.
El
memorando, marcado con rótulos de confidencial, fue redactado el 19 de
diciembre de 2004. En ese entonces, Kent trabajaba en la unidad de
grabaciones telefónicas de la Sección de Drogas Peligrosas y
Narcóticos (Ndds, por su sigla en inglés), del Departamento de Justicia,
al cual está adscrita la DEA. El detallado documento de siete páginas
fue enviado por Kent a su superior, Jodi Avergun, quien era la jefe de
la Ndds, y al número dos de la sección, Michael Walther.
Sólo
ahora se conoce el informe que dará mucho para hablar en las próximas
semanas, por lo revelador de su contenido. El memorando, escrito con una
franqueza inusual para documentos tan delicados, describe en detalle
graves casos de corrupción que involucran a agentes de la DEA en Bogotá
y deja muy mal paradas a las entidades de control
estadounidenses. Todas las denuncias,
dice, reposan desde hace meses en los escritorios del Inspector General
(OIG) y de la OPR, la cual es básicamente la oficina de asuntos internos
de la DEA (ver recuadro).
Kent
enumera cuatro hechos específicos para sustentar su memorando de alarma.
En el primero de ellos, informantes colombianos "hicieron asombrosas
revelaciones (a un grupo de la DEA en la Florida) respecto a los agentes
de la DEA en Bogotá", escribe Kent. "Contaron que habían sido ayudados
en sus actividades en narcóticos por esos agentes (en Colombia).
Específicamente, dijeron que los agentes (en Bogotá) les daban
información sobre investigaciones y otras actividades confidenciales (de
la DEA) en Colombia". Según Kent, estas acusaciones fueron sustentadas
por los informantes quienes suministraron al grupo de Florida copias de
informes confidenciales de la DEA que había recibido de los agentes en
la capital. Lo grave, de acuerdo con el memorando de Kent, es que uno
de los informantes fue asesinado después de una reunión con los miembros
de la DEA en Bogotá.
El
segundo caso involucra a otros agentes de la DEA en Florida, quienes
también tuvieron problemas con sus colegas en Bogotá. Según relata Kent,
los agentes en Colombia frustraron una importante operación encubierta
al ordenar el arresto de unos informantes que trabajaban para los de
Florida, cuando salían de Colombia. Con el tiempo se descubrió que todo
había sido una trampa y aquí también hubo un muerto: uno de los
informantes -que iba a dar una valiosa información sobre nuevos métodos
de camuflar la droga- fue secuestrado y asesinado meses después.
Este
mismo grupo de la DEA de Florida tuvo otro encontrón con Bogotá. Tenían
un informante que prometía suministrar contactos y datos sobre las FARC.
Diseñaron un plan que fue torpedeado repetidas veces por los agentes en
Colombia, quienes permanentemente descalificaban sin argumentos sólidos
al informante. Este caso terminó destapando una caja de Pandora. Se
descubrió que un narcotraficante colombiano, que se suponía era un
informante de la DEA, "tenía varios agentes (de Bogotá y Washington)
en su nómina que le suministraban información secreta".
Esta información fue confirmada con una prueba de polígrafo que le
hicieron al narco. Según Kent, "el poligrafista recibió instrucciones
de OPR de no reportar sobre la prueba (positiva). Fue instruido
para decir que la prueba nunca se realizó".
No
menos grave y escandalosa es la sindicación que hace Kent a un agente de
la DEA en Bogotá, quien fue sorprendido en operaciones de lavado de
dinero con los grupos paramilitares colombianos en 2004. "Uno de los
agentes corruptos de Bogotá fue recientemente interceptado en una
grabación telefónica. La conversación lo vincula con una actividad
criminal", dice uno de los apartes del memorando sobre el caso. Lo que
sorprende a Kent, y así lo deja consignado en el documento, es que a
pesar de que había sido descubierto por la propia DEA, el hombre no sólo
no había recibido ningún tipo de sanción, sino que, por el contrario,
había sido premiado. "Esa llamada ha sido documentada por la DEA y ese
agente está ahora encargado de numerosas investigaciones de narcóticos y
lavado de dinero", dice.
Hoy,
ninguno de los que recibieron el memorando ni el autor ocupan los mismos
cargos. Menos
de cuatro meses después de leer el documento, Avergun, la superior de
Kent, fue ascendida a la posición de jefe de gabinete de la DEA. En
agosto, Walther, el segundo de Avergun, fue nombrado director del centro
nacional de inteligencia, cuya sede está localizada en Johnstown,
Pennsylvania. ¿Y Kent? Fue trasladado a mediados de año de Washington D.
C. a una oficina del Departamento de Justicia en Nashville, Tennessee.
Es como pasar de trabajar de Bogotá a Mocoa, Putumayo.
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La oficina del
Inspector General del Departamento de Justicia, que dirige Glenn
Fine (izquierda), tiene la 'papa caliente' de lograr resultados en
las investigaciones sobre corrupción y encubrimiento. El reto es
mayor aun para la directora de la DEA, Karen Tandy |
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En el memorando se afirma que un agente de
la DEA en Colombia fue descubierto
colaborando con
los
paramilitares en actividades
de
lavado de
activos |
SEMANA
se comunicó con Kent en su nueva oficina para preguntarle sobre el
memorando, pero dijo: "No puedo hacer comentarios, ya que el caso
está en investigación por parte de la oficina del Inspector General del
Departamento de Justicia". Avergun, por su parte, reconoció a SEMANA
que conocía el memorando, pero también se abstuvo de opinar. Tampoco
hubo respuesta de la oficina del inspector General adjunto, Paul
Martin, en Washington D. C., encargado de la investigación de los
hechos.
La
única declaración oficial fue transmitida por el vocero de asuntos
públicos de la DEA en Washington D. C. Garrison K. Courtney, quien dijo:
"La DEA toma muy seriamente las denuncias de mala conducta, abuso de
poder o acciones criminales. Las acusaciones son extremadamente serias.
La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de la DEA está
investigando esas acusaciones".
¿Unas
cuantas manzanas?
Infortunadamente,
la realidad es que las denuncias sobre irregularidades de agentes de la
DEA en Colombia no son algo nuevo en el país, pero es raro que salgan a
flote. En 1999, mientras se realizaba una de las operaciones
antinarcóticos más grande en la historia de la lucha contra las drogas,
la operación Milenio, unos agentes de la DEA e investigadores
colombianos que realizaban una serie de grabaciones en las oficinas del
capo Alejandro Bernal Madrigal, alias 'Juvenal', documentaron uno de
esos casos.
En
una conversación con varios de sus socios, el capo les contó que al
agente de la DEA Richard Meyer le había dado un millón de dólares
para que lo dejara tranquilo. "La grabación con las declaraciones
del capo originó una investigación interna en la DEA, pero no pasó
nada. Para evitar problemas, lo único que hicieron fue trasladar al
agente. Cuando 'Juvenal' fue extraditado a Estados Unidos y comenzó a
colaborar con la justicia norteamericana, hicieron que se retractara de
esa declaraciones", dijo a SEMANA uno de los oficiales que participó con
la DEA durante la operación Milenio.
La
oficina de control interno de la DEA en Colombia adelanta múltiples
investigaciones contra agentes de esa entidad en el país, aunque pocas
veces prosperan y casi nunca salen a la luz. Una de las denuncias más
comunes tiene que ver con lo que algunos denominan "el negocio de la
extradición". Este consiste básicamente en que cuando un
narcotraficante es capturado y va a ser extraditado, recibe la visita en
la cárcel de un agente de la DEA. "Lo que hace es decirle al narco:
su situación es muy complicada y en Estados Unidos le esperan muchos
años de cárcel. Después de eso el agente le dice al narco que conoce un
abogado muy bueno que puede ayudarle a negociar. A esos abogados los
llaman 'arreglistas'. El agente pone en contacto al narco con el abogado
y lo que hace el abogado es darle un porcentaje al agente de la DEA que
le consiguió el cliente", cuenta el oficial, que conoce de cerca
varios de esos casos y trabaja con la DEA en Colombia.
En
Colombia opera la segunda oficina más grande que tiene la DEA en todo el
mundo,
después de México. En el país hay aproximadamente 35 agentes y otras 100
personas, entre analistas e investigadores. "Para ellos Colombia es el
mejor lugar para trabajar porque acá es muy fácil para ellos dar
positivos que les sirven para sus carreras. Generalmente están un
promedio de tres años en el país y cuando salen de acá, casi siempre
saltan a muy buenos puestos", afirma un oficial que trabaja con la DEA
en Colombia. Una agente recibe un salario promedio de 7.000 dólares
mensuales libres y, aparte de estar cobijados por el estatus de
diplomáticos, tienen algunas ventajas que no ocurren en otros países
como México. "Acá ellos (los agentes de la DEA) pueden andar armados por
las calles. Pueden llevar incluso
fusiles si así lo desean. En México, por ejemplo, eso no pasa, ya
que las autoridades de ese país no lo permiten y son ellos y no la
DEA quienes fijan las reglas", dice el oficial.
Es
evidente que esa libertad de operación en Colombia tiene altos costos
para la DEA, como revela tan descarnadamente el abogado Kent. Sus
denuncias no sólo son graves, sino que provienen de un funcionario del
propio Departamento de Justicia. Tal vez tiene razón Kent cuando
concluye el memorando a sus jefes con una advertencia: "...las fisuras en la tapa que la DEA y OPR han
intentado colocar sobre este problema están creciendo. Es sólo cuestión
de tiempo antes de que esto explote". Y,
efectivamente, la olla podrida se
abrió. |