RV: ARGENTINA: DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS/POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL.

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From: Revista Koeyu Latinoamericano

To: Revista Tricontinental

Sent: Monday, October 02, 2006 6:26 AM

Subject: ARGENTINA: DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS/POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL.

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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL
AÑO 6 - Nº 284/ Domingo 1º de Octubre de 2006
Armado: Andrés Capelán / Coordinación: Carlos Casares y Yessie Macchi
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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HOY:
1) URUGUAY
    SUPREMA CORTE DE JUSTICIA GOLPEA DURO A LA LIBERTAD DE PRENSA
2) ARGENTINA
    DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS
3) BOLIVIA
    CAMPAÑA DE DESESTABILIZACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE MORALES
4) NICARAGUA
    MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA INFORMA TENSIÓN PRE ELECTORAL
5) CHILE
    POLÉMICA POR LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
6) PARAGUAY  
    CAMPESINOS Y AMBIENTALISTAS CONTRA EL ALGODÓN TRANSGÉNICO
7) UGANDA
    VUELVE EL DDT, UN REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD
8) BANCO MUNDIAL
    ES POSIBLE LLEVARLO ANTE LOS TRIBUNALES
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1) URUGUAY
    SUPREMA CORTE DE JUSTICIA GOLPEA DURO A LA LIBERTAD DE PRENSA
    (Amarc)
 
CORTE SUPREMA DE URUGUAY RESTITUYE VEREDICTO DE INJURIA
EN UN GOLPE PARA LA LIBERTAD DE PRENSA, CORTE DETERMINA UN CURSO CONTRARIO AL DE LA REGIÓN
(CPJ)
 
El Comité para la Protección de los Periodistas (*) está alarmado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia uruguaya de restituir la condena por difamación penal al periodista Carlos Dogliani Staricco por una serie de artículos en los que describió como un intendente local trató la deuda tributaria de un contribuyente. La corte parece haber ignorado un creciente número de opiniones legales en la región según las cuales las leyes que penalizan la difamación violan el derecho internacional y son innecesarias para una democracia. Además, la corte afirmó que los hechos sobre los que se basa la cobertura periodística no constituyen una defensa relevante.
 
En la sentencia, difundida el 18 de septiembre, la corte revocó un fallo del 2005 dictado por un tribunal de apelaciones y condenó a Dogliani a cinco meses de prisión en suspenso. Según la Corte Suprema, el derecho al honor pone límite al derecho a informar de los medios de comunicación y las leyes penales de difamación deben restringir a la libertad de expresión. La corte encontró un problema particular con el uso de ciertas palabras­el título de uno de las notas era "Fraude"­que según los jueces tienen un significado legal concreto y "no agregan nada sustantivo".
 
En la sentencia de 18 páginas, la corte no tomó en consideración la veracidad de los artículos y declaró que "no interesa que el hecho sea verdadero". La corte continuó con una cita de un jurista uruguayo, quien afirmó en libros sobre derecho penal que hasta reportajes con información veraz pueden ser difamatorios.
 
"Estamos muy preocupados por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene repercusiones enormes en la cobertura periodística sobre funcionarios públicos. En efecto, la corte ha situado a los funcionarios públicos por encima del escrutinio público, lo cual es incompatible con la democracia", señaló el Director Ejecutivo del CPJ Joel Simon. "Jurisprudencia en la región ha establecido que los funcionarios públicos deben estar sujetos a escrutinio en una democracia. Instamos a los legisladores a revocar las leyes penales de difamación y a promover una legislación que permita adecuar las leyes de Uruguay conforme con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión".
 
La Asociación la Prensa Uruguaya expresó en un comunicado su preocupación ante la sentencia, al considerar que promoverá la autocensura. La corte también parece haber dado la espalda a una sentencia de 1997 en la que dictó que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa están por encima del derecho al honor.
 
El caso se basa en una demanda por difamación presentada en marzo del 2004 por Álvaro Lamas, entonces intendente de la ciudad occidental de Paysandú, contra Dogliani, periodista del semanario local El Regional. La demanda fue motivada por la publicación ese mes de una serie de artículos en los que Dogliani acusaba a Lamas de condonar una gran parte de la deuda tributaria de un estanciero, según informes de prensa y entrevistas del CPJ.
 
En diciembre del 2004, una jueza local condenó a Dogliani y lo sentenció a cinco meses de prisión en suspenso. En julio del 2005, un tribunal de apelaciones revocó de manera unánime la sentencia, declarando que la cobertura crítica no violaba las leyes penales. Lamas cuestionó la veracidad del reportaje en una entrevista con el CPJ. Dogliani y El Regional mantuvieron la autenticidad de su información, según señaló Edison Lanza, asesor legal de la APU. El Regional cesó su publicación desde entonces por otros motivos.
 
Las leyes que penalizan expresiones que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según una declaración de 1994 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay ha ratificado la Convención Americana.
 
"En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica", indicó la Comisión Interamericana.
 
En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo por el cual se revocó la condena en 1999 al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal dictaminó que la sentencia violó el derecho a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica pagarle al periodista daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la criminalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse
 
Lea alertas del CPJ sobre el caso de Herrera Ulloa:
http://www.cpj.org/news/2001/Costa_rica21may01naSp.html;
http://www.cpj.org/news/2003/Costarica26feb03na_Sp.html.
 
Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles de difamación proporcionan reparación suficiente para todos aquellos que reclaman haber sido difamados. En abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una medida que despenaliza la difamación y la calumnia en Cuidad de México, dirigiendo dichas demandas a las cortes civiles. 
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(*) El CPJ (por su siglas en inglés) es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
 
1º DE OCTUBRE DE 2006 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
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2) ARGENTINA
    DESAPARECER A LOS DESAPARECIDOS
    Claudia Korol (Red Eco Aternativo)
 
Jorge Julio López está desaparecido. Miles de hombres y mujeres, jóvenes de hoy, jóvenes de ayer -barbas blancas, heridas en la piel-, salimos a las calles a gritar una consigna que parecía sacudirnos cada vez que la repetíamos... "ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables..."... y como letanía regresaba el... ¿ahora? ¿ahora? ... ¿otra vez ahora? ¿cuántos ahora tantas veces repetidos? ... ahora ... ¡resulta insoportable!.
 
El cuerpo todo reacciona desde su memoria de dolor y de espanto. No es fácil caminar por la Plaza de Mayo, con esa consigna a cuestas. No por haberla cantado tantas veces, duele menos. El poder vuelve a herir, golpea dos veces la herida, desaparece al desaparecido. El poder devuelve el golpe. Se pinta la cara.
 
La casa no está en orden. Los administradores de turno, sienten el mal aliento de un sistema que "reorganizó la Nación", es decir, que reconstruyó el capitalismo una y otra vez, sobre la base de sucesivos genocidios y posteriores impunidades. El genocidio no empezó en el 76. Antes, el capitalismo desapareció a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los obreros de la Patagonia...
 
Cuando Julio desaparece, grita la memoria desde la tierra. Ahora. Ahora. La casa no está en orden. Jueces amenazados, testigos amenazados, siembra de miedo y confusión. A partir de ahí se desata una catarata de reacciones entre estúpidas e infames.
 
"El primer desaparecido en democracia", dispara Felipe Solá... sin recordar que en su provincia, precisamente ha desaparecido Miguel Bru -asesinado en la Comisaría 9º de La Plata en agosto de 1993-. (Miguel Bru tenía 23 años cuando fue desaparecido, y acababa de presentar una denuncia judicial contra la brigada de la comisaría 9º). Uno de los principales testigos en el juicio, Jorge Ruarte, estando preso, recibió tres puñaladas...  Es una larga lista la de los desaparecidos y asesinados "en democracia", y también es larga la lista de testigos de distintas causas penales contra las fuerzas represivas, que han sido amedrentados, agredidos, amenazados... e incluso asesinados.
 
Algunos de los organismos de derechos humanos y de los movimientos de ex piqueteros, devenidos "ahora" funcionarios, se preocupan más que en resolver el dilema político y ético -la  emboscada a la democracia- que significa la desaparición de Julio, en deslindar las posibles responsabilidades del gobierno provincial o nacional. Todo parecería ser una gran trampa en la que la víctima no sería el compañero desaparecido, Julio López, sino el gobierno. Las víctimas serían quienes teniendo el poder y la legitimidad para terminar con la impunidad, están más preocupados en hacer propaganda de los derechos humanos que en hacerlos efectivos. En este perverso juego, la víctima vuelve a desaparecer.
 
¡Qué enojo y que tristeza causan las declaraciones de Hebe de Bonafini quien en momentos en que debería colocar todo el esfuerzo en la búsqueda del compañero, siembra dudas sobre su condición de militante, sobre el carácter típico o no de su desaparición, revictimizando a la víctima!
 
Argentina es un país atravesado y enfermo por la impunidad. Si hay algo de salud en nuestra sociedad, ésta ha sido generada por la movilización colectiva, por la memoria marchando, por la capacidad de resistir cada una de las maniobras realizadas desde el poder, y desde sus diversas maneras de dividir y de desaparecernos.
 
Si hay algo de salud en nuestra sociedad, es porque una y otra vez aparecemos nuestros sueños, nuestra esperanza de un mundo mejor, nuestro compromiso. Porque no nos reconciliamos con los que nos oprimen y desaparecen, y porque -como dicen los hijos- "a dónde vayan los iremos a buscar".
 
Hoy desaparecieron a Julio López, y lo seguimos buscando. En cualquiera de las hipótesis posibles, Julio es la víctima. Y junto a Julio, la sociedad que vuelve a ser atacada por los fantasmas del miedo. ¿Cómo conjurarlos? ¿Cómo avanzar sin perder lo conquistado con nuestra rebeldía?
 
La desaparición de Julio, pone en la superficie de esta vuelta de la historia lo que estaba oculto. Relaciones de poder que integran una trama extensa de complicidades, para la cual la impunidad es necesaria, como sostén de sus políticas centrales que aseguran las máximas ganancias a las trasnacionales y a la burguesía criolla, sobre la base del despojo de nuestros pueblos.
 
¿O no sucedió también en estos mismos días, la represión en Catamarca a los vecinos que se movilizaban contra los proyectos contaminantes de la minería? ¿O no sucede en este mismo tiempo y lugar, y precisamente en la provincia de Buenos Aires, que cinco mil presos están en huelga de hambre, reclamando que se aceleren los juicios, porque viven condiciones de hacinamiento y muerte cotidiana en "las cárceles de la democracia"? ¿O no sigue sin aclararse la desaparición de Diego Duarte, de quince años, en el CEAMSE -también en los predios de Solá-? ¿Y las muertes en General Mosconi -también en democracia? ¿Y las chicas de la dársena, en Santiago del Estero? ¿Y las prostitutas muertas en Mar del Plata? ¿Y Darío? ¿Y Maxi? ¿Y Pocho Lepratti? ¿Y Teresa Rodríguez? ¿Y Aníbal Verón? ¿Y los chicos del 19 y 20 de diciembre? ... ¿Y las tantas víctimas de la corrupción? ¿Y los pibes de Cromañon? ¿Y los muertos por el  gatillo fácil?... No se olviden de Cabezas...
 
Siempre atrás de cada muerte la policía, la gendarmería, las fuerzas represivas. Cuidando privilegios, resguardando los intereses del poder. Defendiendo prebendas... y hasta coimas. El 3 de octubre, comienza el juicio público a los presos de la Legislatura. Antes de caer, Béliz alcanzó a decir que había habido un complot de la SIDE... Nunca se aclaró. Pero los presos y presas pasaron 13 meses en las cárceles, víctimas de un sistema político y judicial decidido a "poner orden" en la casa, dejando en el desamparo, precisamente, a los más desamparados.
 
No nos vamos por las ramas cuando recordamos, que en cada una de estas acciones de "reorganización de la Nación", de restauración de la gobernabilidad, fue necesario recurrir a esas fuerzas represivas. Así ocurrió también en Las Heras, con los sin trabajo. O en los desalojos de los pueblos originarios en los conflictos por la tierra. Esas fuerzas represivas, se cobran su trabajo con la impunidad. Y si un juicio como el de Etchecolatz la pone en cuestión, muestran entonces que tienen "voluntad propia", que hay "solidaridades corporativas", asoman las garras. Los carapintadas enseñan los dientes. Tienen sus congresales, sus legisladores, sus jueces. Pero también se tienen a sí mismos. Y ahí están, para recordarlo.
 
¿Cómo hacer entonces para que el miedo no nos paralice? ¿Cómo hacer, para que el enojo que hoy sentimos con quienes están mirando hacia otro lado, no vuelva a colocar a toda la sociedad en estado de vulnerabilidad o indefensión, de desconfianza y de impotencia?
 
Una vez más, ahora, resulta indispensable, mirarnos a los ojos y re-conocernos en la marcha. En la resistencia que continúa. Porque no podemos aflojar, cuando sabemos que acabamos de dar un paso importante con la prisión de uno de los genocidas, condenado precisamente por crímenes de lesa humanidad.
 
Ahora, apretar los puños, abrazarnos, y seguir andando. Ahora, curarnos unos a otros las heridas. Acariciarnos en nuestras cicatrices. Abrigarnos con las banderas multicolores que expresan todas las rebeldías, todas las posibles y deseadas emancipaciones. Ahora caminar. No detenernos. Sostener el desafío. Ahora, gritar fuerte, porque Julio somos todos. Julio somos todas.
 
Porque tenemos que aparecer una vez más, las veces que sea necesario, para derrotar no a un grupo aislado, no a una patrulla extraviada, sino al poder. Ahora, juntar fuerzas para vencer al miedo y al dolor. Ahora, resulta indispensable, pronunciar con más claridad que nunca la palabra que nombra la vida, que la aparece con vida... Y el castigo a los culpables.
 
1º DE OCTUBRE DE 2006 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
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3) BOLIVIA
    CAMPAÑA DE DESESTABILIZACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE MORALES
    Roberto Aguirre (Agencia Periodística del Mercosur)
 
QUIEREN REPETIR EN BOLIVIA EL FRACASADO GOLPE DE VENEZUELA
 
Sectores de la derecha busca derrocar el gobierno de Evo Morales a cualquier precio. Varios episodios sucedidos en las últimas semanas recuerdan al golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez.
 
En abril de 2002, Venezuela se convirtió en noticia de los diarios mundiales cuando un golpe de estado derrocó por dos días al presidente electo Hugo Chávez. El líder de la federación de empresarios, Pedro Carmona, asumió ilegítimamente el alto mando del país, mientras decenas de personas morían en la calle por la brutal represión policial. El trágico episodio finalizó cuando un grupo militar leal al gobierno chavista, recuperó el Palacio de Miraflores, y devolvió las garantías constitucionales e institucionales al país.
 
Hoy, a más de cuatro años de aquel efímero episodio, algunas de las "recetas" empleadas por los golpistas en Venezuela parecen repetirse en Bolivia. Si bien es verdad que el país está muy lejos de sufrir una situación similar ya que goza de un pleno funcionamiento institucional, así como de un superlativo apoyo al gobierno de Evo Morales, hay que prestarle atención a las acciones de la oposición boliviana que pretende embarrar el terreno, poniendo en marcha una campaña de desestabilización.
 
Hay varios temas que molestan a los empresarios de la rica provincia de Santa Cruz, así como a los sectores de la derecha recalcitrante y los funcionarios de la Casa Blanca. Pero es el proyecto de nacionalización de los hidrocarburos impulsado por el gobierno de Morales, el que representa la principal piedra en el camino para aquellos grupos de poder que no pretenden ceder nada, dentro de la carrera al socialismo que está transitando Bolivia.
 
En la nota titulada "Ponen en marcha la "Operación Camba", escrita por Víctor Ego Ducrot, y publicada por APM el 7 de septiembre pasado, el periodista afirma que la conspiración de estos sectores arrancó "aquel 1 de mayo en que el gobierno elegido por abrumadora mayoría decidió poner en marcha el proceso de recuperación soberana de sus hidrocarburos, cumpliendo así con sus promesas electorales y satisfaciendo una de las demandas estratégicas más sentidas por la sociedad."
 
Algo similar ocurrió en Venezuela en febrero de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez comenzó a hacer efectivo su proyecto de nacionalización del petróleo, y relevó a toda la cúpula directiva de la estatal PDVSA. Esto decantó en numerosas marchas orquestadas por la oposición, que serían en preámbulo del golpe de estado de abril.
 
También, hay que recordar que el proyecto de la nacionalización del petróleo venezolano se incluyó dentro de la reforma de la constitución, tema que por estos días es central en Bolivia. La Asamblea Constituyente está sumida en una profunda discusión metodológica impulsada por la derecha, que desconoce la soberanía y la capacidad de resolución de ese órgano, y que pretende frenar el proyecto de constitución impulsado por la bancada del MAS.
 
Volviendo a Venezuela, los sectores que comenzaron su férrea resistencia a la estatización del petróleo, continuaron su afán golpista con una magnífica campaña de prensa, cuyos fines eran desestabilizar al gobierno de Chávez y presentarlo ante el mundo como un dictador que llevaba al país hacía un comunismo totalitario. El documental "La revolución no será transmitida", realizado por las irlandesas Kim Bartley y Donnacha O`Brien, demuestra hasta el hartazgo como las cadenas privadas Venevisión y Glovisión, así como la CNN en español, tergiversaron la realidad de forma grotesca.
 
Desde hace algunas semanas, aunque en menor grado, los medios más conservadores de Bolivia, así como varios medios internacionales, vienen realizando una clara campaña en contra del gobierno de Evo Morales, intentando desprestigiar su imagen. Algunos de ellos hablan de "guerra civil", y de un "pueblo dividido", y son comunes los títulos como el de uno de los sitios de Internet más leídos en Bolivia, "El Gobierno cumple ocho meses lleno de conflictos", o el de un diario santacruceño, "Temores de guerra civil en Bolivia".
 
Al mismo tiempo, se dan a conocer dudosas encuestas, como la publicada por la mayoría de las agencias internacionales hace algunos días, que afirma que la popularidad del presidente Evo Morales descendió once puntos en septiembre. El dato proviene de un relevo realizado por la empresa británico- uruguaya Equipos Mori (empresa multinacional con servicios en 30 países), que sólo consultó a mil personas y todas ellas en zonas urbanas. Evidentemente, el campo no es importante para la consultora, sector que, no por casualidad, ha sido y es actualmente el que mayor apoyo presta al gobierno de Morales.
 
Otro curioso dato estadístico reflejado por varios medios en estos días, afirma que existe un 56 por ciento de probabilidades de que una guerra civil se suceda en Bolivia. La cifra surge de un informe presentado a la Cancillería Argentina por el Grupo de Apoyo a las Colectividades Extranjeras, y se basa en un sistema utilizado por muchas consultoras de Estados Unidos, para evaluar la posibilidad de conflictos internos en los países donde hay inversiones económicas. A simple vista este modelo es tendencioso, ya que no puede explicarse cómo es posible poner en cifras cuantitativas aquellas incontables variables sociales y políticas que conducirían, eventualmente, a una guerra civil.
 
Pero aún hay otro punto de comparación entre el golpe de estado en Venezuela y la actual situación en Bolivia. Mientras los golpistas encabezados por Pedro Carmona continuaban ensuciando el tablero político, el 10 de Abril de 2002, el General Néstor Gonzáles Gonzales, salió en todos los medios de comunicación privados, declarando que "hay que decirle al presidente Chávez que se vaya, entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición." Si bien es verdad que el presidente venezolano nunca terminó de perder el apoyo de su ejército, una fracción de este apoyó el golpe, y eso alcanzó para destituirlo del poder durante dos días.
 
En Bolivia el caso no llega a ser tan dramático, pero si merece que se le preste especial atención. Hace algunos días el ex comandante del Ejército de Bolivia, Marcelo Antezana, reveló que las Fuerzas Armadas están molestas por las supuestas intenciones del presidente Evo Morales de instalar un régimen "dictatorial y absolutista" y su adscripción al "eje Cuba-Venezuela". Además, aseguró que "el Ejército podría intervenir en caso de no cumplirse las promesas suscritas. "Ante estas declaraciones, el actual comandante de las Fuerzas Armadas, General Wilfredo Vargas, aclaró que "no existe en este momento una hipótesis de guerra civil".
 
Al mismo tiempo, hay que agregar la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que un prefecto (gobernador) del norte del país está entrenando a 100 hombres para conformar un grupo "paramilitar" con el fin de "desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales". Esto fue desmentido por parte del funcionario acusado, aunque el tema sigue en la justicia.
 
Ambos hechos parecen aislados y menores, pero dan cuenta de una intento por parte de los sectores opositores de querer instalar la idea de una guerra civil, o de la existencia de una crisis institucional que decante en una intervención militar. Bolivia está lejos de estos episodios, pero el accionar de estos sectores merece especial atención.
 
El punto que terminó de desestabilizar por completo a Venezuela en aquel 2002, fue el asesinato a sangre fría de decenas de militantes de la oposición en una marcha que se dirigía al Palacio de Miraflores. Los medios de comunicación se encargaron de mostrar imágenes de militantes chavistas disparando desde el Puente Llaguno, a la "pacífica manifestación del pueblo venezolano". Tiempo después se demostraría que los disparos iban a una calle vacía (la marcha nunca pasó por allí), y que las muertes fueron producto de francotiradores funcionales a los sectores golpistas, que usaron a su propia gente como "carne de cañón".
 
Desde hace meses, la oposición al gobierno de Morales está organizando marchas, y cortes de ruta en el oriente rico de Bolivia. Al mismo tiempo, varias manifestaciones pacíficas, llevadas a cabo por sectores indigenistas que reclaman la nacionalización de los hidrocarburos, fueron atacadas por grupos vinculados a la derecha. El caso más notorio es el del llamado comité de defensa de la democracia, una rama de la Unión Juvenil Cruceñista que funciona en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que opera con métodos paramilitares. Este grupo fue acusado de atacar con palos y balas a una columna de manifestantes campesinos que se encontraban bloqueando caminos hacia la zona petrolera.
 
Un superficial análisis de la situación coyuntural de Bolivia permite establecer que está muy lejana de una guerra civil, e incluso de un golpe de estado. El gobierno de Evo Morales tiene el apoyo de un enorme sector de la población boliviana, y su proyecto está encontrando un cauce institucional, así como un amplio apoyo internacional. Sin embargo, la experiencia de Venezuela demuestra que hay que prestar atención a estos movimientos oscuros de la derecha, los empresarios y de los medios de comunicación privados, que están siempre prestos a tomar el poder de cualquier manera, cada vez que sus intereses se vean en peligro.
 
1º DE OCTUBRE DE 2006 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
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4) NICARAGUA
    MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA INFORMA TENSIÓN PRE ELECTORAL
    (Argenpress)
 
El primer reporte de la misión de observadores electorales de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, divulgado hoy, indica que la campaña proselitista en el país se desarrolla 'en un ambiente de tensión'. 'Durante encuentros sostenidos con cuatro de los cincos aspirantes presidenciales se pudo detectar cierta preocupación por la intromisión extranjera en las elecciones', dijo a la prensa Giovanni Claudio Fava, jefe de la misión de la UE en el país.
 
'La segunda inquietud que nos expresaron los candidatos presidenciales es la preocupación sobre el uso de las instituciones del Estado para influir en el proceso electoral', subrayó Fava en rueda de prensa tras la presentación del documento. El delegado de la Unión Europea señaló que un tercer ámbito de las preocupaciones de los candidatos entrevistados se refiere 'a la actitud de las autoridades del Consejo Supremo Electoral sobre varios aspectos del proceso electoral'.
 
Particularmente, los candidatos cuestionaron a las autoridades electorales nicaragüenses la distribución de los segundos miembros de los Consejos Electorales Departamentales que, aparentemente, no fue equitativa ni equilibrada. Los aspirantes también expresaron al grupo de observadores de la UE dudas sobre los mecanismos de impugnación de las actas de escrutinios, pues la normativa deja abiertas demasiadas posibilidades de anulación de las actas de escrutinio.
 
Los políticos señalan también el hecho de que, 'por razones técnicas', no todos los ciudadanos nicaragüenses aptos podrán ejercer su derecho al voto. La misión de la UE se reunió con los candidatos de las alianzas Liberal Nicaragüense, Eduardo Montealegre; Unidad Nicaragua Triunfa, Daniel Ortega; Movimiento Renovador Sandinista, Edmundo Jarquín, y Partido Liberal Constitucionalista, José Rizo Castellón. Este jueves Francesa Mosca, representante permanente de la Unión Europea, y el canciller Norman Caldera firmaron un acuerdo para facilitar el trabajo de observación del proceso electoral, que concluirá el próximo 5 de noviembre.
 
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5) CHILE
    POLÉMICA POR LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
    Carla Alonso y José Miguel Jaque (La Nación-Chile)
 
En la década de los '90, casi todos los conflictos ambientales se enmarcaban en el esquema de "David contra Goliat": batallas libradas entre una pequeña comunidad, perdida en algún punto del mapa, y una gran empresa que pretendía realizar un proyecto -llámese Cascada Chile, Trillium o Ralco- en una zona donde abundaba algún recurso natural.
 
Hoy ese esquema ha variado 180 grados. Y se ha complejizado. Al punto que las batallas verdes se libran entre sectores productivos: mineras y agricultores, celulosas y viñateros, salmoneros y pescadores artesanales, grandes hidroeléctricas y empresarios turísticos. Pascua Lama. Celco Itata. La salmonicultura en la X Región. El proyecto de Endesa en Aysén. Los ejemplos sobran y las soluciones escasean.
 
CASOS DE LA CAUSA
Para los "combatientes", esta nueva guerra verde tiene que ver con el escaso orden que existe del suelo criollo. "Esos conflictos se dan porque no hay una coherencia de ordenamiento territorial, en el que se puedan organizar distintas actividades compatibles en una zona", cuenta Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, una de las ONG que firmó el decálogo ambiental con Bachelet -donde se establece la creación de una Ley de Ordenamiento Territorial- y que no ha sido llamada a integrar ninguna comisión sobre el tema.
 
Otra causa de la disputa entre sectores productivos es el nivel normativo y de fiscalización en la política ambiental: "Es tan deficiente, que los costos ambientales de ciertas actividades afectan a otras que se desarrollan en un mismo territorio", señala Larraín. La ex candidata presidencial cree que con el Proyecto Alumysa (planta de aluminio en Aysén) se produjo un nuevo tipo de confrontación: "Tenías a toda la industria del salmón preocupada de una actividad que amenazaba la calidad del medio ambiente, que ellos necesitaban para su propia industria".
 
Larraín saca a colación otro caso que no prosperó: el Proyecto Chacabuco (V Región), con su planta de desechos tóxicos: "Ahí, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Fedefruta le dijeron al Estado: '¿Cómo en un lugar donde tenemos denominación de origen, usted pone una planta de desechos tóxicos? Si se descubre un metal pesado que afecta a la producción, ¿cómo nos presentamos en el mercado internacional? Se pudre todo'". La moraleja fue que ninguna actividad industrial puede monopolizar los elementos ambientales que da un territorio, porque bloquea el desarrollo de otras actividades. Y eso se empezó a dar cada vez más reiteradamente.
 
POLÉMICOS ANUNCIOS
No en vano, el tema fue planteado en el programa del ex Presidente Ricardo Lagos, y también estaba en el de Michelle Bachelet: "Definiremos una estrategia nacional de cuencas que permita identificar aquellas que se podrán intervenir, así como las que es de interés nacional preservar".
 
La estrategia de cuencas a la que hacía referencia Bachelet es parte del ordenamiento territorial, una de las tareas pendientes de Chile según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a los países más industrializados del mundo. "Acelerar el establecimiento de un sistema eficaz de ordenamiento territorial que incorpore los valores de la diversidad biológica", recomendó el organismo en materia de naturaleza. Y este año, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) tomó cartas en el asunto al empezar a planificar la mentada estrategia.
 
"Es una iniciativa interesante", cuenta Paola Vasconi, coordinadora del tema en Fundación Terram. Tan interesante, que la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Dirección General de Aguas (DGA) trataron de impulsar por años una estrategia de cuencas. "Estos poderosos organismos han tenido iniciativa y recursos, pero finalmente no se ha implementado. Ahora se le pasa la pelota a la Conama, sabiendo que como entidad coordinadora no ha podido hacer mucho para que esto prospere".
 
Para Vasconi, no es buena señal que mientras se impulsa la iniciativa de ordenamiento territorial, "la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, anuncie un fast-track que rompe con la estrategia de tener un estudio exhaustivo de las cuencas hidrográficas en todo el país. ¿Cómo vas a acelerar los proyectos hidroeléctricos sin tener la estrategia?".
 
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, a través de la DGA, el Ministerio de Obras Públicas intentó crear un marco institucional e incluso contó con un préstamo de 12 millones de dólares del Banco Mundial y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pero la iniciativa no llegó a puerto.
 
Otro intento fue el Proyecto de Ordenamiento Territorial Ambiental Sustentable, una experiencia alemana traída a la capital. "Era un proyecto muy bueno. Se estudió todo el territorio, se determinaron los criterios y directrices, pero al final no se aplicó", cuenta Vasconi. "Yo le pregunté a la directora de Conama cuál es la diferencia ahora. Públicamente, no veo avances".
 
El senador de Renovación Nacional Antonio Horvath cuenta que han estado trabajando por el ordenamiento territorial desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Recientemente le presentaron al Ejecutivo un proyecto de ley que exige un estudio de la localización de los proyectos, antes de hacer la declaración de impacto ambiental. "La labor de Conama ha sido lenta. Hay que hacer pronto una Ley de Ordenamiento Territorial, a través de un proceso participativo. El tema estaba en el programa de Piñera; por lo tanto, tiene piso político".
 
Horvath adelanta que la comisión del Senado, junto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, van a realizar en enero próximo un taller de ordenamiento territorial. "Nos ayudarán a proponer una legislación sobre el tema. Ofrecieron aporte económico". La experiencia internacional proviene de países europeos. "Queremos invitar a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), porque esto no se logra sin la participación de todos los sectores".
 
CONAMA DE CABEZA
Las frases de Bachelet serían citadas en julio pasado por Ana Lya Uriarte, directora ejecutiva de la Conama, durante unos diálogos ambientales realizados en la Universidad de Chile. En la cita, Uriarte recalcó que Bachelet -en su mensaje del 21 de mayo- había planteado que como eje de la nueva política ambiental se deberá considerar el "manejo integrado de cuencas". Se trataba de alcanzar en forma equilibrada objetivos sociales, económicos y ambientales, "satisfaciendo en forma equitativa a los actores", explicó la directora de Conama.
 
El 25 de mayo, el consejo directivo de ese organismo había creado un comité interministerial para preparar una propuesta de diseño de la estrategia nacional de cuencas. En Minería, por ejemplo, se designó a María de la Luz Vásquez, coordinadora ambiental de esa cartera y asesora en la materia ante el Comité de Ministros de la Conama. También a Jaime Bravo, encargado de energías renovables no convencionales y eficiencia energética de la CNE. Ambos declinaron referirse al tema, pero trascendió que aún no se han reunido con la Conama.
 
TEMOR EMPRESARIAL
Ana Lya Uriarte pone la pausa. Dice que hay que ir con calma. Cuenta que los plazos de trabajo son de largo aliento. El comité interministerial se tomará entre 14 y 15 meses en redactar un informe. En ese momento recién se hará público. Ahí se someterá al estilo "ciudadano" de Bachelet: se recibirán observaciones y recomendaciones de organizaciones comunitarias y del sector empresarial.
 
La directora de la Conama cuenta que la esperada estrategia de cuencas tiene tres pisos fundamentales. Primero, el balance hídrico, "el recurso no está repartido equitativamente en todo el territorio nacional y hay que gestionarlo adecuadamente". Segundo, la gobernabilidad al interior de la cuenca hidrográfica. Y, por último, la necesidad de profundizar las capacidades de gestión local por sobre las directrices nacionales.
 
Según Uriarte, la estrategia tiene piso. Ella misma ha tanteado terreno con distintos tipos de organizaciones empresariales, sectoriales y no gubernamentales de la sociedad civil. De manera informal, aclara. Pero asegura que todos los sectores han recibido la buena nueva con su mejor cara. "Sería curioso enfrentar críticas y rechazos de una estrategia que recién se esté elaborando, ¿no?".
 
Pero no todos son tan optimistas como Ana Lya. Al sector empresarial le preocupa la intervención de la mano ambientalista en los proyectos industriales. El 28 de junio, en la asamblea de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el presidente de la entidad, Bruno Philippi, lanzó sus primeras críticas respecto a la iniciativa gubernamental. En materia ambiental, señaló que "son diversas las iniciativas anunciadas", comenzando por el Ministerio de Medio Ambiente, "que si no existen los contrapesos adecuados podría dar mayor respaldo político a iniciativas de protección por sobre las de emprendimiento". Pero fue más allá. El empresario se refirió al tema que alerta subterráneamente a un sector del empresariado: "Establecer un orden para localizar las nuevas inversiones restringiría los cambios que en materia de asignación de recursos demandará la evolución de la economía global".
 
Los ecos del discurso de Philippi no se hicieron esperar. Durante un encuentro organizado por Icare, a fines de junio, la ministra Paulina Veloso respondió a los temores planteados por Philippi. La secretaria de Estado explicó que "puede haber temor, pero estamos convencidos que debemos avanzar hacia un país que tenga un desarrollo sustentable", y agregó: "Tenemos que apuntar al desarrollo, pero disminuyendo los impactos ambientales de cualquier proyecto con un sistema que actúe rápidamente".
 
Si en algo hay consenso, es que la Ley de Ordenamiento Territorial no debe ser rígida, sino establecer criterios. "El sector productivo siempre se adapta, porque lo que busca es la rentabilidad de sus proyectos", comenta Vasconi. Respecto a los dardos de Philippi, la coordinadora de Terram explica que "ellos temen que les digan 'sólo aquí se pueden ubicar y en ningún lugar más'. Creo que así no debe ser. En muchas partes del mundo se promueve el ordenamiento del territorio, pero no como un plan regulador".
 
Jaime Dinamarca, gerente ambiental de la Sofofa, dice desconocer la propuesta de la Conama y prefiere no opinar. Sin embargo, en una entrevista concedida el año pasado, hizo públicas sus aprensiones a la planificación de un territorio, porque hay más posibilidades de error que el análisis de un caso en particular. "La definición a priori de un ordenamiento territorial es voluntarista, porque la toma alguien en un escritorio y no tiene en cuenta los impactos ambientales asociados al proyecto de productividad" a implementar.
 
FISURAS INTERNAS
Además, las experiencias del pasado se vienen a la mente de los empresarios. La memoria refresca el recuerdo del proyecto Corporación Cuenca del Río Biobío de hace diez años. Dicho plan consistió en un diagnóstico, estudio y proposición de una corporación para esa cuenca. Fue sólo un piloto, pero no pasó inadvertido. En él se hablaba de fijar tarifas e impuestos por la utilización de las aguas. Las críticas apuntaban a que había que crear un marco legal nuevo y que quitaría atribuciones a una larga lista de organismos públicos, empezando por varios ministerios. "Ese proyecto era bueno, pero políticamente inviable", recuerda Bolívar Ruiz, director de Conama VIII Región. "Requería tantos cambios legislativos que hoy aún estaría en el Congreso".
 
Con ese proyecto en la memoria, una fuente de un gremio empresarial dice que la nueva estrategia que impulsa Conama "no tiene nada nuevo bajo el sol. Si esa vez el proyecto no se llevó a cabo y nadie se molestó en explicar por qué, quizás esta vez pase lo mismo y sea sólo un volador de luces".
 
A esta altura, el tema ya atrincheró a diversos gremios dentro de la familia del empresariado. Una fuente ligada a la CPC cuenta que "al interior están todos a patadas, sobre todo entre la Sofofa y la SNA. Hay niveles de enfrentamiento graves entre el sector minero y el agrícola. Entre el turismo y la celulosa. Pero estos conflictos estructurales no se pueden solucionar a través del sistema de evaluación de impacto ambiental".
 
El senador Horvath cuenta que a los empresarios "no les gusta mucho la iniciativa. La SNA está de acuerdo con impulsar el ordenamiento territorial porque el sector agrícola es el más perjudicado en estos temas. Y la SNA pertenece a la CPC, junto a la Sofofa".
 
Uriarte pone las cosas en su contexto. Agrega que hace una década no existía un diálogo fluido entre el sector público y el privado, y que eso ha cambiado radicalmente. "El sector privado entiende que el factor ambiental es esencial para la gestión de sus propias empresas, porque es un elemento relevante en la competitividad de sus productos". Eso está claro. Pero que el mundo empresarial le abra las puertas al ordenamiento territorial aún está por verse.
 
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6) PARAGUAY  
    CAMPESINOS Y AMBIENTALISTAS CONTRA EL ALGODÓN TRANSGÉNICO
    (Adital)
 
Representantes de la Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay, la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, la Alianza de ONGs para la Producción Agro Ecológica y la Comercialización Diferenciada y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) enviaron una nota al Presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, a través del cual solicitaron no permitir la liberación de semillas de algodón transgénico.
 
También pidieron que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Secretaría del Ambiente, tome una posición  favorable a los pequeños productores campesinos, que en gran numero se manifiestan en contra de cultivos extensivos que dañan sus comunidades y afectan a su salud y a la población paraguaya en general.
 
"Es inconcebible para la dignidad de nuestro pueblo que empresas multinacionales condicionen y presionen, para la adopción de tecnologías cuyas "bondades y conveniencias económicas", han sido demostradas en otros países que responden exclusivamente a fines  comerciales privados, en perjuicio del sector productivo", declaran las entidades.
 
En la actualidad se quiere experimentar dos tipos de algodón transgénico, denominados Bt y RR, como la solución para los países pobres por su resistencia a las plagas y porque reduciría el uso de insecticidas. Sin embargo se tiene comprobado en países como México que nunca se solucionaron problemas de los pulgones (KY) y los agricultores no pudieron reducir el uso de insecticidas.
 
Igualmente en la provincia argentina de Chaco, el aumento de ingresos debido al mayor rendimiento del algodón BT no cubre los mayores costos que trae este paquete tecnológico (semillas e insecticidas). Así mismo en lo referente al algodón transgénico RR, el empleo masivo del glifosato, hará que aparezcan en el corto plazo (tres a cuatro años) malezas resistentes, imposibles de controlar.
 
La nota agrega que a los efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población rural, los riesgos para la salud humana, la seguridad alimentaria y los daños a la biodiversidad, se suma que la tecnología de cultivo transgénico es más costosa que el cultivo del algodón convencional, pues los supuestos aumentos y ganancias debido a un mayor rendimiento posible, serían absorbidos por el costo de la semilla que es tres a 10 veces más costosa y encadena al agricultor a un contrato con la empresa que le hará pagar un impuesto y le impedirá guardar su semilla.
 
"Estas argumentaciones nos mueven a manifestar nuestra oposición a la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y en particular al algodón transgénico, que se pretende cultivar actualmente en el territorio nacional, en forma ilegal", señalan las entidades.
 
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7) UGANDA
    VUELVE EL DDT, UN REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD
    Peter Wamboga-Mugirya (IPS)
 
La OMS revocó la prohibición del insecticida DDT para la fumigación en ambientes interiores. Es probable que la iniciativa estadounidense comience a hacer uso de este tóxico en África.
 
El explosivo aumento de la población en las tierras altas de Uganda sudoccidental, merced a las migraciones, convirtió los fértiles humedales del área en caldo de cultivo para el mosquito transmisor del paludismo. Olas de migrantes construyeron viviendas improvisadas para instalarse en los humedales y practicar la agricultura, principal medio de vida en estas aldeas del distrito de Kabale, en la frontera con Ruanda.
 
La recuperación de pantanos cambió los patrones epidemiológicos del paludismo (malaria), observó el Ministerio de Salud. Las últimas cifras oficiales en la materia, que datan de hace seis años, indican que 100.000 personas fallecieron por esa enfermedad en Kabale en 1999. Este distrito ugandés es uno de los puntos clave de la iniciativa contra el paludismo anunciada en junio de 2005 por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, e implementada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de ese país (Usaid), además, en Angola y Tanzania.
 
El proyecto piloto, de 1,7 millones de dólares, es supervisado, entre otros organismos, por el Ministerio de Salud de Uganda y la no gubernamental Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). En ese marco, se generalizó la fumigación dentro de las viviendas de Kabale con ICON (lambda-cyhalothrin), sustancia producida por la compañía agrotecnológica transnacional Monsanto, con sede en Suiza. Esta sustancia dejó en muchas personas picazón severa en ojos, orejas y nariz, dijo un funcionario de bioseguridad del Ministerio de Agricultura, Industria Animal y Pesca radicado en el pueblo fronterizo de Katuna, 500 kilómetros al sudoeste de Kampala.
 
Según el funcionario, que solicitó no ser identificado, en las aldeas también abundan consultas por dolor de cabeza, mareos y sordera temporal. "Hubo muchas quejas", señaló. "Yo mismo sufrí irritación, con estornudos y tos prolongada durante muchos días." En cambio, Patrick Tusiime, director de los servicios de salud del distrito, defendió el uso de ICON, si bien admitió que "quien entre en contacto con las paredes rociadas sufrirá picazón a corto plazo". "Pero desde la introducción del ICON, la afluencia de pacientes a los centros de salud en busca de tratamiento para el paludismo se redujo mucho", aseguró.
 
La malaria mata cada año a más de un millón de personas, especialmente en África. Unos 300 millones contraen todos los años esta enfermedad. Tusiime señaló que 320 personas fallecen diariamente por este motivo en Uganda. La enfermedad, transmitida por la hembra del mosquito Anopheles, también origina pobreza y pérdida de medios de vida. Cada año mata a entre 70.000 y 110.000 niños menores de cinco años en el país. "La fumigación con ICON es una medida apropiada", declaró.
 
El coordinador del proyecto de Usaid en Uganda, Patrick Buyinza, negó enfáticamente los efectos perjudiciales del producto. En Kabale, según Buyinza, los mosquitos que entraron en contacto con el ICON cayeron muertos instantáneamente. "No hay efectos colaterales ambientales o sanitarios a largo plazo", afirmó. "El ICON no solamente mata a los mosquitos, sino también a las cucarachas, pulgas y chinches, que son vectores" de varias enfermedades, aseguró
 
Las operaciones de fumigación se interrumpieron el 22 de agosto. Pero Buyinza negó que eso estuviera vinculado a las quejas de la población, sino a la intención de evaluar el proyecto antes de reanudarlo, en enero próximo. El director ejecutivo de la gubernamental Autoridad Nacional para el Manejo del Ambiente de Uganda, Henry Aryamanya-Mugisha, dijo que el Ministerio de Salud evalúa las implicaciones sanitarias del pesticida. "Y la UICN se preocupa del impacto ambiental. En la Autoridad Nacional para el Manejo del Ambiente esperamos con ansiedad el resultado del informe", agregó.
 
Alex Muhwezi, representante residente de la UICN en Uganda, describió al ICON como un pesticida común para ambientes interiores, aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adecuado para frenar el paludismo. "Todo depende de su manipulación. Además, quien se exponga al ICON estando ya enfermo o siendo alérgico a insecticidas, sufrirá efectos perjudiciales", destacó. "No quiero especular sobre el resultado" del estudio de la UICN "porque, aunque la fumigación se detuvo, el proyecto seguirá hasta el año próximo. Todos estos informes deberán ser verificados", agregó Muhwezi.
 
"El papel de la UICN es controlar los aspectos ambientales del proyecto y asegurarse de que el producto no alcance el exterior de las viviendas", dijo el funcionario este mes, al regresar de una visita a los encargados en Tanzania de la iniciativa de la Presidencia estadounidense contra el paludismo. Muhwezi aseguró que este mismo mes se evaluaría si el proyecto acarrea "algún impacto ambiental significativo". Entre el 1 de junio y el 22 de agosto se fumigó el interior de 107.000 viviendas, donde viven casi medio millón de personas.
 
Funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud del distrito de Kabale supervisaron la labor de los 350 trabajadores, que realizaron la tarea vestidos de mameluco, con anteojos especiales y botas de goma. El efecto del ICON contra el mosquito dura seis meses. "Comenzamos a rociar en Maziba --el área de Kabale más golpeada por la malaria--, y luego de tres semanas el proyecto se amplió al resto de las 19 áreas. Pero ésta no es la primera vez que se utiliza ICON en Kabale: ya se había empleado allí en 2003 y 2004, para frenar un serio brote de paludismo", dijo Buyinza.
 
La ampliación del proyecto al resto del país dependerá de la efectividad de la fumigación en Kabale, evaluada a través de encuestas, registros escritos y autopsias verbales (reconstrucción de la historia del paciente desde que se enferma hasta que fallece, a partir de entrevistas). La iniciativa de la Presidencia estadounidense contra el paludismo implica la inversión de 1.200 millones de dólares adicionales a través de Usaid en 15 países africanos durante cinco años.
 
El proyecto prioriza las intervenciones concretas, como la fumigación del interior de viviendas con ICON, la distribución de mosquiteros tratados con insecticida y la compra de medicamentos. La OMS revocó este mes la prohibición del insecticida DDT (dicloro difenil tricloroetano) para la fumigación en ambientes interiores. Por lo tanto, es probable que la iniciativa estadounidense comience a hacer uso de este tóxico en África. El 19 de septiembre, cientos de personas marcharon por las calles de Kampala para celebrar el levantamiento de la prohibición del DDT, luego de tres decenios.
 
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8) BANCO MUNDIAL
    ES POSIBLE LLEVARLO ANTE LOS TRIBUNALES
    Eric Toussaint (ALAI)
 
PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL BANCO MUNDIAL
 
Al contrario de lo que se piensa, el Banco Mundial no goza de inmunidad, ni como institución ni como persona moral. La sección 3 del artículo VII de sus estatutos (Articles of agreement) prevé explícitamente que el Banco Mundial puede ser demandado ante los tribunales bajo ciertas condiciones. Puede ser enjuiciado por una instancia nacional en el país donde tenga una representación y/o en un país en donde haya emitido títulos. [1]
 
Esta posibilidad de llevar al Banco ante la justicia fue prevista desde su fundación, en 1944, sin que se haya modificado hasta el presente, por la simple razón de que financia los préstamos que concede a los países miembros mediante empréstitos (con la emisión de títulos-bonos) en el mercado financiero. En su origen, estos títulos eran adquiridos por los grandes bancos privados, principalmente estadounidenses, pero en la actualidad los adquieren también otras instituciones, incluidos los fondos de pensiones y los sindicatos.
 
Los Estados fundadores del Banco Mundial consideraron que los títulos emitidos no se podrían vender si no se garantizaba a los compradores la posibilidad de demandarlo en caso de litigio. Esta es la razón por la cual hay una diferencia fundamental entre el estatuto del Banco y el del FMI en cuanto a su inmunidad. El BM no la tiene porque recurre a los servicios de los banqueros y de los mercados financieros, y ningún banquero le otorgaría un préstamo si la tuviera, mientras que el FMI sí puede gozar de inmunidad ya que autofinancia sus préstamos con las cuotas vertidas por sus miembros. No es por razones humanitarias que el Banco Mundial carece de inmunidad, sino por la necesidad de dar garantías a los prestamistas.
 
Es, por lo tanto, perfectamente posible demandar al Banco Mundial en los muchos países (cerca de 100) en los que tiene oficinas. Se puede hacer en Yakarta, o en Dili, capital de Timor oriental, así como en Kinshasa, en Bruselas, en Moscú, en Washington, o sea, en cualquier país donde haya una representación del Banco. Se debe destacar algo muy importante: ninguna institución, ningún sujeto de derecho internacional ni ningún individuo goza de inmunidad si está implicado en crímenes contra la humanidad. Además, en ese caso, no existe prescripción. Por lo tanto el FMI y el Banco Mundial son justiciables por crímenes contra la humanidad.
 
¿POR QUÉ PRESENTAR UNA DEMANDA CONTRA EL BANCO MUNDIAL?
 
Desde que el Banco Mundial otorga préstamos [2], una gran parte de ellos sirvieron para la aplicación de políticas que perjudicaron a cientos de millones de ciudadanos. ¿Qué se entiende por esto? El Banco, sistemáticamente, privilegió los préstamos destinados a grandes infraestructuras, como inmensas represas [3], a grandes inversiones en las industrias extractivas de materias primas (por ejemplo, minas a cielo abierto, construcción de numerosos oleoductos y gasoductos, los más recientes los de Chad-Camerún y de Bakú-Tibilisi-Ceyhan) [4], a políticas agrícolas que favorecen el «todo para la exportación» al precio de abandonar la seguridad y la soberanía alimentaria, a la construcción de centrales térmicas que son grandes consumidoras de los bosques tropicales.
 
Así mismo, el Banco Mundial apoyó, en numerosas ocasiones, a regímenes dictatoriales responsables de crímenes contra la humanidad: dictaduras del Cono Sur de Latinoamérica desde los años sesenta a los ochenta; dictaduras de África (Mobutu desde 1965 hasta su caída en 1997, el régimen de apartheid en Sudáfrica); regímenes del ex bloque soviético, como la dictadura de Ceaucescu en Rumania; dictaduras del Sureste asiático y del Extremo Oriente, como la de Marcos en Filipinas, desde 1972 hasta 1986, de Suharto en Indonesia, desde 1965 hasta 1998, los regímenes dictatoriales de Corea del Sur (1961-1987), de Tailandia (1966-1988), hasta la actual dictadura china.
 
Complementariamente, el Banco contribuyó con otros actores a desestabilizar sistemáticamente a gobiernos progresistas y democráticos, suprimiendo toda ayuda, por ejemplo, al gobierno de Sukarno en Indonesia, hasta su derrocamiento en 1965; en Brasil al de Juscelino Kubitshek (1956-1960) y después al de João Goulart (1961-1964), que finalmente fue derrocado por un golpe militar; al gobierno de Salvador Allende (1970-1973) en Chile...
 
Pero no olvidemos los préstamos que el Banco concedió a las metrópolis coloniales (Bélgica, Reino Unido, Francia...) para la explotación de los recursos naturales de los países que dominaban hasta los años sesenta y que, posteriormente, se transfirieron a la deuda externa de los nuevos Estados independientes. Por ejemplo, el Congo independiente debió asumir el reembolso de la deuda contraída por Bélgica en nombre del Congo Belga. Pasó lo mismo con Kenia, Uganda, Nigeria, Gabón, Mauritania, Argelia, Somalia y las deudas contraídas por los gobiernos de las metrópolis coloniales.
 
Hay que mencionar también los préstamos de ajuste estructural otorgados por el Banco Mundial desde los años ochenta. Estos préstamos no estaban destinados a proyectos económicos específicos sino a permitir la realización de políticas globales cuya finalidad es la apertura total de las economías de los países «beneficiarios» a las inversiones e importaciones provenientes de los principales accionistas del Banco. Éste sostiene así una política de desnacionalización de los países asistidos en beneficio de los intereses de una parte de sus miembros, un puñado de países industrializados cuyo modelo se impone a la mayoría de los habitantes y países del planeta.
 
Las múltiples y sucesivas crisis que se produjeron a partir de la «crisis tequila», que golpeó a México en 1994, demostraron el carácter nocivo tanto de los «remedios» estructurales como de los «tratamientos» de choque. Las nuevas prioridades del Banco, tales como la privatización del agua, de la tierra, junto a su reciente negativa de aplicar las recomendaciones de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, muestran con claridad que la orientación del Banco no mejora y que nuevas catástrofes sociales se están produciendo y otras se anuncian. En síntesis, potentes tsunamis provocados por la catastrófica intervención del Banco Mundial.
 
¿QUIÉN PUEDE DEMANDAR AL BANCO MUNDIAL?
 
Podemos suponer que algunas asociaciones, en representación de las personas afectadas por los préstamos del Banco Mundial y/o por el apoyo brindado a regímenes dictatoriales, se constituyan en parte civil y demanden al Banco ante los tribunales nacionales. También podemos suponer que los poseedores de títulos del Banco -no sólo son banqueros, también hay sindicatos- lo demanden por el uso que hace del dinero que le han prestado. Aunque un resultado positivo de estas demandas no esté garantizado, las asociaciones de ciudadanos deberían ejercer este derecho para conseguir que el Banco rinda cuenta de sus actos. Es inconcebible que una institución como ésta, de carácter tan nefasto, no sea algún día condenada por un tribunal de justicia.
 
¿POR QUÉ NUNCA SE INTERPUSO UNA DEMANDA?
 
La disposición de los estatutos del Banco Mundial (artículo VII, sección 8) que concede inmunidad a sus directivos y funcionarios, en el ejercicio de su función, ha ocultado la posibilidad de interponer una demanda contra el Banco en tanto que persona moral (artículo VII, sección 3, ver nota 1 del presente capítulo). Sin embargo, es más importante poder exigir cuentas al Banco como institución que pleitear con sus ejecutores. Se puede añadir que según la misma disposición (artículo VII, sección 8), el Banco Mundial puede, por su propia cuenta, levantar la inmunidad que gozan sus cargos directivos y sus funcionarios. Podemos imaginar también que algún día se lleve ante los tribunales a altos cargos de Banco cuando dejen sus funciones. Otro elemento para explicar la ausencia de demandas judiciales contra el Banco es que tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la gente se diera cuenta del carácter sistemático y generalizado de sus prácticas reprensibles. Con frecuencia, éstas n
 o apa
recen en primer plano puesto que son los gobiernos nacionales los que asumen ante sus ciudadanos las políticas que el Banco Mundial exige.
 
La Convención de las Naciones Unidas de 1947, ¿no concede acaso inmunidad total a los organismos especializadas de la ONU de los cuales el Banco Mundial forma parte? Una convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas [5] fue aprobada por la Asamblea General del 21 de noviembre de 1947. El artículo X, sección 37 de la convención, que concierne a los anexos y a su aplicación a cada uno de los organismos especializados, especifica que dicha Convención «será aplicable a un organismo especializado cuando éste haya trasmitido al secretario general de las Naciones Unidas el texto final del anexo que le corresponde y le haya informado que acepta las cláusulas tipo modificadas por el anexo...». El Banco reenvió su copia.
 
El anexo VI corresponde al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (o sea, el Banco Mundial). ¿Y qué es lo que vemos? El Banco hizo introducir en esta sección la parte de sus estatutos que especifica ¡en qué circunstancias pierde su inmunidad! O sea, el Banco prefirió, en el seno de las Naciones Unidas, permanecer en concordancia con su estatuto de Banco en lugar de aprovecharse de la inmunidad de los organismos de la ONU.
 
He aquí el texto en cuestión: «La Convención (comprendido el presente anexo) se aplicará al Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (denominado en adelante "el Banco"), sin perjuicio de las disposiciones siguientes»: 1. El texto siguiente reemplazará la sección 4: "Únicamente se podrá entablar acción judicial contra el Banco ante un tribunal que tenga jurisdicción en los territorios de un Estado miembro en donde el Banco posea una sucursal donde haya nombrado un agente para recibir requerimientos o notificaciones de requerimientos, o donde haya emitido o garantizado acciones."» Etc. Por consiguiente, es posible demandar al Banco Mundial ante los tribunales de justicia en virtud de la Convención de las Naciones Unidas de 1947 y sus anexos.
 
ACUSACIÓN CONTRA EL BANCO MUNDIAL
 
1. Durante sus sesenta años de existencia, el Banco Mundial ha sostenido en forma activa todas las dictaduras y todos los regímenes corruptos aliados de Estados Unidos.
 
2. A pesar de haber detectado desvíos masivos, mantuvo e incluso aumentó los importes prestados (ver el caso paradigmático del Congo-Zaire del mariscal Mobutu en el informe Blumenthal de 1982).
 
3. Ayudó, con su apoyo financiero, a la dictadura de Habyarimana en Ruanda hasta 1992, lo que le permitió al dictador quintuplicar los efectivos de su ejército. Las reformas económicas que impuso en 1990 desestabilizaron al país y exacerbó conflictos latentes. El genocidio, preparado desde fines de los años ochenta por el régimen de Habyarimana fue perpetrado a partir de 1994, produciendo cerca de un millón de muertos entre los tutsis (y los Hutus moderados). A continuación, el Banco Mundial exigió la devolución de la deuda contraída por el régimen genocida. [6]
 
4. Apoyó a algunos regímenes dictatoriales (Rumania de 1973 a 1982, China, a partir de 1980) del otro campo para debilitar a la URSS antes su desmoronamiento en 1991.
 
5. Sostuvo las peores dictaduras hasta el momento de su derrocamiento. Ejemplos: el apoyo emblemático a Suharto en Indonesia entre 1965 y 1998, a Marcos en Filipinas entre 1972 y 1986.
 
6. Saboteó activamente las experiencias democráticas y progresistas (desde Jacobo Arbenz en Guatemala, en la primera mitad de la década de 1950 hasta los sandinistas en Nicaragua en los años ochenta, pasando por Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973).
 
7. El Banco exige a los pueblos, víctimas de tiranos que financia, el reembolso de deudas odiosas que los dictadores habían contraído.
 
8. Así mismo, el Banco exigió a los países que accedían a la independencia, a finales de los años cincuenta y comienzo de los sesenta, que reembolsaran las deudas odiosas contraídas por las ex potencias coloniales para explotarlos.
 
9. El Banco sostuvo financieramente a algunos países (Sudáfrica y Portugal), a pesar de que las Naciones Unidas habían decretado hacer un boicot financiero internacional contra ellos.
 
10. El banco apoyó a un país que había anexado por la fuerza a otro (anexión de Timor Oriental por Indonesia en 1975).
 
11. En materia ambiental, prosigue el desarrollo de una política productivista desastrosa para los pueblos y funesta para la naturaleza. [7]
 
12. Entre los proyectos menos respetuosos con los derechos humanos directamente apoyados por el Banco, destaca el proyecto «transmigración» en Indonesia, en el que varios de sus componentes se pueden considerar crímenes contra la humanidad (destrucción del medio natural de las poblaciones indígenas, desplazamiento forzoso de poblaciones).
 
13. El Banco Mundial (en sintonía perfecta con el FMI) favoreció el surgimiento de factores que provocaron la crisis de la deuda que estalló en 1982. Resumiendo: a) el Banco Mundial empujó a los países a endeudarse en condiciones que llevaban al sobreendeudamiento; b) incitó, e incluso forzó, a los países a eliminar los controles sobre el movimiento de capitales y el cambio, acentuando así la volatilizad de los capitales y facilitando su fuga. Esto también proveyó de armas nefastas a los especuladores (a menos que se vuelva a un estricto control de los movimientos de capitales); c) empujo los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones en beneficio de un modelo basado en la promoción de las exportaciones. Este crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo al mercado mundial -cuya demanda se estancaba- provocó la caída de los precios y una degradación de las condiciones del intercambio.
 
14. Disimuló los peligros que, sin embargo, había detectado (sobreendeudamiento, crisis de pagos, transferencias negativas...).
 
15. Desde que estalló la crisis, el Banco Mundial favoreció, en forma sistemática, a los acreedores y debilitó a los deudores.
 
16. Con el FMI, recomendó o impuso políticas que hicieron pagar la factura de la crisis de la deuda a los pueblos, mientras favorecía a los más poderosos.
 
17. Con el FMI, continuó la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países y dentro de cada país.
 
18. Reforzó las grandes empresas privadas y debilitó a la vez los poderes públicos y los pequeños productores. Agravó la explotación de los asalariados e incrementó su precariedad, lo que afectó también a los pequeños productores.
 
19. Su retórica de lucha por la reducción de la pobreza esconde mal una política concreta que reproduce y refuerza las causas mismas de la pobreza.
 
20. La liberalización del flujo de capitales que favoreció sistemáticamente reforzó la evasión fiscal, la fuga de capitales, la corrupción.
 
21. La liberalización de los intercambios comerciales benefició a los fuertes y dejó de lado a los débiles. La mayor parte de los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo no tienen capacidad para resistir la competencia de los más grandes, ya sean del Norte o del Sur.
 
22. El Banco Mundial trabaja en estrecha colaboración con el FMI y la OMC para imponer una agenda radicalmente opuesta a la satisfacción de los derechos humanos fundamentales.
 
23. El banco sostiene que mantiene un diálogo permanente con la sociedad civil y con los pobres, sin embargo no se ha materializado ningún cambio positivo en su política. Se comprueba la repetición de simulacros de diálogo en los cuales el marco dominante es el macroeconómico promovido por el Banco que no se puede discutir.
 
24. Manipula a los grupos más vulnerables y desfavorecidos por sus políticas para darles a éstas un rostro humano y democrático, presentándolas como la elección conciente de esos grupos (mujeres, pobres de solemnidad).
 
25. Cuando las comisiones independientes, que el banco mismo designa, le hacen recomendaciones que cuestionan los intereses de sus principales accionistas, se niega a seguirlas (ver los informes sobre las industrias extractivas y las represas).
 
26. Siempre obtiene beneficios, incluso durante las peores crisis. El Banco se enriquece a costa de los países endeudados.
 
27. Mantiene a éstos en la marginalidad, aunque constituyan la mayoría de sus miembros, mientras privilegia a un puñado de países ricos.
 
28. Demostró una incapacidad total de autorreforma. La designación de Paul Wolfowitz, uno de los principales estrategas de la invasión criminal de Iraq, como presidente del Banco refuerza su curso nefasto.
 
29. En resumen, el Banco Mundial constituye un instrumento despótico en manos de una oligarquía internacional (un pequeño grupo de grandes potencias y sus sociedades transnacionales) que refuerza el sistema capitalista internacional destructor de la Humanidad y del medio ambiente.
 
30. Es urgente construir una nueva institución internacional democrática que favorezca una redistribución de las riquezas y que apoye los esfuerzos de los pueblos para conseguir un desarrollo socialmente justo, respetuoso de la naturaleza.
 
31. Es necesario romper drásticamente con el sistema capitalista, del cual el Banco Mundial es uno de sus pilares.
 
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Notas:
 
[1] Sección 3 del artículo VII: «Sólo podrá seguirse acción contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente, en los territorios de un miembro donde el Banco tuviere establecida una oficina, en que hubiere designado un apoderado con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demanda judicial, o donde hubiere emitido o garantizado títulos. Sin embargo, ninguna acción podrá ser seguida por miembros o personas que representen o que tuvieren reclamaciones contra miembros. Los bienes y activos del Banco, dondequiera se encontraren y en poder de quienquiera estuvieren, gozarán de inmunidad contra cualquiera forma de comiso, embargo o ejecución, mientras no se dicte sentencia definitiva en contra del Banco.»
 
[2] El primer préstamo se remonta a 1947.
 
[3] Según el informe de la Comisión Mundial de Represas, de 60 a 80 millones de personas fueron desplazadas como consecuencia de la construcción de estas represas faraónicas. En numerosos casos, los derechos de estas personas en términos de indemnizaciones y reinstalaciones no fueron respetados.
 
[4] Según el informe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en sus siglas en inglés) hecho público en diciembre de 2003, una gran parte de los proyectos financiados por el Banco Mundial tuvieron efectos negativos para las poblaciones y los países concernidos.
 
[5] En el artículo I de la Convención titulado «Definiciones y alcance», sección 1, los organismos especializados que son específicamente citados son los siguientes: la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de la Aviación Civil Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Postal Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
 
[6] Éric Toussaint, Las finanzas contra los pueblos. La bolsa o la vida, CLACSO, Buenos Aires, 2004, capítulo 16, «Ruanda: los acreedores del genocidio», pp. 300-305
 
[7] El punto 11, así como los 19, 22 y 24 serán desarrollados en Eric Toussaint, L'horreur productiviste, a publicarse en 2007.
 
Fuente: Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)
http://www.cadtm.org
 
1º DE OCTUBRE DE 2006 - COMCOSUR / MONTEVIDEO
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL
Armado: Andrés Capelán / Coordinación: Carlos Casares y Yessie Macchi
Un servicio de:
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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MONTEVIDEO  /  URUGUAY
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AYUDEMOS A CLARA A ENCONTRAR A VICTORIA

Victoria, la hermana de Clara Petrakos, nació en 1977 en la cárcel
Clandestina de la dictadura argentina conocida como El Pozo de
Banfield. Los represores la secuestraron y nadie sabe donde está
o cual es su nombre. Clara tiene la esperanza de que haciendo
circular su foto y la de sus padres, Victoria pueda reconocer el
parecido y averiguar sobre su pasado. Ayudemos a que estas
hermanas se reencuentren haciendo circular esta foto:
http://www.comcosur.com.uy/images/hermana.gif
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Enviado por
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