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MOVIMIENTO POR LA RECUPERACION DE LA ENERGIA NACIONAL
ORIENTADORA |
Boletín Nº 169 - Buenos Aires, 20 de septiembre
de 2006 |
Indice |
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EDITORIAL: |
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121 diputados completan la
entrega |
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PETROLEO: |
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Drástica caída de las reservas de hidrocarburos
en la Argentina |
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por Diego Mansilla |
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MINERÍA: |
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Estrategia para la exploración y minería
del Uranio en Argentina |
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por
Asociación de Profesionales de CNEA y la Actividad Nuclear
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PETRÓLEO: |
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La crisis del gasoil y el cajoneo del proyecto de
Ley de Biocombustibles |
|
por
Claudio Molina |
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EDITORIAL |
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121
diputados completan la entrega |
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El jueves pasado la
Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional legisló
nuevamente a favor de los grupos económicos.
Así como
el Congreso fue capaz de reparar otras culpas propias cuando
corrigió ?puntos finales?, ?banelcos? y ?obediencias debidas?
(Ley 23.492 de Punto final, Ley 23.521 de Obediencia debida,
Ley 25.250 o Ley Banelco), aún no ha demostrado capacidad para
remediar los grandes perjuicios que sufrió el pueblo argentino
con la privatización de los hidrocarburos, de Y.P.F. y de Gas
del Estado (Ley 23.696 de Emergencia administrativa, Ley
23.697 de Emergencia económica, Ley 24.065 de Electricidad,
Ley 24.076 de Diputados ?truchos?, Ley 24.145 de YPF).
La privatización del gas se hizo con graves y manifiestos
actos de corrupción que fueron comentados en la prensa
mundial, como el hecho de utilizar 5 diputados
truchos, sin que se aplicaran sanciones de ningún
tipo a los delincuentes activos y pasivos que actuaron en este
operativo de saqueo.
Ahora el
actual Poder Ejecutivo, tan comprometido con esas
privatizaciones, continúa con la política de los años noventa,
enviando dos proyectos de ley que son como una tenaza que
intenta anular el naciente y creciente repudio popular a la
política de entrega de nuestros yacimientos. El primero, que
fue aprobado por los diputados el jueves pasado, elimina el
riesgo empresario de las multinacionales del petróleo,
otorgándoles -mediante contratos de uniones transitorias de
empresas (UTE)- la exención de impuestos a las ganancias, a la
importación de capitales y otros, para su actividad de
exploración y explotación en el Mar Argentino y en las zonas
no exploradas ?y aun en las exploradas- del territorio
continental.
El
gobierno elogia los presuntos beneficios de esta ley diciendo
que el Estado argentino participará a través de Enarsa, pero
olvida informar que en esas UTE la presencia minoritaria de
Enarsa puede ser fácilmente burlada, porque está prevista la
posibilidad de que sus ocasionales funcionarios resuelvan la
renuncia expresa a participar en esas uniones transitorias. Y
por otra parte, este sistema también elimina la licitación
pública para el otorgamiento de permisos de exploración y
concesiones de explotación, con lo que abre un nuevo campo
potencial de fuerte corrupción, aún cuando el régimen pretende
ser de " libre competencia".
Con la
segunda ley, conocida como "ley corta", de modificación de la
vigente Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo amenaza
convertir el "dominio originario" que la Constitución del 94
entregó a las provincias hidrocarburíferas, en la instauración
del "dominio jurisdiccional o útil". Con esto, el Estado
Nacional le cedería a las provincias la potestad de otorgar
todas las concesiones, eliminado el poder vigente del Estado
nacional para efectuar (y controlar) las concesiones. En el
derecho público se entiende, por "dominio originario", que la
propiedad de los recursos del subsuelo le corresponde a las
provincias, pero para que puedan ejercer totalmente ese
derecho se debe legislar y reglamentar el "dominio
jurisdiccional o útil", que es el que permite ejercer el
derecho del uso energético del que ahora no disponen.
Muchas
voces se han levantado contra estos proyectos, pero el Poder
Ejecutivo y gran parte de los legisladores mantienen su
política de continuidad y perfeccionamiento menemista. No
obstante, de los 257 diputados de la Cámara sólo 121 votaron a
favor de la ley que completa la entrega de nuestros recursos
hidrocarburíferos. Estos se ganarán así el dudoso honor de
figurar en la historia futura entre quienes entregaron
nuestros recursos naturales. O, como dice el actual
funcionario Eduardo L. Duhalde en el prólogo del libro de
Carlos Lafforgue ( A quién No votar: lista de los
legisladores que votaron las leyes más oprobiosas, Bs.
Aires, 2003), "Esta suerte de "escrache
documental" alimentará la memoria colectiva y permitirá saber
quién es quién en la vida parlamentaria posterior a 1984.
Permitirá la imputación de responsabilidad a quienes fueron
parte en legislar contra la Nación y el pueblo, y también
excluir de un reproche generalizado y de la sospecha abstracta
a quienes no han tenido responsabilidad con el dictado de
estas leyes oprobiosas". |
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PETRÓLEO |
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Drástica caída de las reservas argentinas de
hidrocarburos en 2005* |
|
por Diego
Mansilla ** |
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Resumen:
la dramática caída de
las reservas de hidrocarburos declaradas a
fines del 2005 por las empresas, resalta la irracional
explotación que éstas hacen de nuestros recursos.
Además,? quién les cree?
La
Secretaría de Energía de la Nación dio a conocer los valores
de las reservas de petróleo y gas existentes en Argentina al
31 de diciembre de 2005. Según el informe, las reservas de
petróleo cayeron un 15% y las de gas natural un 16,7% respecto
del 2004. Esto genera que el horizonte de reservas
(que representa la cantidad de años de extracción que
permiten mantener las mismas) cayó a 8,1 años para el
petróleo y 8,7 años para el gas,
cuando en el 2004 el horizonte era de 9,1 y 10,2
respectivamente.
Esta caída
no fue mayor debido a que la extracción de hidrocarburos
disminuyó con respecto a 2004 (4,5% el petróleo y 1,8% el
gas). Estos datos, alarmantes de por sí, toman mayor
relevancia si se los compara con los niveles anteriores a la
desregulación de los hidrocarburos y a la privatización de
Y.P.F. Las reservas
hidrocarburíferas argentinas alcanzaban, en 1988, para
mantener por casi 14 años la extracción de petróleo, y 37 años
la de gas.
Analizando
la información por cuenca, se hace manifiesto que la caída de
reservas está explicada principalmente por la Cuenca Neuquina,
que genera el 50% de la disminución en petróleo y el 83% en
gas natural. En petróleo, la sigue la Cuenca del Golfo San
Jorge con el 33% de la caída, mientras que en el gas la Cuenca
Noroeste explica el 26% de la disminución. Mientras tanto, la
Cuenca G. San Jorge es la única que logró aumentar sus
reservas de gas (un 41%). Este aumento es explicado por la
contabilización de las reservas del yacimiento Piedra
Clavada (cedido en producción y gratuitamente por Y.P.F
en 1978) en manos de la empresa británica Pan American
Energy , anteriormente considerado sólo como petrolero.
A pesar de
que las reservas vienen cayendo desde el año 2000 (acumulando
una caída del 33% para el petróleo y del 43% para el gas)
llama la atención a simple vista la magnitud del descenso de
las reservas sufrido el año pasado. No sólo no se repuso ni un
solo metro cúbico extraído en el 2005 sino que, además,
?desaparecieron? reservas equivalentes al
40% de la extracción de petróleo y al 70% de la de gas. Por
tanto, este descenso de las reservas en el 2005 no se puede
explicar únicamente por la falta de inversiones.
Quien
explica esta extraordinaria caída en las reservas de
hidrocarburos en el 2005 es la empresa
Repsol, ya que ella sola generó
el 47% de la disminución de reservas de petróleo y el
61% de la de gas. Si le sumamos además la disminución
de las reservas de su empresa controlada, Pluspetrol,
Repsol generó el 83% de la caída de reserva de gas.
Esta disminución fue producto de la ?revisión a la
baja? que realizó la empresa en sus reservas
mundiales por la denuncia de Andrés Soliz Rada, ex ministro de
Hidrocarburos de Bolivia, y la presión de la SEC (comisión que
regula las acciones que cotizan en Estados Unidos). Según la
información eufemística de la propia empresa, el ajuste en
Argentina (donde se produjo el 41% de su ajuste mundial de
reservas) fue producto del ?mayor conocimiento de los
campos?.
En el caso
del petróleo la caída de reservas argentinas en el 2005 fue
casi general, siendo la mayor la del yacimiento
Chihuido de la Selva Negra de
Repsol con el 16% del total
nacional. Sin embargo, en el caso del gas natural esta
?revisión? de las reservas se concentró en algunos
yacimientos. En el yacimiento neuquino de Loma de
la Lata (el mayor del país y también de
Repsol) se produjo el 55% de
la caída total de reservas de gas . Para entender la
magnitud de este ajuste, en el año 2005 este yacimiento
disminuyó sus reservas en un volumen casi igual a la
extracción anual de gas. Le sigue en importancia el yacimiento
Ramos en Salta, que es operado desde
1980 por la empresa Pluspetrol
(propiedad de Repsol),
con el 22% de la declinación.
Llama la
atención que la revisión de las reservas se haga en
yacimientos ya explotados desde hace más de 25 años por
Y.P.F. gracias a la inversión de riesgo estatal (y
que están concesionados a Repsol desde 1997). Sin
embargo, parece que recién en el 2005 se ha calculado
correctamente el nivel de reservas, a pesar de las numerosas
declaraciones presentadas a la Secretaría de Energía, que nada
hizo, ni denunció penalmente dichas declaraciones, como
hicieron Bolivia y Estados Unidos con las declaraciones en el
país del altiplano.
El Estado
argentino está imposibilitado de controlar la veracidad de
estas cifras, pero esto no lo exime de actuar ante la grave
caída de las reservas de sus hidrocarburos concesionados,
provocada por las transnacionales del petróleo. Una de las
consecuencias de la desregulación de 1989 fue la
privatización, junto con los recursos naturales, de la
información. Actualmente, nuestras reservas
dependen de la bolsa de Nueva York, de las decisiones de las
empresas extranjeras y de su necesidad de lobby. Es
sospechoso el hecho de que se declaren los niveles más bajos
de reservas de los últimos 15 años en momentos en que se está
discutiendo en el Senado una ley (impulsada por el
oficialismo) que otorga grandes beneficios fiscales para las
petroleras.
CAIDA DE LAS RESERVAS ARGENTINAS,
2005/2004
|
PETROLEO (Mm3) |
GAS
(MMm3) |
TOTAL DEL PAÍS |
- 55.601 |
100% |
- 89.172 |
100% |
Cuenca Neuquina |
- 28.003 |
50% |
- 73.557 |
82% |
Cuenca Golfo San Jorge |
- 18.253 |
33% |
- 15.021 |
- 17% |
Cuenca del Noroeste |
- 1.957 |
4% |
- 23.184 |
26% |
Cuenca Cuyana |
- 2.617 |
5% |
- 70 |
0 |
Cuenca Austral |
- 4.771 |
9% |
- 7.382 |
8% |
CAIDA DE LAS RESERVAS POR EMPRESAS,
2005/2004
|
PETROLEO (Mm3) |
GAS
(MMm3) |
TOTAL DEL PAÍS 2005 |
- 55.601 |
100% |
- 89.172 |
100% |
YPF
SA (Repsol) |
- 26.058 |
47 % |
- 54.627 |
61% |
Total Austral SA |
- 1.460 |
3 % |
- 12.010 |
13% |
Petrobrás Energía SA |
- 11.737 |
21 % |
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Occidental Oil SA |
- 8.760 |
16 % |
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Chevron San Jorge SRL |
- 3.941 |
7 % |
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Tecpetrol SA |
- 2.062 |
4 % |
|
|
Pluspetrol Energy SA |
|
|
- 19.236 |
22% |
Pan American Energy |
|
|
12-604 |
- 14% |
Apache |
|
|
- 8.086 |
9% |
Resto |
- 478 |
1 % |
- 7.817 |
9% |
*Exclusivo
para InfoMORENO **Licenciado en Economía Política. Dto. de
Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y de
la Cátedra Arturo Jauretche de la FCE de la UBA.
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MINERÍA |
|
Estrategia para la exploración y minería del Uranio en
Argentina |
|
por
Asociación de Profesionales de CNEA y la Actividad Nuclear
|
|
Resumen:
en un encuentro
realizado en Córdoba los días 7 y 8
de septiembre, profesionales de la Asociación de
Profesionales de CNEA y la Actividad Nuclear , debatieron
sobre las políticas para la gestión del uranio en Argentina
Se reproduce un primer documento que enuncia los
lineamientos generales propuestos.
Las condiciones de escasez energética actual
imponen un aumento creciente de la participación nuclear. Los
recursos uraníferos conocidos de la Argentina serán limitados
para atender la demanda en el futuro próximo, a menos que se
incrementen las tareas de exploración y explotación a cargo de
la CNEA y se realicen cambios en la legislación vigente,
dándole a dichos recursos el carácter de estratégicos,
restringiendo sus posibilidades de
exportación.
La energía es un bien social y su libre disponibilidad
un derecho humano. El mundo actual se caracteriza por una
creciente demanda de recursos energéticos, reservas limitadas
de petróleo y gas y un escaso desarrollo de energías
complementarias. Las evidencias de un cambio climático
provocado por la emisión de gases de efecto invernadero,
producto del quemado de combustibles fósiles y el cumplimiento
de los acuerdos internacionales firmados en Kyoto, obligan a
cambiar la estrategia energética. En este contexto la
generación de energía nucleoeléctrica asoma como la solución
posible en las próximas décadas.
Inmersa en una crisis energética, Argentina no escapa a
esta realidad, viéndose necesitada en el corto y mediano plazo
de incrementar y diversificar sus recursos. En este marco,
nuestro país tiene la opción de acrecentar la participación
nucleoeléctrica en su matriz energética con la finalización de
la obra de la Central Atucha II, la prolongación de la vida
útil de la Central Embalse, el proyecto de construcción de una
cuarta central y la ejecución del Proyecto Carem.
Sin embargo estos proyectos plantean un importante
requerimiento de abastecimiento de materia prima uranífera.
Históricamente Argentina sostuvo la independencia de su
abastecimiento sustentando su programa nuclear (operación de
Atucha I y Embalse) mediante la exploración y explotación de
depósitos de uranio hallados en su territorio.
La exploración de uranio en Argentina se encuentra
enmarcada en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº
24.804/97, la cual dice en su Artículo 1º: ? En
materia nuclear, el Estado nacional fijará la política y
ejercerá la función de investigación y desarrollo, regulación
y fiscalización a través de la Comisión Nacional de Energía
Atómica?" y continúa ? Toda
actividad nuclear de índole productiva y de investigación y
desarrollo, que pueda ser organizada comercialmente, será
desarrollada tanto por el Estado nacional como por el sector
privado? . Posteriormente, dice en su Artículo
2º que ?la Comisión Nacional de Energía Atómica?
tendrá a su cargo: ??,
en el Inciso K: ?efectuar la prospección
de minerales de uso nuclear??.
De esta manera se sustenta legalmente una
política de Estado en la cual las tareas de
exploración y evaluación de minerales nucleares se convierten
así en responsabilidades indelegables y permanentes
de la CNEA. Indelegables, en cuanto
es responsabilidad final de la CNEA asegurar el
autoabastecimiento nacional de estas materias primas, aun
cuando existiere la participación de capital privado.
Permanentes, en cuanto estas actividades
forman parte de proyectos de largo plazo, los cuales no deben
ser discontinuados ni relegados por variaciones transitorias
del llamado ?mercado internacional del uranio?.
En función del conocimiento geológico del territorio,
se considera que el nuestro ?es un país con uranio, no un país
uranífero?. Esto significa que Argentina posee un potencial
limitado de este recurso, pudiendo esperarse el hallazgo
futuro de depósitos de tamaño comparativamente mediano a
pequeño.
Debe considerarse que las reservas de minerales de
uranio actualmente conocidas, no son suficientes para cubrir
las necesidades de los proyectos nucleares antes mencionados,
por lo que serán necesarios esfuerzos exploratorios
adicionales a fin de satisfacerlos.
Es sabido que desde el inicio de un programa de
prospección de minerales de uranio hasta el hallazgo de
prospectos de interés, y su evaluación positiva como
yacimientos con factibilidad de explotación, pueden
transcurrir entre 15 y 20 años. Debe decirse entonces que esta
actividad necesita de recursos humanos y económicos, en tiempo
y forma, a fin de obtener resultados positivos. Asimismo,
deberá considerarse la sustentabilidad ambiental de los
proyectos, previendo los recursos económicos requeridos por
las tareas de restitución y gestión de residuos de la minería.
En otro orden, el interés internacional por los
minerales de uranio ha provocado un sensible aumento de su
precio en el mercado. Por tal motivo, son numerosas las
empresas extranjeras que se han radicado en el país
solicitando permisos de exploración. Si bien sus resultados
aún no son previsibles, es posible que, de encontrar depósitos
económicamente explotables, tendrán interés en exportar los
recursos de uranio.
Atento a lo expuesto precedentemente, y para asegurar
el autoabastecimiento del combustible nuclear para nuestras
centrales, se hace necesario introducir modificaciones a la
legislación minera vigente, propendiendo a la consideración
del carácter estratégico del uranio en su condición de recurso
energético.
Córdoba, 8 de septiembre de 2006
Víctor Aldana, Juan Álvarez, Roberto Bianchi, Ricardo
Blasón, Damián Cardozo, Carlos Granero,
Carlos Ninci, Hugo Palamidessi, Juan C. Quer, Guillermo Rojas,
Julio
Salvarredi, Juan J. Zarco. |
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NOTAS
Y DOCUMENTOS |
|
La crisis del
gasoil y el cajoneo del proyecto de Ley de
Biocombustibles* |
|
por
Claudio Molina** |
|
Resumen:
más allá de la opinión
que amerite el uso de los
biocombustibles como fuente de energía alternativa, se
plantean aquí con claridad las dudas que genera el
tratamiento legislativo dado por el Senado a los proyectos
de ley.
Reflexionando sobre lo ocurrido con la negociación
legislativa del proyecto de ley de biocombustibles (luego
transformado en Ley 26.093, texto que desnaturalizó al
proyecto original del Senador Falcó y a los proyectos
antecesores del Senador Edgardo Gagliardi y Diputado Héctor
Romero), observo un caso testigo respecto de la FALTA de
MEMORIA.
Cualquier
analista neutral que hubiera profundizado en aquel momento
sobre los fundamentos del mercado de combustibles, hubiera
concluido en el año 2000 que el biodiesel representaba una
oportunidad para coadyuvar en la formación de la oferta de
gasoil en el mercado interno, la que a mediano y largo plazo,
no iba a poder acompañar al crecimiento de la demanda. Y del
mismo modo, aún con una visión estática, cortoplacista, ese
mismo analista hubiera relativizado el costo fiscal de la
implementación del plan, introduciendo en el respectivo
análisis a los efectos de la importación de gasoil.
En el año
2003, la Comisión de Presupuesto y Hacienda -presidida
entonces, como ahora, por el Diputado Carlos Snopek- cajoneó,
probablemente con el consenso del Secretario de Hacienda
Lic. Carlos Mosse y del Ministro Lavagna, el proyecto de ley
de biocombustibles del Diputado Héctor Romero. Si no lo
hubiera hecho, y al mismo tiempo hubiera intentado preservar
la estabilidad fiscal que el mismo proyecto proponía (incluida
también en el proyecto presentado a mediados de 2004 por
el Senador Luis Falco y otros cuarenta y nueve senadores, que
obtuvo la media sanción en la Cámara Alta, como así también en
un proyecto presentado por los Senadores Marcelo López Arias y
otros, con estado legislativo actual) seguramente hoy
tendríamos un importante complejo industrial productor de
biodiesel, para que el 1 de enero de 2007 se pudiera
implementar el corte obligatorio al 5%, atendiendo a una
demanda de más de 600.000 metros cúbicos anuales, todavía
menor a las importaciones de gasoil proyectadas actualmente.
De
continuar los problemas de abastecimiento de gasoil -a pesar
de los esfuerzos que realizan para revertirlos los
funcionarios del Ministerio de Infraestructura en general, y
de la Secretaría de Energía en particular- las pérdidas del
sector de la producción serán significativas. ¿Y quién lo
pagará?...Todos, no los que cajonearon el proyecto de ley de
biocombustibles.
Si
estuviéramos en Suecia, funcionarios como Snopek o Mosse, por
ejemplo, serían como mínimo interpelados para que fundamenten
sólidamente su participación y responsabilidad en esta demora
legislativa, o en el caso de Lavagna, la Justicia, de oficio
-previo inicio de expediente- debería citarlo a declarar en
carácter de testigo, para tratar de descubrir cuáles fueron
los verdaderos motivos que llevaron a tomar decisiones de este
tipo frente a un proyecto estratégico (y si realmente los
interpelados no fueron objeto de lobbies privados que
operaron en contra de la sanción de la ley
respectiva). En cambio, en Argentina, esto por lo general
no ocurre, y probablemente, actitudes de este tipo son
premiadas con cargos de mayor envergadura o con otras
condecoraciones...
En muchos
casos me he referido al mal asesoramiento que, según mi
opinión, en muchas oportunidades recibe el
Presidente de la Nación. Al igual que en el caso de la carne
-caso impresentable por cierto-, ese cajoneo del entonces
proyecto de ley, a la luz de los acontecimientos que hoy
vivimos, generó importantes perjuicios económicos para el
país.
Espero que
algún día recordemos mejor a Enrique Santos Discépolo y a
su "Siglo XX Cambalache", para darse cuenta que hay
que terminar con la "Vieja Política". Un
país sin memoria es un país que no aprende de sus errores
y, por lo tanto, compromete su futuro.
Estoy
seguro que Argentina podría despegar con una fuerza inusitada
si el Presidente de la Nación estuviera rodeado por un mayor
número de funcionarios que privilegien los grandes
intereses del país al aconsejarlo.
Todo esto
es muy triste. Nuestra economía requiere hacer más dinámica a
la variable Inversión y, para ello, hay que otorgar seguridad
jurídica. ¿Cuándo lo aprenderemos?
*Exclusivo
para InfoMORENO **Presidente de la Asociación Argentina de
Biocombustibles |
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|
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Queridos/as
lectores/as
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Estimados Lectores
Hace tres años venimos desarrollando esta
publicación con la expectativa de poner en el tapete
del debate político el problema de la soberanía
energética. Hoy creemos que de alguna manera lo hemos
logrado, convencidos de que el InfoMoreno es una
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consciencia de nuestro patrimonio energético y de la
lucha por su recuperación. Es por eso que hemos
decidido pedir a nuestros lectores una colaboración
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colaboración es voluntaria, y de no poder realizarla,
usted continuará recibiendo el boletín en forma
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