Venezuela: Qué hay detrás del plan Rosales

[Víctor Delgado <victordelgado17@hotmail.com>]

PRENSA ELECTRÓNICA.
N°653

Caracas, 30 de octubre de 2006.


Análisis:
VENEZUELA: QUÉ HAY DETRÁS DEL PLAN DE ROSALES
Manuel Rosales uno de los 17 candidatos que disputará el cargo a la primera 
magistratura de Venezuela el próximo 3 de diciembre, anunció este miércoles 
25 de octubre su programa de gobierno que denominó: ? La Propuesta del 
Cambio para una Nueva Democracia Social ? o Plan Rosales. El acto que 
emulaba el carmonazo del 12 de Abril de 2002 y contó con la amplia difusión 
de las empresas privadas de difusión masiva. ( Ver nota de prensa )

Del análisis de lo presentado como programa de gobierno de este candidato, 
destacan propuestas que desconocen la Constitución Nacional y los planes 
sociales asistencialistas, y lejos de apoyarse en el marco constitucional 
vigente, que consagra la participación y protagonismo del pueblo en los 
asuntos públicos, cuyas resoluciones más trascendentales cuentan con 
mecanismos de consulta refrendarios previstos en la propia la CRBV, el 
candidato tutelado de Washington se propone reinstalar el pacto de las 
élites, es decir, en una reedición del Pacto de Punto Fijo, el plan promueve 
acuerdos copulares entre los factores de poder económicos, agrupados 
alrededor de gremios como FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO, entre otros, que 
dominaron la escena política durante más de 40 años.

A estos gremios se añaden grupos y familias dueñas de algunos Medios de 
Comunicación. No puede ser más populista la anunciada repartición del erario 
nacional y de la Administración Pública , entre estos grupos, mediante 
cuotas de poder como se acostumbró durante al época en la que gobernó a 
Venezuela una camarilla dirigida por las transnacionales, dueños de medios y 
el gobierno de los EEUU.

Desconocimiento de la institucionalidad

Su propuesta de llamar a un ?Acuerdo Nacional? para elegir una nueva 
Asamblea Nacional, es un abierto llamado al desconocimiento a la 
institucionalidad democrática y del marco jurídico derivado de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Dicha elección 
sólo es posible mediante el voto universal, directo y secreto. La actual 
Asamblea fue elegida mediante ese mecanismo constitucional el pasado 4 de 
diciembre de 2005. La elección de este órgano del Poder Público a la que el 
oposicionismo no asistió, emanó de la soberanía popular que ? reside 
intransferiblemente en el pueblo ? ( Art. 5° CRBV )

Sólo el pueblo de Venezuela como depositario del poder constituyente 
originario podría eventualmente producir la transformación del Estado, la 
creación de un nuevo orden jurídico y redactar una nueva constitución ( Art. 
347° CRBV ), único medio posible para lograr elegir una nueva Asamblea 
Nacional. Toda iniciativa que conlleve a un cambio de tal naturaleza e 
incluso la reforma constitucional, estarán sometidos a la soberanía popular 
mediante el referéndum aprobatorio, no a un acuerdo de cúpulas.

Reducción del mandato presidencial

Otro de los elementos propuestos por el candidato Manuel Rosales en su plan, 
es la ? reducción del mandato presidencial a cuatro años ?. Como en el caso 
anterior, este planteamiento vulnera el orden constitucional, ya que una 
medida como esta exige la reforma constitucional del artículo 230° de la 
CRBV , el cual fija el período presidencial en seis años. Dicha reforma debe 
ser sometida también a referéndum popular.

Política Exterior

El candidato Rosales expuso en su dimensión internacional que intentará la 
inserción del país en los grandes esquemas de integración internacional, ? 
pero nada que dañe a nuestro país, que nos acerque al terrorismo o al eje 
del ma l?. Sus palabras evidencian subordinación a los dictados de los EEUU, 
país cuya Administración, encabezada por George Bush, acuñó la frase ? eje 
del mal ?, precisamente para referirse a Irán y Cuba, países con los cuales 
Venezuela mantiene relaciones soberanas, en acuerdo a un mundo multipolar y 
con respeto del derecho internacional. Disposiciones que Rosales -como buen 
discípulo de Washington- no duda en violentar cuando llama a desconocer 
acuerdos validamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de 
Venezuela con dichos países.

Por otra parte, de acuerdo al mandato constitucional, las relaciones 
internacionales de Venezuela deben responder a los fines del Estado, ser 
ejercidas soberanamente en función de los intereses del pueblo y regirse por 
los principios de independencia, igualdad, autodeterminación, solidaridad. 
El mismo mandato exige que dichos principios sean defendidos y mantenidos 
por la República ( Art. 152 CRBV )

Los señalamientos formulados sobre el ámbito internacional por Rosales en su 
plan de gobierno vulnera además el artículo 153° de la CRBV , que 
taxativamente señala: la promoción de la integración latinoamericana, la 
defensa de los intereses de la región y que los acuerdos que se suscriban 
promuevan el desarrollo común y garanticen el bienestar de los pueblos.

No cabe duda que Rosales y la política exterior que describe en su plan es 
completamente subordinada, cede por completo el ejercicio de la Soberanía 
Nacional , para someterse a la tutela de Washington y sus halcones.

División de poderes

En lo que parece una practica reiterada, desde que el ahora candidato 
oposicionista firmara el Acta de Pedro Carmona Estanga que disolvió todos 
los poderes públicos en el golpe de Estado del 12 de abril de 2002, el Sr. 
Rosales propone en su plan de gobierno liberar a los ?presos políticos?, 
afirmando ? vamos a abrir las puertas de las cárceles venezolanas ? (sic). 
Con esta afirmación nuevamente uno de los candidatos opositores se coloca al 
margen de la Ley, no sólo al desconocer que corresponde a los órganos del 
Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia, por lo 
demás el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. ( Art. 253° y 
254° CRBV ).

Al afirmar que piensa dejar libre a los políticos presos , se puede presumir 
que el candidato pensaría en conceder el indulto ( Art. 236°, Ord. 19° CRBV 
). No obstante, esta potestad del Presidente de la República, excluye los 
delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos ( Art. 
29 CRBV ). Precisamente, estos delitos conforman junto a otros, las causas 
por las que han sido imputados estos políticos presos, quienes no sólo 
participaron en el Golpe de Estado y el Sabotaje Petrolero, sino que la 
mayoría de ellos se encuentran prófugos o evadidos de la justicia, 
protegidos por el gobierno de los EEUU y que ahora pretenden tener en el 
candidato del imperio, garantía de impunidad.

Los programas sociales y el populismo manipulador

Una vez más, y como buen socialdemócrata (ADECO), este candidato ofrece la 
institucionalización de la compra de conciencia, mediante un mecanismo 
insostenible e inviable, dispuesto no para redistribuir la riqueza, sino 
para transferirla directamente a la Banca privada, la misma responsable del 
empobrecimiento de la clase media, cuando la expolió de sus bienes con los 
créditos indexados. El ofrecimiento de la tarjeta de débito llamada ?Mi 
Negra? dependería -según Rosales- del ingreso petrolero, ingreso que hoy es 
sostenido gracias a la política de precios del Gobierno Bolivariano, que 
recuperó los precios y fortaleció a la OPEP.

Si Rosales en evidente complacencia a Washington, se ve obligado a adoptar 
la política volumétrica o de aumento de la producción, imperante cuando 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) era manejada por un grupo de gerentes 
meritócratas al servicio de los intereses de las transnacionales y de los 
EEUU causaría un desplome vertiginoso de los precios del petróleo, 
reduciéndose los ingresos del país por este concepto, lo que hace inviable 
su propuesta populista.

Esta propuesta, a diferencia de las Misiones Sociales Bolivarianas, propugna 
valores como el individualismo propios del régimen capitalista. La tarjeta 
Mi Negra es una medida improductiva contraria a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, que establece entre otros valores, la 
solidaridad, el trabajo colectivo, el bien común, la dignidad humana y la 
justicia social, y, como medios para alcanzarlo, la educación y el trabajo 
ambos necesarios para alcanzar un desarrollo humano integral y provechoso 
para la colectividad.

El reparto de dinero sólo sirve para impulsar el consumismo. El uso de esta 
tarjeta ?no se trata de dinero en efectivo- para el consumo en 
establecimientos comerciales, favorece a Consecomercio, Fedecamaras y banca 
privada, quienes recibirían el dinero del Estado, es decir, de todas y todos 
los venezolanos. Su promesa de repartir uniformes, textos escolares 
gratuitamente, también se hace inviable si como es evidente aplica una 
política petrolera que beneficie a Washington y deje al país a merced de los 
intereses de las empresas transnacionales y no del pueblo. ( Propuesta de 
Rosales )

En conclusión, el programa de gobierno esbozado por el Sr. Manuel Rosales 
-uno de los candidatos de la oposición- analizado desde esta perspectiva no 
garantiza el cumplimiento de los valores, principios y objetivos acordados 
por la mayoría del pueblo venezolano cuando aprobó la Constitución. Su 
ofrecimiento de dinero a las clases populares para el consumo, mientras 
garantiza participación privilegiada al sector privado nacional y 
transnacional, pareciera buscar la ?estabilidad política? necesaria para que 
las élites de siempre recuperen los espacios de poder y apropien del dinero 
público perdidos en los últimos siete años del gobierno de Hugo Chávez 
Frías.

Sin embargo, en este plan no ha sido contemplado un factor de suma 
importancia, como lo es, la creciente toma de conciencia y dignidad del 
pueblo venezolano, ambas han sido demostradas reiteradamente en las 
diferentes consultas electorales a la que ha sido sometida la voluntad 
popular, y cuyos resultados demuestran la disposición del pueblo venezolano 
a continuar con su aspiración de consolidar los cambios profundos iniciados.



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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Centro Nacional de Tecnologías de Información

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Gobierno Bolivariano

PRENSA ELECTRÓNICA.

N°653

Caracas, 30 de octubre de 2006.

Análisis:

VENEZUELA: QUÉ HAY DETRÁS DEL PLAN DE ROSALES

Manuel Rosales uno de los 17 candidatos que disputará el cargo a la primera magistratura de Venezuela el próximo 3 de diciembre, anunció este miércoles 25 de octubre su programa de gobierno que denominó: ? La Propuesta del Cambio para una Nueva Democracia Social ? o Plan Rosales. El acto que emulaba el carmonazo del 12 de Abril de 2002 y contó con la amplia difusión de las empresas privadas de difusión masiva. ( Ver nota de prensa )

Del análisis de lo presentado como programa de gobierno de este candidato, destacan propuestas que desconocen la Constitución Nacional y los planes sociales asistencialistas, y lejos de apoyarse en el marco constitucional vigente, que consagra la participación y protagonismo del pueblo en los asuntos públicos, cuyas resoluciones más trascendentales cuentan con mecanismos de consulta refrendarios previstos en la propia la CRBV, el candidato tutelado de Washington se propone reinstalar el pacto de las élites, es decir, en una reedición del Pacto de Punto Fijo, el plan promueve acuerdos copulares entre los factores de poder económicos, agrupados alrededor de gremios como FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO, entre otros, que dominaron la escena política durante más de 40 años.

A estos gremios se añaden grupos y familias dueñas de algunos Medios de Comunicación. No puede ser más populista la anunciada repartición del erario nacional y de la Administración Pública , entre estos grupos, mediante cuotas de poder como se acostumbró durante al época en la que gobernó a Venezuela una camarilla dirigida por las transnacionales, dueños de medios y el gobierno de los EEUU.

Desconocimiento de la institucionalidad 

Su propuesta de llamar a un ?Acuerdo Nacional? para elegir una nueva Asamblea Nacional, es un abierto llamado al desconocimiento a la institucionalidad democrática y del marco jurídico derivado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Dicha elección sólo es posible mediante el voto universal, directo y secreto. La actual Asamblea fue elegida mediante ese mecanismo constitucional el pasado 4 de diciembre de 2005. La elección de este órgano del Poder Público a la que el oposicionismo no asistió, emanó de la soberanía popular que ? reside intransferiblemente en el pueblo ? ( Art. 5° CRBV )

Sólo el pueblo de Venezuela como depositario del poder constituyente originario podría eventualmente producir la transformación del Estado, la creación de un nuevo orden jurídico y redactar una nueva constitución ( Art. 347° CRBV ), único medio posible para lograr elegir una nueva Asamblea Nacional. Toda iniciativa que conlleve a un cambio de tal naturaleza e incluso la reforma constitucional, estarán sometidos a la soberanía popular mediante el referéndum aprobatorio, no a un acuerdo de cúpulas.

Reducción del mandato presidencial 

Otro de los elementos propuestos por el candidato Manuel Rosales en su plan, es la ? reducción del mandato presidencial a cuatro años ?. Como en el caso anterior, este planteamiento vulnera el orden constitucional, ya que una medida como esta exige la reforma constitucional del artículo 230° de la CRBV , el cual fija el período presidencial en seis años. Dicha reforma debe ser sometida también a referéndum popular.

Política Exterior 

El candidato Rosales expuso en su dimensión internacional que intentará la inserción del país en los grandes esquemas de integración internacional, ? pero nada que dañe a nuestro país, que nos acerque al terrorismo o al eje del ma l?. Sus palabras evidencian subordinación a los dictados de los EEUU, país cuya Administración, encabezada por George Bush, acuñó la frase ? eje del mal ?, precisamente para referirse a Irán y Cuba, países con los cuales Venezuela mantiene relaciones soberanas, en acuerdo a un mundo multipolar y con respeto del derecho internacional. Disposiciones que Rosales -como buen discípulo de Washington- no duda en violentar cuando llama a desconocer acuerdos validamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela con dichos países.

Por otra parte, de acuerdo al mandato constitucional, las relaciones internacionales de Venezuela deben responder a los fines del Estado, ser ejercidas soberanamente en función de los intereses del pueblo y regirse por los principios de independencia, igualdad, autodeterminación, solidaridad. El mismo mandato exige que dichos principios sean defendidos y mantenidos por la República ( Art. 152 CRBV )

Los señalamientos formulados sobre el ámbito internacional por Rosales en su plan de gobierno vulnera además el artículo 153° de la CRBV , que taxativamente señala: la promoción de la integración latinoamericana, la defensa de los intereses de la región y que los acuerdos que se suscriban promuevan el desarrollo común y garanticen el bienestar de los pueblos.

No cabe duda que Rosales y la política exterior que describe en su plan es completamente subordinada, cede por completo el ejercicio de la Soberanía Nacional , para someterse a la tutela de Washington y sus halcones.

División de poderes

En lo que parece una practica reiterada, desde que el ahora candidato oposicionista firmara el Acta de Pedro Carmona Estanga que disolvió todos los poderes públicos en el golpe de Estado del 12 de abril de 2002, el Sr. Rosales propone en su plan de gobierno liberar a los ?presos políticos?, afirmando ? vamos a abrir las puertas de las cárceles venezolanas ? (sic). Con esta afirmación nuevamente uno de los candidatos opositores se coloca al margen de la Ley, no sólo al desconocer que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia, por lo demás el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. ( Art. 253° y 254° CRBV ).

Al afirmar que piensa dejar libre a los políticos presos , se puede presumir que el candidato pensaría en conceder el indulto ( Art. 236°, Ord. 19° CRBV ). No obstante, esta potestad del Presidente de la República, excluye los delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos ( Art. 29 CRBV ). Precisamente, estos delitos conforman junto a otros, las causas por las que han sido imputados estos políticos presos, quienes no sólo participaron en el Golpe de Estado y el Sabotaje Petrolero, sino que la mayoría de ellos se encuentran prófugos o evadidos de la justicia, protegidos por el gobierno de los EEUU y que ahora pretenden tener en el candidato del imperio, garantía de impunidad.

Los programas sociales y el populismo manipulador

Una vez más, y como buen socialdemócrata (ADECO), este candidato ofrece la institucionalización de la compra de conciencia, mediante un mecanismo insostenible e inviable, dispuesto no para redistribuir la riqueza, sino para transferirla directamente a la Banca privada, la misma responsable del empobrecimiento de la clase media, cuando la expolió de sus bienes con los créditos indexados. El ofrecimiento de la tarjeta de débito llamada ?Mi Negra? dependería -según Rosales- del ingreso petrolero, ingreso que hoy es sostenido gracias a la política de precios del Gobierno Bolivariano, que recuperó los precios y fortaleció a la OPEP.

Si Rosales en evidente complacencia a Washington, se ve obligado a adoptar la política volumétrica o de aumento de la producción, imperante cuando Petróleos de Venezuela (PDVSA) era manejada por un grupo de gerentes meritócratas al servicio de los intereses de las transnacionales y de los EEUU causaría un desplome vertiginoso de los precios del petróleo, reduciéndose los ingresos del país por este concepto, lo que hace inviable su propuesta populista.

Esta propuesta, a diferencia de las Misiones Sociales Bolivarianas, propugna valores como el individualismo propios del régimen capitalista. La tarjeta Mi Negra es una medida improductiva contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece entre otros valores, la solidaridad, el trabajo colectivo, el bien común, la dignidad humana y la justicia social, y, como medios para alcanzarlo, la educación y el trabajo ambos necesarios para alcanzar un desarrollo humano integral y provechoso para la colectividad.

El reparto de dinero sólo sirve para impulsar el consumismo. El uso de esta tarjeta ?no se trata de dinero en efectivo- para el consumo en establecimientos comerciales, favorece a Consecomercio, Fedecamaras y banca privada, quienes recibirían el dinero del Estado, es decir, de todas y todos los venezolanos. Su promesa de repartir uniformes, textos escolares gratuitamente, también se hace inviable si como es evidente aplica una política petrolera que beneficie a Washington y deje al país a merced de los intereses de las empresas transnacionales y no del pueblo. ( Propuesta de Rosales )

En conclusión, el programa de gobierno esbozado por el Sr. Manuel Rosales -uno de los candidatos de la oposición- analizado desde esta perspectiva no garantiza el cumplimiento de los valores, principios y objetivos acordados por la mayoría del pueblo venezolano cuando aprobó la Constitución. Su ofrecimiento de dinero a las clases populares para el consumo, mientras garantiza participación privilegiada al sector privado nacional y transnacional, pareciera buscar la ?estabilidad política? necesaria para que las élites de siempre recuperen los espacios de poder y apropien del dinero público perdidos en los últimos siete años del gobierno de Hugo Chávez Frías.

Sin embargo, en este plan no ha sido contemplado un factor de suma importancia, como lo es, la creciente toma de conciencia y dignidad del pueblo venezolano, ambas han sido demostradas reiteradamente en las diferentes consultas electorales a la que ha sido sometida la voluntad popular, y cuyos resultados demuestran la disposición del pueblo venezolano a continuar con su aspiración de consolidar los cambios profundos iniciados.

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