Cuando en Ecuador este 15 de octubre se dilucida quien
será el nuevo presidente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a
entrometerse en los asuntos internos del país con amenazas y recetas dirigidas
al candidato que resulte electo en los comicios.
El FMI, por medio de un documento privado, propuso a las
autoridades ecuatorianas que acumulen “reservas para hacer frente no solo a
fluctuaciones en los ingresos petroleros y desastres naturales, sino también a
gastos contingentes como un posible fallo en contra en la disputa con Oxy”.
Tras Ecuador anular el pasado 16 de marzo, el contrato con la
Oxy para la explotación del Bloque 15 con 100 000 barriles de petróleo diario,
la compañía estadounidense anunció una demanda millonaria contra el país y
presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional para el
Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI).
La transnacional fue sancionada porque violó el convenio, al
transferir el 40% de sus acciones a la canadiense Encana, sin comunicarlo al
Estado.
En respuesta a las amenazas del Fondo, el actual gobierno
aclaró que el CIADI no es un tribunal competente para llevar adelante el
proceso, y aclaró que cualquier solución se dirima en Quito.
El canciller ecuatoriano, Francisco Carrión, señaló que “no
van a ser ellos (el FMI y el Banco Mundial) los que dicten las políticas
convenientes para los ecuatorianos sino el gobierno...Ecuador actuará en función
de sus intereses y no de recomendaciones de organismos internacionales”.
Por su parte, el ministro de Economía, Alfredo Rodas dijo que
el país no tiene intención de acumular dinero ante un posible fallo desfavorable
en el CIADI. “Será que el FMI no ha visto la historia de los últimos 30 años;
adónde ha ido la plata del petróleo”, se preguntó el ministro e insistió en que
ahora su país pretende que por fin esos recursos sean bien utilizados.
La intencionalidad del Fondo hacia el resultado de las
próximas elecciones no se ha hecho esperar debido a que el candidato de
izquierda, Rafael Correa cuenta en las encuestas con mayoría ante los otros
candidatos: León Roldós, socialdemócrata, y los derechistas Cynthia Viteri y
Alvaro Noboa.
Correa manifestó en un reciente foro televisivo con sus
contrincantes, que mantendrá la dolarización impuesta en el país en 2000 porque
es más difícil salirse de ella que quedarse; y puntualizó que no “hay que pedir
autorización a nadie para buscar el acercamiento con un país hermano como
Venezuela y lo buscaremos con todos los países de América Latina...somos
representantes de esa corriente que arrasa en la región”.
También ha declarado que no descarta una moratoria en el pago
de la deuda externa de su país y anticipó que, de ganar los comicios, no firmará
un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para el FMI, el BM y el gobierno de Estados Unidos esas son
palabras mayores y tratarán de hallar una forma para que Correa no llegue al
poder como ha ocurrido en otros países de la región.
Ya resulta habitual que el FMI envíe urgentes fórmulas hacia
Quito. En febrero de 2005 cuando las calles temblaban ante la avalancha popular
que exigía la renuncia del entonces presidente Lucio Gutiérrez, el director
general del Fondo, Rodrigo Rato llegó a esa ciudad para exigir la aplicación de
varias medidas.
Rato indicó que la solución era profundizar las reformas
estructurales en el sector público, la reducción del gasto social, la
eliminación de los subsidios y la apertura de los sectores petrolero y
energético al capital privado, es decir, más sobre lo mismo.
En los últimos tiempos, con la implantación de medidas de
corte neoliberales, Ecuador ha vivido etapas de grandes crisis
Tres presidentes han sido derrocados: Abdalá Bucaram duró
solo seis meses al ser depuesto el 7 de febrero de 1997 y lo reemplazo Fabián
Alarcón, hasta entonces presidente del Congreso. Jamil Mahuad fue destituido el
21 de enero del 2000 y ascendió el vicepresidente Gustavo Noboa. El coronel
Lucio Gutiérrez también resultó removido el 20 de abril del 2005, tras
manifestaciones populares y lo reemplazó el vicepresidente Alfredo Palacio,
actual mandatario.
El pueblo de Ecuador clasifica como uno de los más necesitados de
América Latina. Seis años después de imponerse la dolarización y desaparecer su
moneda (el sucre), bajó la inflación pero no se reactivó la economía.
Los contratos firmados con las grandes transnacionales
facilitan que esas compañías se queden con casi el 75% de los beneficios
mientras al estado solo se le asigna el resto. Además, están exoneradas del pago
del impuesto a la renta, lo que es igual a saquear los recursos del país con
autorización de las autoridades nacionales.
Exportar petróleo, bananas, camarones, café y cacao no
representan mejorías para sus 12 millones 500 000 habitantes, pues el 70% de la
población está por debajo del índice de pobreza.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
señaló en un informe que el crecimiento de la pobreza en Ecuador se encuentra
directamente relacionado con el aumento de la desigualdad en la distribución del
ingreso pues el 20% de la población ecuatoriana más pudiente, absorbe el 60% de
las entradas.
El 25% de las personas más desposeídas solo recibe alrededor
del 4% del Producto Interno Bruto, mientras a los servicios de salud solo tiene
acceso la mitad de la población. El 60% de los ecuatorianos carece de drenaje en
sus viviendas y el 45% no dispone de agua potable.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
informó que en Ecuador el gasto de salud por habitante en un año se ubica en 20
dólares, uno de los más bajos del continente.
Ante estas calamidades reales y si no existen los ya
usuales fraudes electorales, los ecuatorianos se encaminan a las urnas este 15
de octubre (o el 26 de noviembre si hay segunda vuelta) para tratar de romper
con el ya largo y tortuoso camino neoliberal.